MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia
ha condenado a penas que suman tres años de prisión y multas por casi
dos millones de euros al administrador de una Empresa de Trabajo
Temporal (ETT) que en los años 2013 y 2014 defraudó 1,2 millones de
euros a la Hacienda Pública al no declarar el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).
La sentencia,
acordada este lunes, ha sido dictada después de que el acusado,
J.J.N.N., reconociera los hechos y se conformara con cumplir la pena
pactada por el fiscal del caso, la Abogacía del Estado y su defensa.
El acuerdo incluye también el pago a la Hacienda Pública de algo más de 888.000 euros, ya que, aunque el total defraudado se elevó a 1,2 millones, al iniciarse actuaciones inspectoras contra el mismo en junio de 2015 ingresó casi 335.000 euros en declaraciones complementarias.
Con su declaración de conformidad el acusado ha reconocido que en el año 2013 la ETT que dirigía, 'E.R.H., S.L.', esta prestó servicios por importe total de 2,6 millones de euros, y al año siguiente, por un importe algo superior a los 3,5 millones, sin que ingresara el IVA correspondiente.
El escrito de acusación de la Fiscalía indica que con el fin de eludir el pago de la mayor parte de las cuotas del tributo, a lo que estaba obligado, anotó en su contabilidad "supuestas cuotas de IVA soportado por, también, supuestas facturas recibidas de diferentes proveedores".
El tribunal de la Audiencia, que ha estado presidido por el magistrado José Luis García, le permitirá pagar la responsabilidad civil durante un periodo de cinco años, en plazos trimestrales que comenzarán a contarse desde marzo de 2020.
El acuerdo incluye también el pago a la Hacienda Pública de algo más de 888.000 euros, ya que, aunque el total defraudado se elevó a 1,2 millones, al iniciarse actuaciones inspectoras contra el mismo en junio de 2015 ingresó casi 335.000 euros en declaraciones complementarias.
Con su declaración de conformidad el acusado ha reconocido que en el año 2013 la ETT que dirigía, 'E.R.H., S.L.', esta prestó servicios por importe total de 2,6 millones de euros, y al año siguiente, por un importe algo superior a los 3,5 millones, sin que ingresara el IVA correspondiente.
El escrito de acusación de la Fiscalía indica que con el fin de eludir el pago de la mayor parte de las cuotas del tributo, a lo que estaba obligado, anotó en su contabilidad "supuestas cuotas de IVA soportado por, también, supuestas facturas recibidas de diferentes proveedores".
El tribunal de la Audiencia, que ha estado presidido por el magistrado José Luis García, le permitirá pagar la responsabilidad civil durante un periodo de cinco años, en plazos trimestrales que comenzarán a contarse desde marzo de 2020.
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