La Fiscalía dice que no peligra la causa de la desaladora y se opondrá a su archivo

MURCIA.- La Fiscalía de la Región de Murcia considera que la causa abierta en 2016 para investigar la posible comisión de ilícitos penales en torno a la Desalinizadora de Escombreras, promovida por la Comunidad Autónoma, no corre peligro por el auto de la Audiencia Provincial que anula la ampliación del plazo de instrucción acordada por el juzgado por ser acordada fuera de plazo.

En opinión del ministerio fiscal, aunque hay pruebas pendientes de practicar que ya no se podrán llevar a cabo en cumplimiento del acuerdo de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, la causa cuenta con elementos probatorios suficientes sobre los que basar la acusación.

Entre esos elementos figuran tanto las declaraciones de los investigados, que se realizaron dentro del periodo de instrucción de seis meses, como los documentos que ya fueron incorporados a la misma.

Entre los investigados que declararon en esa condición se encuentra el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, que pasó por el juzgado que instruye la causa dentro del citado plazo de seis meses, que expiró el pasado septiembre.

Por otra parte, aunque no se podrá practicar la prueba testifical prevista para la próxima semana, en la que iban a intervenir, entre otros, varios exalcaldes de municipios como Murcia y Cartagena, la investigación no se resentirá por ello, ya que los mismos serán llamados al juicio.

La fiscalía, han añadido las fuentes, se opondrá al archivo de las actuaciones si las defensas lo pide, postura que es la que mantiene desde hace meses.

Con el material probatorio que se contiene en las actuaciones, se considera que el archivo de las actuaciones nunca sería posible.

Tras el auto de la Audiencia, hecho público ayer, la magistrada que dirige las investigaciones deberá decidir si acuerda el sobreseimiento de las diligencias, cosa improbable, o si continúa la tramitación prevista en la ley para la apertura del juicio oral.

En aquel auto, el tribunal señalaba al estimar el recurso presentado por las defensas de varios investigados que solo podía pronunciarse sobre la anulación de la ampliación del plazo de instrucción.

Pero dejaba abierta la puerta a que los letrados defensores pudieran plantear, "en el momento procesal adecuado", las cuestiones relativas a la validez de determinadas diligencias o a la prescripción de los delitos.

Esos delitos son los de malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, falsedad documental y delito societario.