MURCIA.- Dos del medio centenar de acusados en el caso del presunto fraude en las obras del AVE
en el tramo comprendido entre Crevillente y Murcia, que
podría superar los 25 millones de euros, han pedido al juzgado de
instrucción que investiga los hechos que expulse del proceso al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Se trata de José Manuel F.P., ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, considerado uno de los principales acusados,
y de su hermano, Antonio José F.P., que han señalado que Adif, que
ejerce la acusación particular a través de la Abogacía del Estado, debe ser apartado porque presentó su escrito de calificación fuera de plazo.
El juzgado ha trasladado la petición a la fiscalía y a las demás partes personadas en las actuaciones para que se pronuncien sobre el particular.
Los
hermanos F.P. expusieron en su recurso que el juzgado debía declarar
precluido el plazo concedido al abogado del Estado, al haber presentado
su escrito de acusación fuera del plazo concedido por la magistrada que
instruye el caso, lo que supondría, de ser aceptado, su salida del
proceso.
La fiscalía ya ha
tenido oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud a través de un
escritomen el que se indica que aunque se
presentara de forma extemporánea el escrito de acusación del abogado del
Estado, ello no supone, necesariamente, que deba ser apartado del caso.
Al respecto, cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo
aplicable a la cuestión suscitada, según la cual la presentación tardía
de un escrito de acusación no acarrea, sin más, su ineficacia, ni su
expulsión automática del proceso.
Por
su parte, la Abogacía del Estado también se ha opuesto a la estimación
del recurso al señalar que su salida no sería posible sin la previa
existencia de un requerimiento para que se pronunciara sobre si
continuaba personada en las actuaciones o desistía de ello.
También
indica que no se puede olvidar que la causa instruida por el presunto
fraude de las obras del AVE, que se habría cometido por la emisión de
facturas falsas o por el sobreprecio de otras en los trabajos de
reposición de redes hidráulicas afectadas por el trazado de la línea,
"es extensa y compleja", por lo que debe existir cierta flexibilidad en
los plazos previstos.
"Se trata de un caso que cuenta con cien tomos, cuya complejidad se halla fuera de toda duda", comenta.
El
escrito de esta acusación particular reclama para los hermanos ahora
recurrentes penas que suman 16 años de prisión por los presuntos delitos
de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad y blanqueo de
capitales.
Al analizar la
conducta desarrollada por José Manuel F.P. se afirma que con la
finalidad de ocultar el presunto origen ilícito de sus bienes y
dificultar la eventual recuperación de los fondos supuestamente
obtenidos de forma indebida realizó ocho escrituras consecutivas ante un
notario de Murcia.
A través de
las mismas "hizo una transferencia masiva de su patrimonio a favor de
su esposa y sus dos hijas", figurando en uno de esos protocolos las
capitulaciones matrimoniales y la liquidación de la sociedad de
gananciales, liquidándose así un patrimonio que el abogado del Estado
valora en 4,2 millones de euros.
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