MURCIA.- El vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha denunciado públicamente la "improvisación y nefasta gestión" del Gobierno regional "en un asunto tan delicado como es el proceso de adjudicación del servicio de ambulancias en la Región de Murcia".
"Ha quedado claro que
el Ejecutivo de López Miras pone en peligro a numerosos profesionales y a
la ciudadanía de la Región. Se empeñaron en continuar con un proceso
que no tenía ni pies ni cabeza, y ahora nos encontramos la consumación
de esta chapuza", ha señalado.
Lucas
ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista pidió en la Asamblea
una comisión de investigación sobre este asunto, que no salió adelante
porque PP, Ciudadanos y Vox
votaron en contra, "lo que demuestra la total falta de transparencia
del Gobierno regional en este proceso", según informaron fuentes del
PSRM en un comunicado.
También
ha insistido en que esta adjudicación en la que se empeñó el Gobierno
regional provocó que las empresas murcianas del sector se quedaran al
margen de la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre
en las nueve áreas de salida de la Región, empresas que cuentan con
cientos de trabajadores que vieron peligrar sus puestos de trabajo.
La situación de alarma generada por la pandemia del coronavirus ha dejado en el aire el nuevo contrato de transporte sanitario que el SMS había adjudicado a la UTE formada por las empresas Ambulancias Mar Menor,
Ambulancias Do Atlántico y Ambulancias Sánchez (varias de ellas
participadas por filiales de La Generala) y que debía entrar en vigor el
pasado 20 de marzo.
Unos días antes, el 12 de marzo, el gerente del SMS, Asensio López,
comunicó a las empresas de ambulancias que venían prestando el servicio
hasta el momento, y que debían dejarlo una semana después, que debían
seguir haciéndolo ante el riesgo de cambiar de empresas en un momento de
pandemia por la Covid-19.
Sin
embargo, varias de las empresas de ambulancias han denunciado que la
decisión de la Administración sanitaria «sólo viene a intentar tapar las
carencias de la nueva empresa adjudicataria», ya que la UTE no cuenta con los locales habilitados para comenzar a prestar el servicio ni con los vehículos que se incluían en el pliego de condiciones del contrato, tal y como denuncian en un escrito que han remitido a Asensio López.
El nuevo contrato fue
avalado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, con dos
resoluciones que rechazaron los recursos presentados por las otras
empresas que optaron al concurso.
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