MADRID.- ¿Puede ofrecer la misma atención
sanitaria y resultados una comunidad autónoma que invierta este año
1.695 euros por habitante en su sistema de salud que otra que dedique
1.158 euros? Es la distancia, 537 euros, que separa el gasto
presupuestado por persona protegida del País Vasco del de Andalucía en
2018, cuando el esfuerzo de ambas regiones es muy similar, ya que la
partida sanitaria absorbe el 32,14% y el 31,7% del total del gasto
presupuestado, respectivamente, según el informe sobre los proyectos de
cuentas autonómicas para este año del Ministerio de Hacienda que recoge El Economista.
Aparte
del sistema privilegiado de financiación que gozan las dos comunidades
forales en España, la brecha abierta en la atención de una sanidad
autonómica que se financia con cargo a los impuestos generales del
Estado no se ha corregido durante la última década, más allá de la
composición de su población por grupos de edad, que condiciona el nivel
de financiación recibido por cada región, entre otros criterios de
superficie o dispersión demográfica.
Asturias,
Aragón, Extremadura, además de Navarra, exceden en más de 200 euros de
gasto per capita la media nacional de gasto, situada en 1.264 euros por
habitante en 2017. También está resultando desigual el esfuerzo por
recuperar el nivel de gasto previo a la crisis económica.
Solo ocho
regiones (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León,
Valencia, Madrid y Navarra) habían logrado remontar en 2017 el nivel de
gasto per cápita presupuestado en 2010. Pese al alza media del 4,4% de
las cuentas autonómicas para sanidad de 2018, el gasto público sanitario
total no alcanzará el máximo histórico de 72.939 millones de euros de
2009.
A la vista de las asimetrías en el nivel
de gasto que cada región decide o puede invertir en su sistema de salud,
cabe preguntar cómo repercute en los ciudadanos a la hora de disponer
de infraestructuras y recursos asistenciales.
El portavoz de Sanidad de
Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea, lo tiene claro: "Cuando uno
dice que gasta menos pero gasta bien porque soy un buen gestor y los
resultados son buenos, esto no es así", asegura.
"Lo que demuestra el
análisis del SNS es que la peor dotación o financiación se corresponde
con los peores resultados", sostiene.
El catedrático de Economía y director del
Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu
Fabra, Guillem López Casasnovas, cuestiona el uso del indicador de gasto
sanitario per capita como factor de equidad territorial, ya que la
financiación "está ponderada por grupos de edad y reconoce así
necesidades distintas de salud de los territorios", recuerda.
También
precisa este experto que el gasto por persona "no dice nada si se
refleja en costes sanitarios superiores que soporta cada servicio de
salud, por ejemplo en salarios", y que en principio no tendrían un
impacto directo en la calidad de la atención sanitaria.
No obstante, estas consideraciones, los
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud (SNS) que elabora el
Ministerio de Sanidad ofrecen una radiografía autonómica donde las
oportunidades de tratamiento y curación no son, ni mucho menos, las
mismas para los ciudadanos.
El
porcentaje así de pacientes que sufren una fractura de cadera y pueden
ser intervenidos en las primeras 48 horas en los centros y hospitales
públicos del SNS en 2015 fluctúa entre el 19,09% registrado en Asturias y
el 65,32% del País Vasco, cuando la media nacional se sitúa en el
47,8%.
Fernando Marco, jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, señala que
"aunque siempre es delicado opinar sobre entornos clínicos que uno
desconoce, creo que la cifra de programación urgente (menos de 48 horas)
para el global de los pa-cientes que entran por la puerta de urgencias
con una fractura de cadera debe situarse al menos en una aproximación al
30-40% de los mismos", por lo que "cifras inferiores requerirían una
reflexión sobre posible necesidad de recursos adicionales", explica.
Lo mismo cabe decir de la tasa de
reingresos hospitalarios. En este caso, Galicia, Asturias y Castilla y
León presentan porcentajes por encima del 9%, frente a la tasa por
debajo del 7% de Canarias, Aragón y Navarra. Son oportunidades de
tratamiento y de efectividad clínica muy diferentes para los ciudadanos.
Tampoco es lo mismo el porcentaje de cesáreas de los hospitales
públicos del País Vasco (12,96%) que la tasa de los centros extremeños,
28,85% del total de partos. Región esta última que vuelve a presentar
los peores indicadores de reingresos hospitalarios urgentes después de
infarto, con un 11,21% del total de casos intervenidos, frente al 5,18%
registrado por Navarra, según la síntesis de 247 indicadores que
actualiza Sanidad.
Si se pone el foco en la tecnología o en
los recursos asistenciales, difícilmente se puede procurar la misma
atención con 2,2 camas hospitalarias en funcionamiento por cada mil
habitantes en Andalucía, que con 3,8 camas de Cataluña.
Ni tampoco está
en condiciones de garantizar mejores tiempo de lista de espera
quirúrgica Castilla-La Mancha, con 7,01 quirófanos en funcionamiento por
100.000 habitantes, que Navarra, con una red de 11,32 quirófanos por la
misma franja de población.
Precisamente, Castilla-La Mancha es junto
con Canarias la región donde sus ciudadanos esperan más para someterse a
una operación programada, con más de 177 y 179 días, respectivamente,
frente a la media nacional quirúrgica de 104 días.
Un análisis más fino, hospital a hospital o
por servicio, arrojaría variaciones en la práctica clínica
intrarregional más importantes incluso que las registradas entre
comunidades, sostiene Guillem-López Casasnovas.
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