CARTAGENA.- Tras la noticia sobre la
reactivación del ‘caso Balsa Jenny’ por parte de la Fiscalía por
presunto riesgo ecológico, "lo que ha puesto definitivamente el foco de
la Justicia sobre la Comunidad Autónoma", Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) responsabiliza al
Gobierno regional por el engaño hacia los vecinos, y por desentenderse
presuntamente, durante diez años, de su obligación de proteger la salud
de las personas y el entorno natural de la Sierra Minera de Cartagena-La
Unión y del Mar Menor.
La Fiscalía asegura que hay «indicios de la posible comisión de
un delito contra el medio ambiente y/o de un delito de prevaricación»
por parte de la Dirección de Calidad Ambiental y de su Servicio de
Vigilancia
y Control, por el retraso en el sellado y la restauración del depósito
Los Blancos. Para la formación morada esta acusación es muy grave, pues
de prosperar la misma, estaríamos "ante un Gobierno del PP que ha puesto
en grave riesgo la salud de los vecinos de la zona del Llano del Beal, y
que por lo tanto no merece seguir gobernando", dice CTSSP en un comunicado.
Desde
CTSSP, el grupo municipal en el Ayuntamiento, denuncian que
el Partido Popular gastó seis millones de euros en una restauración de la
que a día de hoy siguen rezumando eflorescencias salinas con metales
pesados altamente tóxicos, los mismos que van a parar a las calles del
Llano, y a través de las ramblas al Mar Menor.
“De confirmarse la
denuncia de fiscalía, la misma que vienen haciendo los vecinos durante
años, y ahora a través de la Plataforma de Afectados por los metales
pesados, la sociedad entera tendría que pedir responsabilidades a unos
políticos que solo han beneficiado los intereses de unos pocos,
abandonando el interés general, que no son otros que los vecinos y
vecinas y el entorno natural”, según palabras de Pilar Marcos, que dice ser secretaria general de Podemos Cartagena.
Desde
Podemos denuncian también, que pese a la peligrosidad de esos desechos
trasladados al depósito de Los Blancos, este vertedero no se
impermeabilizó y los estériles estuvieron a la intemperie, sin cubrir
durante una década, permitiendo que las escorrentías que se producían
por las lluvias llevasen los metales pesados hacia los pueblos de la
Sierra Minera y también hacia el Mar Menor.
“En la Sierra Minera quedan
todavía 89 depósitos mineros que siguen sin descontaminar, esperando la
actuación pública de un gobierno irresponsable que no exige el principio
básico de que “quien contamina paga”, porque protege antes a la empresa
contaminante, que a los contaminados, vecinos y Mar Menor”, termina
diciendo la portavoz de CTSSP.
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