MADRID.- El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma procesal para mejorar
la eficiencia de los juzgados y su adaptación al mundo digital y avanza
en el plan de choque de medidas organizativas, tecnológicas y normativas
con el que confía evitar el colapso de esos órganos cuando concluya el
estado de alarma.
El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado sus
proyectos este viernes a los máximos representantes de los consejos
generales de la abogacía, los procuradores y los graduados sociales, a
quienes busca implicar en las reformas junto al Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y las comunidades
autónomas con competencias.
Las medidas en estudio, apunta Justicia en un comunicado sin ofrecer
detalles, buscan reactivar el sector tras el fin de las medidas de
confinamiento, conscientes todos los operadores de que se registrará un
importante incremento de casos por despidos, ERTE, concursos, impagos,
desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por el
confinamiento.
El Gobierno, de acuerdo con los decretos ya aprobados, tiene que
tener listo el plan en un plazo de quince días tras el fin del
confinamiento.
El objetivo es centrarse en los ámbitos social,
contencioso-administrativo y mercantil, los órdenes jurisdiccionales que
se van a ver más afectados por el parón de la actividad. “La Justicia
ha de formar parte de la reactivación de la economía”, ha subrayado
Campo.
Este plan, apuntan fuentes del Ministerio, buscará “dotar de
músculo” a los juzgados mas castigados para asumir la carga que se
avecina, con medidas organizativas como refuerzos o prolongaciones de
jornada.
El Ministerio, añaden las fuentes, ultima además un real decreto
urgente con las iniciativas que no pueden esperar y que deberán
aplicarse al levantarse el estado de alarma. Se plantea en ese marco,
por ejemplo, la posibilidad de habilitar el mes de agosto, cómo computar
los plazos procesales suspendidos o la tramitación preferente de
determinados asuntos.
En paralelo al plan de choque y al decreto se trabaja en la reforma
procesal, con el objetivo de presentar un anteproyecto antes del verano y
que sea “ampliamente consensuada con el conjunto del sector”.
El Ministerio baraja incluir en él diversas reformas para agilizar la
Justicia, como la posibilidad de que los jueces dicten sentencias
orales en determinadas circunstancias o de recibir notificaciones a
través del móvil y cambios en el orden social o laboral para una
tramitación más rápida de los procedimientos, apuntan las fuentes
consultadas.
Campo se ha reunido ya con las asociaciones de jueces y ayer avanzó
que la próxima semana se citará con las de fiscales -la Unión
Progresista de Fiscales ha mostrado este viernes su ” más absoluta
indignación” por no haber sido escuchados- y de letrados de la
Administración de Justicia.
Los proyectos, insisten desde el Ministerio, no son fruto de la
improvisación. Muchas de las medidas fueron ya avanzadas por Campo al
presentar el plan Justicia 2030 al inicio de la legislatura, pero el
coronavirus obliga a adaptar las prioridades.
El CGPJ, por su parte, ha adelantado sus propuestas para el momento
en el que se reactive la actividad en los juzgados y varias coinciden
con las que baraja el Ministerio.
El órgano de gobierno de los jueces ha planteado, por ejemplo,
habilitar el mes de agosto, permitir dictar sentencias orales, o
desincentivar los pleitos “sin fundamento” mediante el pago de las
costas o la imposición de una multa en el orden civil.
Ha puesto también sobre la mesa la necesidad de reforzar los órganos
sobrecargados mediante el establecimiento de normas de reparto y
especialización de los Juzgados, más allá, incluso, del ámbito
territorial del partido judicial.
Las asociaciones de jueces y fiscales han recibido con recelo este
plan, al estimar que, aunque es “bienintencionado”, no resulta realista y
esconde una reforma integral de la Justicia que requiere tiempo.
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