VALENCIA.- La defensa de Eduardo Zaplana en el caso Erial
ve ilegal el pacto entre el abogado uruguayo Fernando Belhot (su
supuesto testaferro) y la Fiscalía Anticorrupción porque «el cambio de
su situación procesal (de investigado a testigo) se ha producido en
virtud de un pacto no permitido por nuestra legislación penal», según el
escrito presentado por el expresidente de la Generalitat, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
El recurso es de apelación por lo que se ha presentado directamente
ante la sección quinta de la Audiencia de València (sin pasar antes por
el Juzgado de Instrucción 8), que deberá decidir si estima las
alegaciones del exjefe del Consell, anula la declaración de Belhot como
pide su defensa y vuelve a citarlo a declarar, «en calidad de
investigado y en presencia de las representaciones de todas las partes
afectadas».
La única declaración del fiduciario uruguayo se produjo el
pasado 25 de enero por videoconferencia, en presencia de jueces y
fiscales valencianos y uruguayos.
El abogado de Zaplana, Daniel Campos Navas, recuerda en su escrito el periplo del letrado uruguayo en el caso Erial
que ha pasado de estar investigado, con cinco teléfonos intervenidos
por la Guardia Civil, con orden judicial, y las cuentas bloqueadas, e
incluso se le llegó a citar como investigado por parte del Juzgado de
Instrucción 8 el 9 de noviembre de 2018.
Una situación que
cambió tras el viaje de una comisión judicial a Uruguay y Panamá en el
que Belhot «mostró su interés en colaborar para esclarecer los hechos
invstigando» e, incluso, puso a disposición de los investigadores del
caso Erial el dinero que gestionaba supuestamente para Zaplana y que
guardaba en sendas cuentas en Suiza, tras las gestiones de la Fiscalía
Anticorrupción.
Un «acuerdo» que critica la defensa de Zaplana
porque «la cooperación de Belhot se ha traducido en compromiso de no ser
acusado ni, por tanto, penado, por ningún delito derivado de la gestión
del supuesto patrimonio de mi representado».
Una opción que,
defiende el letrado de Zaplana, «no es posible en ningún caso en nuestro
sistema jurídico, la concesión de un beneficio punitivo consistente en
garantizar la completa inmunidad de una persona que supuestamente ha
participado en los hechos delictivos». Y, por extensión, «tampoco podría
otorgarse validez a las pruebas obtenidas bajo promesa -no amparada en
la ley- de no formular imputación penal».
De esta manera, «la principal
prueba incriminatoria» contra Eduardo Zaplana
«se habría obtenido a través de un medio que en nuestro Derecho sería
ilícito, por derivar de un acuerdo que garantiza la impunidad a un
presunto partícipe vulneraría el derecho a un proceso público con todas
las garantías y sin indefensión» del exministro, asegura su abogado.
Sobre
los hechos declarados por Belhot -que gestionaba el patrimonio de
Zaplana- «no entramos a valorar su veracidad», señala el letrado, pero
debieron provocar que se «suspendiera su declaración como testigo para
citarlo como investigado», señala el letrado en su recurso.
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