En tiempo de descuento, con atropello de la naturaleza del decreto
ley, el Gobierno dictará un decreto ley sobre alquileres que convalidará
la diputación permanente del Congreso con errores de concepto pero con
oportunismo electoral para aparentar carácter social.
Primer error, imaginar que el complejo y plural mercado (mercados) de
alquiler de vivienda se puede regular mediante sistemas de control de
precios. Hay elocuentes precedentes, el primer gobierno de Francisco
Franco en pequeñísimas condiciones de vida para los españoles decreto la
congelación de alquileres (por decreto) que pretendía ayudar a los
necesitados.
Uno de los métodos más imperiosos de control de precios que
luego se matizan con más o menos intensidad. El resultado de aquel
intento fue que algunos cientos de miles de inquilinos se beneficiaron
durante muchos años de rentas antiguas (congeladas), pero con un precio:
el encogimiento del mercado (no mercado) de alquileres, desbloqueado
por los socialistas en 1985, aunque luego acotado y limitado por otro
gobierno socialista años más tarde.
España no ha sido país amable con el mercado de alquileres, sometido
siempre a control e incertidumbres. Por eso se volcó hacia la propiedad
con consecuencias poco favorables a la movilidad, a la flexibilidad y,
también, a la defensa de los más débiles. Además la promoción de
vivienda pública, que el antiguo régimen autoritario de Franco, propició
fue desapareciendo durante la etapa democrática.
Ahora, con gobierno de
izquierdas en las grandes ciudades, que prometieron medidas de política
social en vivienda, no hay cambio, no han hecho nada de provecho, solo
declaraciones y un discurso anti-mercado. El gobierno Sánchez,
pinturero, electoralista, se inclina por el error del control de
precios; como sabe que es equivocado lo va a hacer con gaseosa, para
aparentar y dejar contentos a los socios.
Segundo error, imaginar que trasladando las responsabilidades a
administraciones inferiores (comunidades autónomas y ayuntamientos) se
quita de encima el problema aun a costa de romper la unidad de mercado,
la seguridad jurídica. Grave error generará inseguridad, recelo y,
finalmente, un mercado más estrecho, más recelosa y más exigente de
garantías que se buscarán por otro lado. Fragmentar el mercado, no
conduce a la eficiencia, aunque ayuntamientos y Comunidades tienen mucho
por hacer en materia de vivienda. Pero sin romper el marco.
Tercer error: agujerear el sistema fiscal con bonificaciones,
desgravaciones y ventajas fiscales a la medida, de parte. Ya está
bastante deteriorado, recauchutado el sistema fiscal con créditos
fiscales a la medida que minoran la recaudación y restan eficacia a los
impuestos.
El decreto ley que propone el Gobierno, que probablemente sacará a
delante con nocturnidad y alevosía, no va a modernizar y mejorar el
mercado de alquileres, todo lo contrario. Pero la urgencia electoral se
coloca por encima de la lógica económica y social. Hay fallos de
concepto. Insuficiente conocimiento de la materia.
(*) Periodista y politólogo
No hay comentarios:
Publicar un comentario