MURCIA.- La Abogacía del Estado se ha opuesto a estimar la solicitud de
archivo de las actuaciones del instructor del caso de presunto fraude
millonario en las obras del tramo del AVE Crevillente (Alicante)-Murcia
pedido por la empresa Constructora San José, adjudicataria de los
trabajos, en lo que le afecta.
En un escrito notificado a la
Fiscalía y al más de medio centenar de investigados, señala que la
constructora «podría ser penalmente responsable de los delitos cometidos
por los investigados», varios de ellos, empleados de ella.
Y
añade que esa responsabilidad nacería al no haber implantado las medidas
adecuadas para evitar la comisión de hechos presuntamente delictivos
como los que se investigan en la causa que trata de esclarecer si los
investigados consiguieron mordidas con facturas falsas o hinchadas.
También
expone que el informe final de la auditoría técnica de los expedientes
de gastos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
concluye que la obra facturada «fue bastante superior a la realmente
ejecutada».
Dice que «en el momento de los hechos objeto de
investigación Constructora San José carecía de medidas eficaces que
intentasen evitar en lo posible la comisión de infracciones delictivas».
Comenta
que de las diligencias practicadas por el juzgado «difícilmente puede
apreciarse una ausencia indubitada de responsabilidad de la mercantil
adjudicataria, por lo que se debe desestimar la pretensión de
sobreseimiento formulada» por ella.
Por otra parte, el juzgado sí
ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones con respecto al
directivo de Adif que fue director de obra y declaró en estas
actuaciones en 2017 para negar todas las imputaciones.
La medida
se acuerda al no haberse demostrado que hubiera llegado a su
conocimiento el contenido de un informe de irregularidades en las obras
elaborado por una empresa especializada.
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