MURCIA.- Los grupos de la oposición acusaron este viernes al Partido Popular
de la Región de haber infringido un «gran daño a los ciudadanos
murcianos» con sus «desmanes». Así reaccionaron desde el PSOE, Podemos y
Ciudadanos tras conocer
que la juez María del Mar Azuar ha imputado a doce personas, entre
ellas al exconsejero de agricultura, Antonio Cerdá, y está investigando
seis delitos, en relación a la desaladora de Escombreras. Los tres
partidos apuntaron, además, que la comisión de investigación sobre este
asunto ya apuntaron a una clara responsabilidad de Valcárcel y Cerdá.
El
vicesecretario general y portavoz del PSRM, Francisco Lucas,
consideró así este viernes que la ciudadanía de la Región de Murcia
"sigue pagando las consecuencias de los desmanes megalómanos del PP y de
Valcárcel".
"Sin ir más lejos, este año tendremos que pagar a las
empresas del grupo ACS más de 17 millones de euros por la construcción y
mantenimiento de la desaladora de Escombreras, como consecuencia de que
en su día se firmó un contrato leonino que costará a la Comunidad
Autónoma más de 600 millones de euros", señaló.
Según Lucas, la
desaladora de Escombreras "fue el proyecto estrella de Valcárcel para
apoyar su modelo de crecimiento basado en la especulación con el suelo y
la construcción, lo que ha traído a la Región innumerables casos de
corrupción urbanística y el desprestigio de sus instituciones".
"Para
recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo, Valcárcel
montó un entramado empresarial público-privado para contratar al grupo
ACS, eludiendo la legislación sobre contratación de las administraciones
públicas", indicó.
El portavoz socialista recordó que todos los
comparecientes en la comisión de investigación de la Asamblea Regional
que investigó durante meses la trama de la desaladora de Escombreras
apuntaron a Valcárcel y Cerdá como los grandes muñidores de esta
operación, que utilizó recursos públicos con la intención aparente de
favorecer intereses privados.
"El Gobierno de López Miras continúa
impasible ante uno de los mayores escándalos de las últimas décadas, lo
que le hace cómplice de la situación", denunció.
"Lejos de
atender las recomendaciones que realizó la comisión de la Asamblea para
llegar a un acuerdo razonable con el grupo ACS, o denunciar ante los
tribunales un contrato que se ha demostrado que es muy perjudicial para
la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional ha decidido seguir
protegiendo a Valcárcel y a Cerdá a costa de seguir pagando un elevado
coste por el alquiler y mantenimiento de la desaladora", añadió.
Finalmente,
Lucas remarcó que también el Tribunal de Cuentas y el interventor
general de la Comunidad Autónoma han reclamado en reiteradas ocasiones
al Gobierno regional que adopte medidas para acabar con esta situación
injustificable.
En
la misma línea, el secretario general de Podemos Región de Murcia,
Óscar Urralburu, señaló que "ya es hora" de que los responsables
políticos del "desastre" de la desaladora, y en particular "su principal
hacedor, Valcárcel", empiecen a "desfilar por los juzgados para se
dirima su responsabilidad en este saqueo de las arcas públicas".
Urralburu
afirmó que nos encontramos de nuevo ante el 'modus operandi' del PP en
general y de la Región de Murcia en particular. "Cargos del gobierno que
cometen presuntamente prevaricación, cohecho, mordidas, sobres,
apropiación indebida al tráfico de influencias, unos términos que ya
tristemente nos suenan habituales", dijo el también portavoz
parlamentario de Podemos.
Óscar Urralburu aseguró "que la
desaladora no se construyó ni para los agricultores ni para el consumo
humano, la encargó el gobierno de Valcárcel para para justificar los
desarrollos urbanísticos del pelotazo y para saquear las arcas públicas.
La desaladora no solo ha sido un mal negocio para las arcas públicas es
uno de los puntos negros de la corrupción de la Región".
El
secretario general de Podemos afirmó en que el PP "eligió las empresas a
dedo y se saltaron la ley por todos lados. Esa parte privada también
forma parte de la trama. Algo que quedó negro sobre blanco en la
Comisión de la Desaladora en la Asamblea Regional. El objetivo no es
otro que armar una trama para que la CARM pudiese evitar el concurso
público para construir una desaladora con la que alimentar la burbuja
inmobiliaria".
Además, consideró que "al gobierno del PP poco le
importó que este chiringuito se montase a cargo de las espaldas de los
murcianos y murcianas. La trama diseñó la desaladora para que fuera la
Comunidad Autónoma la que avalase la construcción de la desaladora y la
que diese respaldo a las posibles pérdidas de las empresas privadas,
concretamente a las del grupo Cobra que pertenece a ACS".
Por
último, Urralburu hizo hincapié en que "la trama que montó el PP puede
acabar costando a todos los murcianos y murcianas 600 millones de euros
que van a ir a parar a las manos del grupo ACS. Cuando el coste real de
la desaladora está fijado en alrededor 111 millones de euros y es una
cantidad ya pagada por la Comunidad Autónoma en diversos conceptos".
Por
su parte, Ciudadanos pidió explicaciones al Partido Popular tras
conocer la resolución de la jueza María del Mar Azuar. El portavoz
regional de la formación naranja y presidente de la Comisión de
Investigación de la desalinizadora de Escombreras, Miguel Sánchez,
calificó el auto como "demoledor" y añadió "que es lamentable que la
Región de Murcia vuelva a ser noticia destacada en los medios de
comunicación por un acontecimiento vergonzante, producto de la
corrupción del Partido Popular. Los jueces tiene que hacer su trabajo,
pero es necesario que desde el Gobierno regional se den las pertinentes
explicaciones".
"¿Hasta cuándo abusará el Partido Popular de la
paciencia de los murcianos?", se preguntó Sánchez, quien recordó que el
levantamiento del secreto de sumario coincide con la declaración en sede
judicial del expresidente regional Pedro Antonio Sánchez en relación al
'caso Pasarelas'. "López Miras se empeña en ocultar el pasado ominoso
de corrupción del Partido Popular, pero la corrupción está en la médula
espinal de su partido", añadió Sánchez.
En este sentido, Sánchez
resaltado que "el Partido Popular no puede intentar tapar todo el daño
que ha hecho a los murcianos con un Congreso sin contenido, ni
oposición. Los hechos demuestran que no estamos ante un PP regenerado,
sino ante un PP consumido y agotado por la corrupción, que no encuentra
el rumbo para dirigir el futuro de un millón y medio de murcianos. Hoy
los informativos hablan de los delitos que investiga la jueza sobre la
desalinizadora de Escombreras y sobre la declaración judicial del ex
presidente ¿Qué será lo próximo?".
El portavoz de la naranja se
refirio al "enorme perjuicio que ha supuesto la desaladora de
Escombreras para las arcas públicas, al tener que pagar más de 600
millones de euros por comprar a plazos una desaladora que había costado
111 millones, a lo que se suman obligaciones de pago por su
mantenimiento por valor de varios millones de euros".
"Un modelo ruinoso
como dijo el propio Cerdá durante su comparecencia en la Comisión",
recordó el portavoz de la formación naranja.
Sánchez incidió en
que en las conclusiones elaboradas por la Comisión de Investigación
quedó claro que se sorteó la legalidad vigente y se apuntaba a una clara
responsabilidad de Valcárcel y Cerdá.
"Vamos a esperar los
acontecimientos, pero una vez más quienes van a pagar las consecuencias
de la corrupción del Partido Popular son los murcianos".
