MURCIA.- El exinterventor general del Gobierno de Murcia Eduardo Garro ha dicho este martes al declarar como testigo en la pieza separada del caso de la desalinizadora de Escombreras que nunca se le pidió un informe sobre el proyecto pese a que suponía un gasto de 600 millones de euros.
Al contestar a las preguntas del letrado de la acción
popular, el abogado murciano Diego de Ramón, ha añadido que no se reunió
con políticos o responsables de la planta para hablar sobre asuntos
relacionados con ella.
También ha señalado que llegó un momento en el que por su situación económica la mercantil Desaladora de Escombreras, promotora de la planta creada con capital privado, que se había constituido como sociedad anónima debía haber sido disuelta por exigirlo así la ley que le era aplicable una vez que fue comprada con fondos públicos autonómicos, para lo que, según Garro, el Ejecutivo regional no hizo auditoría antes de decidirlo.
Preguntado sobre si era necesario un informe de intervención antes de que el Gobierno murciano asumiera el gasto de 22 millones de euros anuales pagaderos a la empresa constructora, del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, ha contestado que no, ya que ese tipo de informes se emiten después.
Según De Ramón, ha comentado que la cláusula penal que exigía al Gobierno pagar por el agua de la desalinizadora aunque no se consumiera resultaba muy gravosa.
En esta ronda de declaraciones ha intervenido también este martes en la misma condición de testigo Cirilo García, que fue jefe de distribución del Ente Público del Agua (EPA), órgano creado por el Ejecutivo murciano con el fin de conseguir el agua que resolviera la falta de recursos hídricos de la región.
Según la fiscalía, el objetivo era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por su escasez estructural en la cuenca.
El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.
García ha indicado que tuvo conocimiento de los convenios firmados por el EPA con esos 26 ayuntamientos y que muchos de esos municipios no disponían de la infraestructura necesaria para que el agua de la planta llegase a sus territorios.
Ha manifestado que siempre se entendió que la explotación de la desalinizadora sería sin coste para el erario público autonómico, ya que al final los gastos recaerían sobre el usuario final.
También ha señalado que llegó un momento en el que por su situación económica la mercantil Desaladora de Escombreras, promotora de la planta creada con capital privado, que se había constituido como sociedad anónima debía haber sido disuelta por exigirlo así la ley que le era aplicable una vez que fue comprada con fondos públicos autonómicos, para lo que, según Garro, el Ejecutivo regional no hizo auditoría antes de decidirlo.
Preguntado sobre si era necesario un informe de intervención antes de que el Gobierno murciano asumiera el gasto de 22 millones de euros anuales pagaderos a la empresa constructora, del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, ha contestado que no, ya que ese tipo de informes se emiten después.
Según De Ramón, ha comentado que la cláusula penal que exigía al Gobierno pagar por el agua de la desalinizadora aunque no se consumiera resultaba muy gravosa.
En esta ronda de declaraciones ha intervenido también este martes en la misma condición de testigo Cirilo García, que fue jefe de distribución del Ente Público del Agua (EPA), órgano creado por el Ejecutivo murciano con el fin de conseguir el agua que resolviera la falta de recursos hídricos de la región.
Según la fiscalía, el objetivo era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por su escasez estructural en la cuenca.
El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.
García ha indicado que tuvo conocimiento de los convenios firmados por el EPA con esos 26 ayuntamientos y que muchos de esos municipios no disponían de la infraestructura necesaria para que el agua de la planta llegase a sus territorios.
Ha manifestado que siempre se entendió que la explotación de la desalinizadora sería sin coste para el erario público autonómico, ya que al final los gastos recaerían sobre el usuario final.
Resumen forense del testimonio de Garro
Contesta que nunca se le pidió ningún informe sobre el tramado de la Desaladora de Escombreras.
Que nunca se entrevisto con ningún político o funcionario de la Planta de la Desaladora, pese a la importancia de este asunto de constituir un crédito contra la Hacienda Pública Regional de 100.000 mil millones de pesetas o 600 millones de euros.
Que observó que el capital social de la mercantil Desaladora de Escombreras, se encontraba 2/3 por debajo del capital social de la misma.
Y que según la Ley Mercantil, tenía que disolverse y no se hizo.
Que no se hizo ninguna Auditoria previa al comprar las acciones de la Desaladora por parte de la Comunidad Autónoma.
Que nunca ha conocido ninguna operación de comprar sociedades o entidades de capital privado por parte de la Comunidad Autonoma de Murcia, siendo esta la primera.
No tenia que intervenir la Intervención General, porque no había gasto de a Desaladora de Escombreras, ya que la propuesta en el gasto, era de la Consejería de Agricultura.
Sobre el gasto de 22 millones de euros o de 70.000 euros diarios, no tenia que informar previamente, solo al final, para saber si se había cumplido ese gasto.
La clausula penal, fue lo que colmo el vaso, es decir, se comprara agua o no, había que seguir abonando durante veinticinco años el pago de los casi 600 millones de euros, y le dio traslado al Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable.
Que nunca se entrevisto con ningún político o funcionario de la Planta de la Desaladora, pese a la importancia de este asunto de constituir un crédito contra la Hacienda Pública Regional de 100.000 mil millones de pesetas o 600 millones de euros.
Que observó que el capital social de la mercantil Desaladora de Escombreras, se encontraba 2/3 por debajo del capital social de la misma.
Y que según la Ley Mercantil, tenía que disolverse y no se hizo.
Que no se hizo ninguna Auditoria previa al comprar las acciones de la Desaladora por parte de la Comunidad Autónoma.
Que nunca ha conocido ninguna operación de comprar sociedades o entidades de capital privado por parte de la Comunidad Autonoma de Murcia, siendo esta la primera.
No tenia que intervenir la Intervención General, porque no había gasto de a Desaladora de Escombreras, ya que la propuesta en el gasto, era de la Consejería de Agricultura.
Sobre el gasto de 22 millones de euros o de 70.000 euros diarios, no tenia que informar previamente, solo al final, para saber si se había cumplido ese gasto.
La clausula penal, fue lo que colmo el vaso, es decir, se comprara agua o no, había que seguir abonando durante veinticinco años el pago de los casi 600 millones de euros, y le dio traslado al Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable.
Sobre la pregunta porque, si se habían presentado las Auditorias de cuentas, de los años 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, se espero hasta el informe que realizo la Intervención General el dia 18 de mayo del año 2015, cuando ya, se sabía del Informe del Tribunal de Cuentas del año 2010, (cuando este Letrado lo puso en conocimiento de la Fiscalía Penal)
no da respuestas algunas, no entiende la pregunta.
En las auditorias de los años 2012 y 2013, concluyen que las cuentas no expresan la imagen fiel o real del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad. (Desaladora de Escombreras, S.A.).
Y que tampoco estas auditorías de cuentas, no especifican los motivos que han llevado a esta situación” a la planta, “ni se incluyen información suficiente acerca de la capacidad de la sociedad para continuar su funcionamiento.”
Resumen forense del testimonio de Cirilo García
Entró a trabajar en el EPA, en agosto del año 2006.
Que tuvo conocimiento de los Convenios celebrados del EPA, con los 26 Ayuntamientos de la Región de Murcia.
Que en principio observó que no existía ninguna infraestructura hídrica para poder llevar el agua a los Ayuntamientos demandantes. (tan solo a los Ayuntamientos de Torre Pacheco, Cartagena San Javier y Murcia)
Que a preguntas de la acción popular, manifiesta que no tenía capacidad de producción la Planta de la Desaladora de Escombreras, para atender las demandas de agua, que podía pedir los Ayuntamientos para los desarrollos urbanísticos de sus municipios, por ejemplo a Lorca, Puerto Lumbreras, Cieza, etc).
Que a preguntas del letrado De Ramón, la toma de agua, se hacía en un principio del emisor de ENAGAS, pero después se hizo a través de un cajón submarino en la misma dársena de agua de Escombreras, cuando se tenía que hacer fuera del puerto, quedándose la salmuera dentro.(la sal).
A preguntas, el contrato de arrendamiento era elevadísimo de la Desaladora de Escombreras a Hydromanagent, s.l. pero la interpretación del EPA,, que el coste era “O”, porque al final dichos gastos, repercutirían sobre el usuario final.
A preguntas, de este letrado, era que como al final no se siguió el cumplimiento de los Convenios, se fijo el cubrir el diferencial del agua de los agricultores con los 70.000 euros diarios (según Valcárcel insignificante para los presupuestos de la Comunidad) 22 millones de euros, de subvención, al considerar que el agua era de interés publico. (Esto lo dijo Valcárcel)
Y respondiendo al citado letrado que solo se benefician de los costes de esta subvenciones de abaratar el agua, los del campo de Cartagena, pero no así los agricultores del Guadalentín o el Noroeste.
Sobre la pregunta que hace De Ramón, de si el coste de la planta se podía fijar, contesta don Cirilo, que podía costar unos 65 millones de euros, y se le contesta como el Sr. Valcárcel, quería negociar con Florentino Pérez, la compra (que según la Comunidad Autónoma podía costar 111 millones de euros, y Valcárcel se podía comprar hasta llegar a la suma de 140 y 150 millones de euros, ¿Dónde estaba pues el coste 0?).
no da respuestas algunas, no entiende la pregunta.
En las auditorias de los años 2012 y 2013, concluyen que las cuentas no expresan la imagen fiel o real del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad. (Desaladora de Escombreras, S.A.).
Y que tampoco estas auditorías de cuentas, no especifican los motivos que han llevado a esta situación” a la planta, “ni se incluyen información suficiente acerca de la capacidad de la sociedad para continuar su funcionamiento.”
Resumen forense del testimonio de Cirilo García
Entró a trabajar en el EPA, en agosto del año 2006.
Que tuvo conocimiento de los Convenios celebrados del EPA, con los 26 Ayuntamientos de la Región de Murcia.
Que en principio observó que no existía ninguna infraestructura hídrica para poder llevar el agua a los Ayuntamientos demandantes. (tan solo a los Ayuntamientos de Torre Pacheco, Cartagena San Javier y Murcia)
Que a preguntas de la acción popular, manifiesta que no tenía capacidad de producción la Planta de la Desaladora de Escombreras, para atender las demandas de agua, que podía pedir los Ayuntamientos para los desarrollos urbanísticos de sus municipios, por ejemplo a Lorca, Puerto Lumbreras, Cieza, etc).
Que a preguntas del letrado De Ramón, la toma de agua, se hacía en un principio del emisor de ENAGAS, pero después se hizo a través de un cajón submarino en la misma dársena de agua de Escombreras, cuando se tenía que hacer fuera del puerto, quedándose la salmuera dentro.(la sal).
A preguntas, el contrato de arrendamiento era elevadísimo de la Desaladora de Escombreras a Hydromanagent, s.l. pero la interpretación del EPA,, que el coste era “O”, porque al final dichos gastos, repercutirían sobre el usuario final.
A preguntas, de este letrado, era que como al final no se siguió el cumplimiento de los Convenios, se fijo el cubrir el diferencial del agua de los agricultores con los 70.000 euros diarios (según Valcárcel insignificante para los presupuestos de la Comunidad) 22 millones de euros, de subvención, al considerar que el agua era de interés publico. (Esto lo dijo Valcárcel)
Y respondiendo al citado letrado que solo se benefician de los costes de esta subvenciones de abaratar el agua, los del campo de Cartagena, pero no así los agricultores del Guadalentín o el Noroeste.
Sobre la pregunta que hace De Ramón, de si el coste de la planta se podía fijar, contesta don Cirilo, que podía costar unos 65 millones de euros, y se le contesta como el Sr. Valcárcel, quería negociar con Florentino Pérez, la compra (que según la Comunidad Autónoma podía costar 111 millones de euros, y Valcárcel se podía comprar hasta llegar a la suma de 140 y 150 millones de euros, ¿Dónde estaba pues el coste 0?).
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