ALICANTE.- Cinco años después de que se desgajara de la causa principal abierta por
la gestión de la CAM, el lunes comienza en la Audiencia de Alicante el
juicio por el cobro por parte del último presidente de la entidad,
Modesto Crespo, de 600.000 euros en dos años en concepto de dietas,
parte de ellas con carácter retroactivo. Un proceso que sentará en el
banquillo, además de al empresario ilicitano, al exdirector general de
la caja Roberto López Abad y a los 21 miembros del consejo de
administración que dio luz verde a los pagos, recuerda hoy el diario Información.
Será Felipe Briones quien ejerza la acusación pública, que pide hasta
cuatro años de prisión para el empresario ilicitano y otros tantos para
López Abad por un delito de apropiación indebida agravada o,
alternativamente, uno de administración desleal. Crespo en concepto de
autor y López, como inductor o cooperador necesario.
Anticorrupción
sostiene que el exdirector general «ideó un plan para burlar los
límites que existían en la percepción de las retribuciones» para pagar
al entonces presidente, además de las dietas a las que tenía derecho,
otros 300.000 euros anuales.
Para ello, según el relato del fiscal,
López Abad propuso primero a la comisión de retribuciones y después al
consejo de administración que se nombrase a Crespo presidente de una
participada (Tinser Cartera S. L.) y se le retribuyese con 300.000 euros
al año como si se tratase de una dieta.
Tanto la comisión de
retribuciones, compuesta por el vicepresidente Antonio Gil-Terrón y los
consejeros Martín Sevilla y Luis Esteban, como el resto de los miembros
del consejo de administración dieron el visto bueno. Una afirmación del
fiscal que niega la mayoría de los consejeros, quienes afirman que la
retribución jamás se vio en el consejo y que fue posteriormente
introducida manipulando el acta.
A los 21 consejeros la
acusación pública les considera autores, al igual que a Crespo, de un
delito de apropiación indebida o administración desleal, aunque en la
petición de penas distingue entre los que formaban parte de la comisión
de retribuciones (la primera que dio el visto bueno a la propuesta),
para los que pide tres años de prisión, y el resto, a los que reclama dos.
Las multas, en total, superan el 1,2 millón de euros.
Para López
Abad éste será su tercer juicio por la gestión en la caja. Fue absuelto
en el primero y condenado a tres años en el segundo, aunque la sentencia
está pendiente del Supremo. Crespo se enfrenta a su segundo tras ser
absuelto en el del falseo de la cuentas.
El
fiscal será la única acusación después de que la Fundación CAM se haya
retirado del proceso. En un escrito presentado ayer, la heredera de la
Obra Social comunica a la Audiencia que «se haya inmersa en un plan de
viabilidad para salvaguardar el patrimonio cultural que gestiona», lo
que le obliga a una «contención de gastos».
Recuerda que durante toda la
investigación ha ejercido su posición como acusación para el
esclarecimiento de unos hechos que considera «indiscretamente
relevantes» y que, llegados a este punto, entiende «cumplido su
principal objetivo de poner en manos de la Justicia el enjuiciamiento de
unos hechos presuntamente delictivos, para lo que confía en el tribunal
y en el fiscal como garante de la legalidad» y de su condición de
«víctima y perjudicada».
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