CARTAGENA.- La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, aseguró este lunes en la Asamblea Regional que el anteproyecto de Ley para revertir los recortes en educación del Real Decreto 14/2012, y que estipula bajar la ratio de alumnos y de horas lectivas del profesorado, es inasumible por las arcas regionales debido a la infrafinanciación.
El Ministerio de Educación anunció su intención de suprimir la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula; el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como
mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria), y
la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que
sustituyan a profesores titulares de baja.
Para la consejera, rebajar a 18 horas lectivas en Secundaria y a 23 horas en Primaria por docente costaría 100 millones de euros, que sería «inasumible» si se le suma un descenso de la ratio.
«Unas comunidades autónomas podrán afrontarlo con esa varita mágica y
otras no, lo que generará distintas velocidades en un sistema tan
vital».
Martínez-Cachá calificó como una «monumental estafa» que
el ministerio «invita a pagar» a las comunidades autónomas estas medidas
«a sabiendas de que algunas, como Murcia, no puede hacerlo por un
sistema de financiación que nos ahoga y nos asfixia».
Igualmente,
la consejera de Educación, Juventud y Deportes aseguró que el presidente
del PP, Pablo Casado, mostró su «respaldo absoluto» al presidente del
Gobierno regional, Fernando López Miras, sobre su apuesta por devolver
al Estado las competencias educativas, pero las ha circunscrito a la
evaluación e inspección, de manera que se acabe con las «desigualdades» y
se evite el «adoctrinamiento que está claro que en este país se ha
dado».
Finalmente, apeló a los partidos a recuperar la negociación
sobre el pacto educativo en el Congreso de los Diputados, criticando al
PSOE por haberse levantado de la mesa en marzo de 2018, al mismo tiempo
que admitió que las reuniones sobre el pacto a nivel regional se
paralizaron porque se quería dar prioridad a la subcomisión del Congreso
de los Diputados que abordaba el acuerdo estatal.
Por su parte,
la diputada socialista Choni Ludeña defendió la política educativa del
actual Gobierno, que van a acabar con el «sufrimiento» de la comunidad
educativa y «garantizar la equidad», mientras que el parlamentario de
Podemos Miguel García lamentó el «teatrillo» de la consejera apelando al
acuerdo cuando ha sido una «nefasta gestora» de la política educativa
en la Región.
Desde la bancada de Ciudadanos, Juan José Molina
aseguró que la falta de un pacto educativo nacional se debe al «fracaso
absoluto» de PP y PSOE para haberlo cerrado, mientras que el diputado
del PP Víctor Martínez-Carrasco consideró una «excusa» que el PSOE
abandonara la negociación en el Congreso por no comprometerse el 5% del
PIB para educación en 2025.
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