Los preámbulos electorales son la
ocasión para intensificar los disensos entre las fuerzas políticas, pero
la Región de Murcia es (esta vez, afortunadamente) diferente. Enmedio
de una de las más competidas batallas por el poder que se han dado nunca
en esta comunidad, el arco parlamentario regional nos ofrece, como
primera flor de primavera, un insólito consenso para diseñar la reforma
del Estatuto de Autonomía, largo tiempo aplazada.
El
parlamento más plural desde que se inauguró el modelo autonómico ha
sido capaz de diseñar el marco general estatutario que actualiza nuestra
'pequeña constitución', y lo ha hecho con un texto que conforma a la
izquierda y a la derecha en todas las variantes con representación
institucional. Cabe suponer de antemano que esto responde a un esfuerzo
extraordinario de cada una de las partes, en la consideración por cada
una de ellas de lo que es posible ceder y lo que es preciso introducir o
mantener.
Los
subtextos son importantes en estos casos, cuando el enunciado general
de los asuntos más propicios al debate pudieran impedir cualquier
acuerdo por cuestiones de principios o por las cerradas compuertas de
las ideologías respectivas. Pero la inteligencia de los redactores ha
permitido limar los conceptos, dejar abiertas las interpretaciones para
que los Gobiernos a que corresponda desarrollen el marco general de
acuerdo a las mayorías que puedan alcanzar, y esto sin dejar al margen
ninguna de las cuestiones que interpelan a los ciudadanos de este
tiempo.
En líneas generales,
el propósito y el resultado merecen aplauso, sobre todo porque la
política regional en su conjunto se presta a él en escasas ocasiones.
Hay
que tomar en consideración la valentía de los líderes políticos de los
cuatro partidos con representación parlamentaria (PP, PSOE, Cs y
Podemos) y de sus respectivos portavoces parlamentarios, que recibirán
inevitables reproches de los más irreductibles militantes de cada una de
las formaciones por la insatisfacción de no culminar en la
'constitución general' el programa particular de cada grupo. Pero las
reglas de juego han de ser comunes, adecuadas a los tiempos y a la vez
abiertas, amplias, en la aceptación de que la democracia no es
patrimonio de parte sino que precisamente existe porque reconoce al
opuesto.
Que el escándalo por
este magnífico esfuerzo de consenso proceda de una fuerza política
extraparlamentaria, Vox, avala aún más la validez de la reforma. Las
apelaciones a las cuestiones de memoria o de género conducen a sospechar
sobre qué posición habría tenido ese partido cuando los debates eran
sobre el voto femenino o sobre los derechos civiles de los negros.
La
clase política regional, tantas veces estigmatizada, ofrece con este
proyecto un alivio y provoca sensaciones estimulantes de reenganche, más
aún cuando el remate de los tan intensos como discretos debates que han
conducido a este consenso insólito desde la Transición se produce en la
antesala de un proceso multielectoral en que los partidos se juegan el
todo por el todo.
Y el corolario inesperado de que el nuevo Estatuto
deberá ser aprobado en referéndum añade un valor especial de política
bien hecha, de autoestima autonómica y de libertad ciudadana. Chapó.
(*) Columnista
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