VALENCIA.- El importe de la actualización de las
entregas a cuenta llegará a las comunidades autónomas de forma
fraccionada al 50% en noviembre y diciembre, ha asegurado este miércoles
la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
El
Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un real decreto ley por
el que pagará a comunidades y ayuntamientos más de 5.500 millones de
euros por entregas a cuenta de este año, cifra muy inferior a la que
solicitaban. Este dinero, que llega en precampaña electoral, supone
4.682 millones de euros para las quince comunidades de régimen común
(salvo País Vasco y Navarra) y 821 para las corporaciones locales.
Cifras por debajo de las demandas de ambas administraciones que
requerían al Gobierno, 5.100 millones en el caso de las autonomías y
1.202, los ayuntamientos
Las entregas a cuenta tienen que llegar fraccionadas de
forma obligatoria en los próximos dos meses, salvo que alguna Comunidad
tenga algún problema que haga que tenga que llegar de una sola vez, ha
especificado Montero en un desayuno organizado por la Cadena Ser en
Valencia junto al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y
el conseller de Hacienda Vicent Soler.
Por tanto, ha
dicho, en noviembre no se producirá un incremento del plazo medio de
pago a los proveedores. Montero ha afirmado que se ha trabajado para que
se comprendiera el espíritu de la LOFCA, ya que supeditar las entregas a
cuenta a las comunidades a los Presupuestos del Estado supone "una
jerarquía vinculante" que no corresponde.
La ministra
ha manifestado que quiere consenso en el nuevo modelo de financiación
autonómica y que gran parte de las comunidades se sienta "cómoda" en la
reforma que salga de un "diálogo franco" entre el Gobierno y las
autonomías.
Montero ha dicho que no sabe cuánto tiempo
se tardará en definir el nuevo modelo de financiación cuando se
constituya el nuevo gobierno al tratarse de "un debate que no depende
solo" del Ejecutivo central, pero que se abordará "en la mayor brevedad
posible".
En ese debate, ha señalado, la población es
el criterio sobre el que tiene que pivotar el reparto de fondos ya que
el modelo actual ha puesto de manifiesto que no se justifica ni en la
insularidad, la dispersión o el envejecimiento que haya una diferencia
de 800 euros de financiación per cápita entre la comunidad mejor y peor
pagada. Puede haber otras variables como la población universitaria que
ahora no se contempla, o la tasa de desempleo sobre el consumo de
servicios sociales.
Mayor participación de CCAA en el IRPF e IVA
Ninguna
comunidad puede perder con el nuevo modelo de financiación, por lo que
"la tarta tiene que ser más grande" y la participación de las
comunidades en el reparto del IRPF, el IVA e impuestos especiales tiene
que ser "superior", ha manifestado.
La ministra ha
considerado que el FLA es "un auxilio financiero con vocación de
desaparecer" y conforme las autonomías vayan cumpliendo los objetivos de
estabilidad presupuestaria, irán acudiendo a la emisión de deuda
mediante la financiación privada.
Ha precisado que la
adhesión al FLA conlleva una serie de elementos a los que las
comunidades se tienen que suscribir, como el convenio con Farmaindustria
o la digitalización de facturas en ventanilla única, con los que alguna
comunidad podría no estar de acuerdo. Eso, a su juicio, hay que
desterrarlo y establecer unas relaciones de lealtad y de sinceridad y
que en ningún caso se produzca una tendencia recentralizadora.
El
compromiso del Gobierno es abordar en paralelo la reforma de la
financiación local, aunque la autonómica está en una situación más
complicada en estos momentos y hay que darle, ha dicho, "una respuesta
en un plazo de tiempo breve".
Respecto al "dumping"
fiscal del que se acusa a algunas comunidades como la madrileña, Montero
ha apuntado a una armonización fiscal con el fin de que no se produzcan
agravios entre comunidades, y se ha referido a introducir figuras
medioambientales. Ha aludido también al plan presupuestario presentado
en Bruselas al afirmar que el Gobierno ha sido muy prudente en sus
previsiones macroeconómicas.
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