Hay ocasiones en que parece que al Estado español no le importa
sonrojarse y pasar por encima de cualquier obstáculo para conseguir sus
objetivos.
Este martes hemos vivido varios episodios que, puestos uno al
lado del otro, acaban afectando a derechos fundamentales de los presos políticos, el legítimo derecho de defensa procesal, la vulneración de la igualdad de oportunidades en un debate electoral
y la intervención del gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio
del Interior entrando directamente a rematar utilizando de forma
peregrina los horarios dentro de la prisión y la afectación que podía
suponer para su normal funcionamiento.
¿Acaso se ha tenido en cuenta,
por ejemplo, cómo afectaban al normal funcionamiento de un centro
penitenciario las maratonianas sesiones del principio del juicio en el
Tribunal Supremo en que los presos se levantaban a las cinco de la
mañana y llegaban cuando todos los reclusos estaban en sus celdas y no
podían ni cenar?
Tanto en el juicio en el Tribunal Supremo como con la privación de los derechos de presos y exiliados el Estado ha decidido poner una marcha más. El juez Manuel Marchena,
que ya lleva unos cuantos días con un humor y un tono bastante
distintos al de las primeras sesiones, tuvo varios encontronazos con
diferentes testigos.
Chocó progresivamente con Ramon Font, portavoz de
Escoles Obertes; la filósofa y ensayista Marina Garcés, el abogado
Lluís Matamala y el concejal de Sant Joan de Vilatorrada y payaso de
profesión Jordi Pesarrodona.
También se las tuvo con el abogado Benet
Salellas, en un momento en que el letrado de la defensa de Cuixart
inquiría sobre el diferente trato que estaba proporcionando el tribunal a
los testigos de la defensa a la hora de explicarse sin cortapisas, a
diferencia de la benevolencia que tuvo con los testigos de la policía
española y la Guardia Civil.
Marchena zanjó una simple respuesta de
Salellas diciendo que "no había más preguntas" con un abrupto "mucho
mejor". El profesor Joan Queralt, siempre al quite de
cualquier incidente que sucede en el juicio, no pudo ser más claro y
contundente: "Por algo similar el TEDH -Tribunal Europeo de Derechos
Humanos- anuló la condena contra Otegi".
Mientras eso pasaba en el Supremo, donde los jueces incluso se
explayan sintiéndose ofendidos porque las defensas defienden como mejor
les parece a sus patrocinados, la Junta Electoral Central y el gobierno de Pedro Sánchez
hacían de las suyas impidiendo la participación primero de Oriol
Junqueras en el debate en TV3 de los cabezas de lista al Parlamento
Europeo y más tarde de Toni Comín y Clara Ponsatí por no estar
físicamente presentes en los estudios.
Solo faltaba añadir, para ser
detenidos. La vulneración de los derechos de los aspirantes es tan
flagrante e injusta por parte de la administración que el debate no
hubiera tenido que celebrarse. Sobre todo porque en el caso de Junqueras
no ha participado porque a Instituciones Penitenciarias no le ha dado
la real gana.
Si Mariano Rajoy hizo fortuna a raíz de un titular de diario que
hablaba de la lluvia de millones a Catalunya que nunca llegaron, Pedro
Sánchez no le anda a la zaga con el aluvión de guiños a los
independentistas. Tanto es así que a Iceta se le va poniendo cara de
frustado aspirante a presidente del Senado si no cambian mucho las
cosas.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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