MADRID.- La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso en materia sanitaria,
Amparo Botejara, estima que unos cinco millones de pensionistas podrán
beneficiarse de la eliminación del copago farmacéutico a este colectivo,
medida que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes.
Botejara ha recordado que esta medida estaba
contemplada en el acuerdo al que los ‘morados’ llegaron con el Gobierno
socialista en materia presupuestaria. En concreto, explica la diputada,
en el tema de la eliminación de los copagos, el acuerdo era iniciarlo en
2019 para los pensionistas más vulnerables, aquellos que tienen rentas
inferiores a 800 euros en 14 pagas, y así se ha recogido en el proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
“Es decir, unos 5 millones de pensionistas se estima que podrán
beneficiarse de esta medida. Así como las personas no pensionistas con
renta anual inferior a 9.000 euros con un hijo o más a su cargo, que se
considera pueden ser 1,8 millones de personas”, ha apuntado Botejara.
CCOO y UGT han aplaudido la eliminación del copago farmacéutico en
pensionistas y trabajadores con hijos a cargo que tengan rentas menores
de 9.000 euros que se recoge en los PGE, pero puntualizan que su
aspiración final es que se supriman completamente.
El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, ha valorado “positivamente”
este “primer paso”, aunque puntualiza que “sigue siendo insuficiente”.
En cualquier caso, desde el sindicato consideran que es “un paso
importante”, teniendo en cuenta los “condicionamientos económicos”.
“No
han permitido al Gobierno ampliar la senda de déficit. Hay una serie de
factores que también influyen. Es un primer paso, aunque nuestra
propuesta sigue siendo la eliminación absoluta de todos los copagos”, ha
justificado.
“El copago pone en riesgo la salud de las personas con pocos recursos
e incluso al conjunto de la población. Para nosotros, es muy importante
tanto la recuperación de la universalidad como la eliminación de los
copagos. Son dos reivindicaciones históricas”, ha concluido.
En la misma línea, la secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y
Dependencia de FeSP-UGT, Gracia Álvarez, ha calificado como “un primer
paso” la decisión del Ejecutivo, pero recuerda que el copago “es en
realidad un repago”.
“Ya se cotiza a la Seguridad Social, y ya pagamos
nuestros impuestos para financiar la Sanidad. Siempre hemos estado en
contra del copago”, añade.
Sobre el umbral de renta que ya no tendrá que afrontar este “repago”,
desde UGT celebran que sean aquellos más vulnerables, “algo positivo en
cuanto a la redistribución de la riqueza”.
Además, también defienden
que se amplíe hasta trabajadores pobres con hijos a cargo, ya que “es un
problema grave que un 21 por ciento de los niños este en riesgo de
pobreza”, asegura Álvarez.
“Es una buena forma de apoyar la disminución de la brecha social que
se ha producido con la crisis. El Estado tiene que salir a dar cobertura
a toda la gente que se queda en la peor parte, con el menor número de
ingresos. Me felicito de cualquier medida que vaya en este sentido, ya
que todo el mundo debe tener acceso a la sanidad”, ha concluido.
Por su parte, Ciudadanos ha asegurado este viernes que la eliminación
del copago farmacéutico a los pensionistas es “insuficiente” y llama al
Ejecutivo a ampliarlo a las rentas bajas.
El secretario general de los ‘naranjas’, José Manuel Villegas, ha
señalado que en España hay “un problema con el copago” porque “son
muchos los españoles con ingresos insuficientes que tienen problemas
para acceder a los medicamentos”.
A su juicio, la medida del Gobierno de Pedro Sánchez “puede paliar
parte de ese problema”, pero “con la estructura que hay de tramos” de
renta en España aún hay “muchos españoles con problemas” para acceder a
los productos farmacéuticos que “no van a ver solventada su situación”.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Villegas ha
declarado que esperan una rectificación por parte de los socialistas y
que el Gobierno “también entienda las necesidades de los españoles que
no son pensionistas y tienen dificultades de acceso a los medicamentos
por su baja renta”.
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