MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia, en
auto notificado hoy, ha revocado la declaración de la instrucción
compleja en las diligencias previas del juzgado de Instrucción nº 5 de
los de Murcia, conocidas como caso 'Desaladora' o 'La Sal', informa el TSJ.
El tribunal estima el recurso planteado por una de las defensas y deja
sin efecto la declaración de complejidad al considerarla extemporánea
"por haberse efectuado una vez vencido el plazo de seis meses de la
instrucción".
En el presente caso, el procedimiento se inició por auto de 28 de abril
de 2016, pero al decretarse el secreto de las actuaciones, el plazo
máximo de instrucción se vio paralizado.
Alzado el secreto por auto de 7 de marzo de 2018, comenzó el cómputo de
los seis meses, "y no concurriendo circunstancia alguna que lo
paralizara o interrumpiera, el mismo venció el 7 de septiembre de 2018",
añade el auto.
Con lo que,
"es claro que cuando se dicta el auto que declara la complejidad de la
causa, el 11 de octubre de 2018 el plazo había vencido", concluye el
tribunal.
Y, además, añade,
que el retraso no está justificado, "por cuanto desde el 21 de mayo de
2018 se tenía conocimiento de la solicitud de complejidad de la causa
formulada por el Ministerio Fiscal".
En relación a las alegaciones formuladas por los recurrentes sobre la
validez o no de determinadas diligencias, o la prescripción del delito,
la Audiencia entiende que "no es posible tomar decisión alguna en el
presente recurso de apelación por cuanto el mismo se dirige contra una
determinada resolución consistente en declarar compleja la causa",
aunque "ello sin perjuicio del derecho de la parte a plantear dichas
cuestiones en el momento procesal adecuado".
Contra este auto no cabe
recurso.
La Fiscalía discrepa
La fiscalía considera que nada impide que la causa en un juzgado de Murcia por un presunto caso de corrupción en la construcción y adjudicación de la desalinizadora de Escombreras, con exaltos cargos autonómicos investigados, pueda ser declarada compleja y contar con hasta 18 meses para la instrucción.
A raíz del auto de la Audiencia Provincial de Murcia conocido este jueves, que anula esa declaración por haber sido acordada por la juez que dirige las investigaciones más de un mes después de transcurrir el plazo de seis meses, se ha tenido acceso al escrito de la fiscal del caso de la planta de Cartagena.
El escrito está fechado el pasado 4 de junio, antes de conocerse la resolución de la Audiencia, y en él la fiscal, que respondía a la petición de la jueza para que se pronunciara sobre la petición de suspensión del procedimiento planteada por algunas defensas, se oponía a ella.
Indicaba que los recursos de los abogados no tenían efecto suspensivo, por lo que nada se oponía a ordenar la práctica de más diligencias ni a desarrollar las ya ordenadas: "No hay causa legal alguna para no continuar el curso normal del procedimiento, so pena de incurrir en dilaciones indeseables".
Y añadía que el ministerio público solicitó la ampliación del plazo de instrucción antes de que acabaran los seis meses, para recalcar que "cualquier actuación omisiva del juzgado no puede suponer nunca la merma del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución".
También exponía que cuando se procedió al reparto de la causa entre los órganos jurisdiccionales, ya llegó al juzgado en el que finalmente recayó con la declaración de causa compleja.
"Hay sobrados argumentos jurídicos para sostener la validez de todo lo actuado y la causa fue compleja desde el principio por la naturaleza de los delitos investigados, su relevancia, la extensión temporal, etcétera", afirmaba.
Fuentes de la defensa del caso, en el que se investiga, entre otros, al exconsejero de Agricultura y Agua Antonió Cerdá y a otros exaltos cargos del Gobierno del PP presidido por Ramón Luis Valcárcel, han dicho que está en el aire la declaración como testigos de varios exalcaldes, del interventor general de la comunidad autónoma y de un exjefe de sus servicios jurídicos, convocados para la próxima semana.
Según las mismas fuentes, procede anular esas citaciones, ya que fueron acordadas por la jueza el pasado 22 de abril, cuando el plazo de la instrucción, según el auto de la Audiencia, había concluido el 7 de septiembre de 2018.
La Fiscalía discrepa
La fiscalía considera que nada impide que la causa en un juzgado de Murcia por un presunto caso de corrupción en la construcción y adjudicación de la desalinizadora de Escombreras, con exaltos cargos autonómicos investigados, pueda ser declarada compleja y contar con hasta 18 meses para la instrucción.
A raíz del auto de la Audiencia Provincial de Murcia conocido este jueves, que anula esa declaración por haber sido acordada por la juez que dirige las investigaciones más de un mes después de transcurrir el plazo de seis meses, se ha tenido acceso al escrito de la fiscal del caso de la planta de Cartagena.
El escrito está fechado el pasado 4 de junio, antes de conocerse la resolución de la Audiencia, y en él la fiscal, que respondía a la petición de la jueza para que se pronunciara sobre la petición de suspensión del procedimiento planteada por algunas defensas, se oponía a ella.
Indicaba que los recursos de los abogados no tenían efecto suspensivo, por lo que nada se oponía a ordenar la práctica de más diligencias ni a desarrollar las ya ordenadas: "No hay causa legal alguna para no continuar el curso normal del procedimiento, so pena de incurrir en dilaciones indeseables".
Y añadía que el ministerio público solicitó la ampliación del plazo de instrucción antes de que acabaran los seis meses, para recalcar que "cualquier actuación omisiva del juzgado no puede suponer nunca la merma del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución".
También exponía que cuando se procedió al reparto de la causa entre los órganos jurisdiccionales, ya llegó al juzgado en el que finalmente recayó con la declaración de causa compleja.
"Hay sobrados argumentos jurídicos para sostener la validez de todo lo actuado y la causa fue compleja desde el principio por la naturaleza de los delitos investigados, su relevancia, la extensión temporal, etcétera", afirmaba.
Fuentes de la defensa del caso, en el que se investiga, entre otros, al exconsejero de Agricultura y Agua Antonió Cerdá y a otros exaltos cargos del Gobierno del PP presidido por Ramón Luis Valcárcel, han dicho que está en el aire la declaración como testigos de varios exalcaldes, del interventor general de la comunidad autónoma y de un exjefe de sus servicios jurídicos, convocados para la próxima semana.
Según las mismas fuentes, procede anular esas citaciones, ya que fueron acordadas por la jueza el pasado 22 de abril, cuando el plazo de la instrucción, según el auto de la Audiencia, había concluido el 7 de septiembre de 2018.
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