VALENCIA.- Los jueces destinados en los juzgados de instrucción de Valencia,
reunidos este viernes en junta, han emitido un comunicado en el que
expresan su “profunda preocupación” por el “inadmisible acoso al que está siendo sometida” la titular de Instrucción nº 8, que dirige el caso en el que está investigado el expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana.
La jueza ha rechazado en cuatro ocasiones la puesta en libertad
de Zaplana, enfermo de leucemia desde hace años e ingresado desde el 18
de diciembre en el Hospital La Fe de Valencia, adonde fue trasladado desde la cárcel de Picassent, en la que estaba internado desde el pasado 24 de mayo.
Según detallan en su escrito los jueces, las decisiones adoptadas por
la jueza instructora relativas a la privación de libertad del
expresident de la Generalitat y exministro han sido respaldadas por la
Fiscalía Anticorrupción y avaladas también por la Audiencia Provincial
de Valencia.
En un comunicado remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV), la junta lamenta que “dicho acoso sin
precedentes ha conllevado, además de la publicación de aspectos de la
vida privada de la magistrada que pertenecen a su más estricta
intimidad, amenazas más o menos veladas, descalificaciones e insultos de
todo tipo”.
“Actuaciones todas ellas inadmisibles que, además de exceder los
límites de la crítica razonable de las resoluciones judiciales, menosprecian la independencia judicial y sobre todo, desconocen el principio de igualdad ante la ley”, añaden.
Los jueces hacen las consideraciones anteriores “aún siendo
conscientes del papel fundamental de los medios de comunicación y de sus
profesionales para la formación de una opinión pública debidamente
informada, esencial en una sociedad democrática”.
“Ante tales hechos, que traspasan líneas rojas nunca antes superadas,
los jueces de instrucción de la ciudad de Valencia solo pedimos, en
éste y en cualquier otro procedimiento, el debido respeto a la
función jurisdiccional, lo que implica que se nos permita realizar
nuestro trabajo libre y responsablemente“, agrega la nota.
Sin perjuicio de ello, “sería conveniente que se suscitara una
profunda reflexión sobre la necesidad de que estas cuestiones en lo
sucesivo se analicen, debatan y resuelvan con todos los elementos de
juicio en el foro adecuado que es el de los tribunales de justicia y por
el cauce legal y constitucionalmente previsto”.
“Son medidas que afectan a una persona de indudable
relevancia pública que padece una grave enfermedad por la que está
recibiendo todos los cuidados necesarios en un centro hospitalario
altamente cualificado“, añaden los jueces.
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