MADRID.- El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Constitución no avala el uso de la cámara oculta
para reportajes periodísticos como regla general, dado que supone una
"grave intromisión ilegítima" en los derechos a la intimidad y a la
propia imagen.
De modo que establece que su utilización solo será "excepcionalmente" legítima "cuando no existan medios menos intrusivos para obtener la información".
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, anula la resolución anterior del Tribunal Supremo que, por contra, había determinado que la libertad de información prevalecía sobre el derecho a la intimidad.
El TC estudia el caso de dos periodistas que hacían un reportaje para el programa "Espejo Público" (Antena 3) y
acudieron al despacho de un hombre, que ejercía como 'coach' y mentor,
se hicieron pasar por clientes y uno de ellos fingió que padecía cáncer.
Grabaron la visita con cámara oculta y días más tarde la emitieron en un programa en el que se le mostró como un "sanador" sin titulación alguna, se le calificó de "mujeriego" y se le imputó incluir en las terapias "algo más que caricias".
En
su sentencia, el TC recuerda que aunque la libertad de información
puede prevalecer en algunos casos frente a los derechos de la
personalidad, "la legitimidad del uso de la cámara oculta como método periodístico"
debe seguir unos criterios de ponderación para evitar "una intromisión
desproporcionada y, por tanto, innecesaria en la vida privada de las
personas".
Consideran los jueces que "la capacidad intrusiva" de la cámara oculta en
principio "debe ser restrictiva, como último recurso y conforme con las
normas deontológicos" y creen que en este caso "no fue necesario y
proporcionado" para informar sobre la actividad profesional del
recurrente.
El TC comparte que
la finalidad periodística en el caso analizado era "alertar de prácticas
fraudulentas e intrusivas en el ámbito de la salud", si bien cree que
dicha finalidad se "desnaturalizó" cuando se centró en la actuación
concreta del demandante, sin que el material obtenido "permitiera
concluir de forma contundente que estaba realizando prácticas claramente
intrusivas".
El TC considera además vulnerado el derecho al honor del recurrente en
tanto que las imágenes estaban acompañadas "de informaciones
manipuladas" y de afirmaciones como "mujeriego" o "a veces las terapias
acaban en algo más que caricias", que pueden considerarse "atentatorias"
contra su reputación.
Al margen de su veracidad, dicen los jueces, éstas "no eran pertinentes para transmitir información de relevancia pública y en tal medida acentuaron la conversión de su personalidad en el verdadero eje de la noticia".
Y
añade la sentencia: "Bajo el pretexto de realizar una denuncia o
contribuir a un debate general no se puede hacer escarnio de una
persona".
Es decir, a juicio del TC, se llevó a cabo "una actividad informativa innecesariamente invasora de la intimidad
y la imagen ajenas, ya que el contenido de los programas emitidos
incluyó aspectos manipulados y afirmaciones vejatorias que resultaban
innecesarias para la actividad informativa".
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