VALENCIA.- La Agencia Valenciana Antifraude ve indicios de posible "fraude o corrupción" en las subvenciones que para la promoción del valenciano han recibido del Gobierno valenciano firmas relacionadas con la familia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, según documentos oficiales fechados hoy mismo por el propio organismo a los que ha tenido El Mundo.
La
citada oficina Antifraude, independiente aunque orgánicamente adscrita a
las Cortes Valencianas, ha abierto una investigación a raíz de una denuncia particular que aporta abundante documentación sobre Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL, como parte de un mismo grupo familiar cuyos administradores son los hermanos Juan y Enrique Adell Bover,
y que, para obtener las referidas subvenciones, se habrían valido de
facturas emitidas por servicios de empresas participadas por Francisco
Javier Puig, hermano del presidente de la Generalitat. Además, la
denuncia sitúa a 'Francis' Puig a la sombra de muchos de los negocios de
los hermanos Adell Bover.
Estas empresas ligadas a Francisco Javier Puig son Mas Mut Produccions SL y Comunicacions dels Ports SA, que ya habían sido situadas en el ojo del huracán por el Partido Popular, que denunció en su día "una trama para conseguir fondos públicos mediante gastos cruzados, alquileres fraudulentos y nóminas".
La vicesecretaria general del PP, Eva Ortiz,
llegó a denunciar en las Cortes que, tras el cambio de legislatura, las
firmas de lo que denominó el «holding Puig SA» incrementaron sus
ingresos en 686.000 euros (290%) después de tres años de pérdidas.
Además, el PP sostiene que Mas Mut Produccions presentó para cobrar la subvención una factura del alquiler de un local propiedad del hermano del presidente
y la otra empresa -Comunicacions- también presenta como gasto
justificable el alquiler de su local propiedad del padre de Puig.
Por
último, les acusó de falsear las audiencias al decir que la radio tiene
43.000 oyentes diarios y la televisión 35.000 espectadores, «más que À
Punt». Las ayudas por este apartado han superado los 450.000 euros desde 2015.
Los
populares presentaron una denuncia en los juzgados por falsedad
documental contra el director general de Política Lingüística de la
Generalitat, Rubén Trenzano, alto cargo de la Conselleria de Educación y Cultura -cuyo conseller es Vicent Marzà,
de Compromís- por supuestas irregularidades en el proceso de
fiscalización de las ayudas a Mas Mut y Comunicacions de Els Ports que
fue archivada dos veces, pero que ha sido recientemente reabierta por la
Audiencia Provincial.
En
su auto, la Audiencia Provincial considera "indebido en el incipiente
momento procesal el sobreseimiento decretado" por el juzgado, pues
considera que "el estado de cosas actual muestra la denuncia de unos
hechos subsumibles en el delito de falsedad cometida en documento
oficial".
En
paralelo a las denuncias del PP en los juzgados y del procedimiento de
investigación abierto por la Agencia Antifraude, la Sociedad Anónima de
Medios de Comunicación, encargada de la gestión de la televisión pública
À Punt ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia un expediente sobre un concurso convocado para la
contratación de corresponsalías locales al tener indicios de que varias
empresas podrían haber alcanzado pactos de precios para repartirse los
lotes del contrato.
Una de esas sociedades es Comunicacions dels Ports,
participada y dirigida por Francisco Javier Puig, según publicó en su
día el diario Las Provincias.
Al abrirse este procedimiento, que
afectaba a otras seis empresas, Comunicació de els Ports informó a A
Punt de que desistía de presentarse como licitadora al contrato. En el
expediente remitido a la CNMC se explica que Comunicacions dels Ports,
Kriol Producciones y Canal Maestrat -estas dos administradas, según el
expediente, por Enrique Adell Bover- presentaron los mismos precios
para tres de los lotes a licitación, que pertenecían a las
corresponsalías de la provincia de Castellón.
El pasado 14 de
mayo, los gestores de À Punt decidieron excluir del procedimiento
también a Kriol y a Canal Maestrat al poseer indicios sólidos de "la existencia de un acuerdo entre dichos licitadores para la presentación de ofertas".
En el expediente se apunta a la posible vulneración de la libre competencia y de la Ley de Contratos del Sector Público.
El
presidente de la Generalitat, Ximo Puig siempre ha defendido la
honorabilidad de su familia y la "libertad" de las empresas de su
hermano para presentarse a las convocatorias públicas de subvenciones.
"Me parece muy mal atacar la honorabilidad de alguien cuyo único
patrimonio es esa honorabilidad", dijo Puig recientemente.
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