MURCIA.- Ciudadanos quiere que su proyecto de Ley de Buen
Gobierno y Lucha contra la Corrupción comience cuanto antes su
tramitación “con el fin de que pueda ser aprobada antes de que acabe la
presente legislatura”.
Así lo ha afirmado hoy el portavoz regional de la
formación, Miguel Sánchez, con motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Corrupción: “Nuestro proyecto de ley, con sus 8
títulos y sus 86 artículos, supone una actualización y ampliación
decisiva y ambiciosa de la actual Ley de Transparencia, y va más allá,
por ejemplo al consagrar la protección para los funcionarios y
ciudadanos que denuncien comportamientos irregulares o corruptos en el
seno de las administraciones públicas”.
Según un estudio del experto de
la Universidad de Murcia y el Consejo de Europa Fernando Jiménez, la
erradicación de la corrupción supondría un aumento del 20% del PIB en
los próximos 15 años, “por lo que es más que necesario arrinconar estas
prácticas, algo que va en el ADN de Ciudadanos”, ha señalado el portavoz
regional de la formación.
“La actual Ley de
Transparencia es insuficiente e ineficaz, y además está lastrada por la
acción del propio Ejecutivo regional”, ha explicado Sánchez, quien ha
destacado que la normativa que impulsa Ciudadanos tiene como principales
novedades “dotar al Consejo del Gobierno Abierto -el antiguo Consejo de
la Transparencia- de entidad jurídica propia y adscribirlo a la
Asamblea Regional y no al propio Gobierno al que fiscalizaba. Se amplía
el control de la transparencia a los ayuntamientos y también establece
una protección especial a los denunciantes de corrupción política,
además de dotarlo de capacidad sancionadora, con multas que van desde
los 200 euros para las sanciones más leves hasta los 400.000 para las
calificadas de muy graves y reiteradas”.
El
portavoz naranja ha añadido que en el acuerdo de presupuestos regionales
suscrito entre Ciudadanos y Gobierno regional hay contemplados 150.000
euros “para la puesta en marcha de esta nueva normativa, tal y como nos
comprometimos con los Consejos de la Transparencia y Económico y
Social”.
“Queremos que esta ley, la más avanzada
de su tipo en España, sirva como vacuna contra la corrupción para
nuestra Región, que tanto ha padecido esta lacra”, ha añadido Miguel
Sánchez. La propuesta legislativa de Ciudadanos aumenta el número
sujetos obligados a dar información y ser transparentes, incluyendo a
los 45 ayuntamientos de la Región en su ámbito legal. La ley también
establece como positivo el silencio administrativo a las demandas de
información e incluye al personal eventual como sujeto también a las
normas transparencia.
La nueva ley impulsa el
Gobierno Abierto haciendo hincapié en los principios indisociables de
transparencia, participación y colaboración ciudadana: “Pretendemos una
reforma efectiva para garantizar la transparencia en sus dos vertientes,
la de la publicidad activa y la del derecho de acceso. Al tiempo,
articulamos vías generalizadas de participación para los murcianos,
porque queremos una ciudadanía más informada y activa, sin la cual la
reforma ética que precisa nuestra Región no es posible”, ha añadido el
portavoz regional naranja.
Principales contenidos de la nueva ley
1)
Se crea el Consejo del Gobierno Abierto de la Región de Murcia, que
sustituye al anterior Consejo de la Transparencia. Pasará a depender
directamente de la Asamblea Regional y no del Ejecutivo, como vía para
garantizar su independencia y suficiencia de medios. Además, la
composición de su Comisión Ejecutiva se profesionaliza: un órgano que
tendrá cuatro componentes, un presidente y tres vocales, todos elegidos
por la Asamblea Regional entre profesionales de reconocido prestigio. El
actual Pleno del Consejo de la Transparencia pasará a ser la Comisión
Consultiva del nuevo Consejo.
2) Un avance
fundamental es la inclusión en el ámbito de la ley de los ayuntamientos,
unificando así también las distintas y asimétricas normativas locales.
La Región era la única en la que los ciudadanos no tenían amparado su
derecho de acceso a la información pública local. Esto implicaba que
hasta ahora los murcianos que solicitaban información a su ayuntamiento y
recibían una contestación de rechazo o directamente no eran
respondidos, no tenían más remedio que plantear un contencioso
administrativo.
3) Se introduce el Título VIII de
Protección de los Denunciantes de la Corrupción, una figura básica para
el progreso de nuestra Comunidad Autónoma. Los denunciantes de la
corrupción estarán protegidos a partir de ahora por el Consejo del
Gobierno Abierto, que se encargará de investigar la información aportada
y ponerla en manos de los tribunales llegado el caso.
4)
Se establece la potestad sancionadora del Consejo de Gobierno Abierto,
con multas que van desde los 200 euros de los casos leves hasta los
400.000 para las conductas más graves y reiterativas.
5)
El número de obligaciones que se exigen respecto de la transparencia
activa se ha ampliado, incluyendo ahora la publicación de los gastos de
viajes y representación o las asignaciones a grupos políticos. También
se tiene que publicar las copias de los títulos académicos que cada
representante público afirme tener.
6) El derecho
de acceso a la información pública se específica y mejora, armonizándolo
con el resto de normativas ya existentes en otras comunidades
autónomas. Se establece el silencio administrativo positivo a las
solicitudes de información.
7) Se apuesta por una
participación y colaboración ciudadanas asentadas en procesos
participativos de calidad. Para ello, se amplían los instrumentos de
participación ciudadana hasta doce. El principal instrumento a nivel
regional será el Plan de Gobierno Abierto de la Región de Murcia, con
carácter bienal y que servirá de instrumento promotor y coordinador de
las estrategias de gobierno abierto regionales.
8)
El Buen Gobierno también es ampliado. En primer lugar, las normas serán
aplicables además a los cargos eventuales, no solo a los altos cargos
de la Administración autonómica, diputados de la Asamblea Regional y
concejales de los ayuntamientos. Se fija la información que deben
contener las declaraciones de retribuciones, actividades, bienes,
derechos e intereses, asimilándolas a las exigidas en el Congreso de los
Diputados.
9) El Consejo de Participación
Ciudadana será reformulado para garantizar su absoluta independencia y
la nula manipulación política, ya que, de otra forma, no tendría
sentido.
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