MURCIA.- Los abogados defensores del exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara
han impugnado el recurso que el fiscal Anticorrupción presentó contra la
absolución de aquel y de dos exaltos cargos de Urbanismo por el
convenio Nueva Condomina, acusándole de «ningunear» las sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) que no eran favorables a
sus tesis incriminatorias.
Así, el recurso presentado
por los letrados Vicente Sanmartín y José María Caballero, al que ha
tenido acceso el fiscal, omite las tres sentencias de la Sala de lo
Contencioso del TSJ porque las mismas resolvían buena parte de las
cuestiones que el fiscal, Juan Pablo Lozano, calificó de ilegales.
Se
refieren así los defensores de Cámara a que esas sentencias respaldaron
la legalidad de lo relacionado con el convenio urbanístico firmado por
aquel y el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, para la
construcción de un nuevo estadio para el equipo en la expansión norte de
la ciudad.
En el recurso se critica la insistencia del fiscal
Anticorrupción en mantener que las obras debían haber salido a concurso,
ya que, se indica, una de las sentencias del TSJ, dictada en 2006, ya
dejó claro que al derivarse de un convenio urbanístico la decisión que
fuese la propia empresa de Samper la que acometiera los trabajos entraba
dentro de la legalidad.
Afirman los letrados que es lógico que la
magistrada que dictó la sentencia absolutoria, la titular del Juzgado
de lo Penal número Cinco de Murcia, restara credibilidad a lo
manifestado por el exconcejal de Urbanismo Ginés Navarro y por el
exportavoz del Grupo Municipal Socialista en el ayuntamiento de Murcia
José Salvador Fuentes Zorita, considerados como los principales testigos
de la acusación, para los que pidieron deducción de testimonio por
haber faltado, presuntamente, a la verdad.
Respecto del primero,
el recurso afirma que no dijo la verdad, porque no se comprende que
dijera que veía «cosas raras» en el convenio urbanístico y que en su
momento y lo presentara y defendiera en el pleno municipal, la misma
actitud de apoyo que mantuvo al presentar la modificación del plan
general de urbanismo para hacer viables los proyectos de Samper.
Por
otra parte, tachan de «parcial y subjetiva la opinión» de Lozano, lo
que, según ellos, le lleva a denostar aquellos testimonios «que no
interesan a su objetivo».
El escrito de impugnación del recurso no
se olvida tampoco de replicar a «los intentos de desprestigiar» el
testimonio de una periodista de la defensa en base a la relación que
mantuvo con un letrado de la defensa muchos años después de escribir
varios artículos periodísticos sobre el convenio, apreciación que, se
lee, «pudiera ser calificada de machista».
Y añade que «si
hablamos de relaciones», podía haber destacado que cuando el fiscal
superior de entonces -en referencia a Manuel López Bernal- recogió la
denuncia, su esposa era letrada del PSOE, partido que actuó en este caso
como acusación particular.
También comentan que el fiscal que
firma el recurso -Lozano- podía haberse referido a otra relación, la
existente con un hermano suyo cuando este fue investigado en un
procedimiento penal -del que salió sin acusación final alguna-,
reprochándole que no advirtiera del parentesco a la instructora del caso
hasta que el mismo fue llamado a declarar en condición de investigado.
El
recurso pide que se desestima la apelación del fiscal, tras señalar que
la sentencia combatida está plenamente justificada y motivada, «con un
consistente argumento jurisprudencial» que lleva a la magistrada, tras
la objetiva valoración de las pruebas aportadas al juicio, a dictar una
resolución absolutoria.
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