MURCIA/MADRID.- El PP quiere frenar en el Congreso la derogación del artículo 324 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que ha promovido el PSOE para
acabar con el plazo máximo de seis meses para la instrucción de las
causas penales. Se trata de una modificación legal que la Cámara Baja
tiene 'congelada' desde hace 19 meses, cuando acordó tramitar esta
proposición de ley de los socialistas.
La reforma del referido
artículo fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y
precisamente gracias a ella el expresidente 'popular' de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido recientemente absuelto por el denominado 'caso Pasarelas'.
Tras
la vista de cuestiones previas, paso anterior al inicio del juicio
oral, la Audiencia Provincial decidió exculpar al expresidente regional,
sin ni siquiera examinar las pruebas contra él, al considerar que el
juez del caso sobrepasó el plazo máximo de instrucción de la causa sin
que se consiguiera declarar esta en tiempo y forma como 'causa
compleja', lo que hubiera permitido ampliar el periodo de investigación.
En
mayo de 2017, el PSOE consiguió que el Pleno del Congreso aceptase
tramitar una proposición de ley que únicamente planteaba derogar esa
limitación temporal a la instrucción de sumarios. Pese a constar de un
único artículo, la iniciativa ha llegado a acumular 19 meses de
prórrogas en los plazos para la presentación de enmiendas.
Pues
bien, ahora los 'populares' han registrado una enmienda a la totalidad a
esa propuesta de los socialistas con la que pretenden impedir la
derogación de una reforma que, a su juicio, «ha sido beneficiosa para la
justicia», según reza la iniciativa.
La
reforma impulsada por el Gobierno de Rajoy estableció un plazo máximo
de seis meses para la instrucción y determinó que, antes de que expire,
el instructor podrá ampliarlo a 18 meses si, a instancias de la
Fiscalía, declara «compleja» la investigación.
Los socialistas
plantearon su propia ley porque si bien creen que es necesario fijar
plazos máximos a la investigación penal para evitar «dilaciones
indebidas», subrayan que, «aunque la Justicia ha de ser rápida, también
ha de garantizar la tutela penal de todas las víctimas».
Y
es que consideran que el artículo en cuestión adolece de un «defecto de
origen» al atribuir el control de la duración de la instrucción al
Ministerio Fiscal, que no dirige la investigación, lo que «puede
conllevar verdaderos espacios de impunidad».
Ciudadanos también
planteó, al inicio de la legislatura, la derogación del citado artículo
de la LeCrim en el marco de la Ley 'omnibús' contra la corrupción, una
norma que lleva también meses paralizada.
En su enmienda de
totalidad, con texto alternativo, el PP avisa de que sería una «gran
irresponsabilidad» eliminar por completo los plazos en la instrucción.
Eso sí, aunque defiende la reforma de la LeCrim impulsada por el otrora
ministro de Justicia Rafael Catalá en 2015, asume que, después de un
tiempo de aplicación de la norma, hay aspectos que pueden ser
«clarificados y mejorados».
Así,
el grupo que capitanea Pablo Casado insiste en mantener los plazos de
instrucción de su reforma, aunque plantea considerar, junto al concepto
de instrucción compleja, el de instrucción prorrogable por inacabada
para contemplar otras causas objetivas distintas a la complejidad de la
causa.
Una situación que se dará cuando se demuestre que las
pericias o colaboraciones demandadas, por causas ajenas a la
instrucción, no puedan recibirse a tiempo o por otra causa que afecte a
la calidad de la prueba necesaria para la instrucción, cuya motivación
deberá justificar el instructor.
Además, y para mejorar el
procedimiento, el primer partido de la oposición plantea que el
instructor estará obligado a comunicar a la Fiscalía, un mes antes de
concluir los plazos, la finalización de los mismos para que informe o
realice la solicitud que proceda antes de su resolución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario