En un editorial de José Antich, dando cuenta de la nominación de Quim Torra (un peón al servicio del proyecto republicano),
recuerda que Torra hablaba hace unos años de los cien metros que
quedaban por recorrer al independentismo. Y concluye avisando que aquí
están los metros; ahora, a recorrerlos. Hic Rodhus, hic salta!
Torra
recorrerá los cien metros o no; o lo pararán antes por la viva fuerza; o
los recorrerá partidos, cincuenta de ida y cincuenta de vuelta; o los
recorrerá enteros para descubrir que le quedan otros cien y luego otros
cien...Pueden pasar muchas cosas pero dos han quedado meridianamente
claras:
Primera.- El
presidente del govern es el presidente del govern de Puigdemont,
presidente de la República Catalana. La estructura dual del
presidencialismo gaullista o a la francesa se consolida. Una vez
funcionando el govern con este carácter dual, del que el gobierno
central no se dará por enterado, el problema llegará con el alcance
material de la legislación del Parlament. Y llegará, lógicamente,
pronto. En cuanto al Parlament le entren inspiraciones constituyentes.
Segunda.- Para
complicar más las cosas, la existencia de presos y exiliados políticos
independentistas es inaceptable para cualquier gobierno independentista.
La situación no empezará a normalizarse en tanto no se haya desactivado
la represión judicial en su totalidad. Y esto es algo improbable a la
vista de la mayoría en el Congreso y de la que se avecina.
La
nominación de Torra como presidente in péctore ha acaparado la atención
mediática y, como siempre, a lo largo de una línea de enfrentamiento.
Los medios españoles o catalanes de inspiración unionista y el unionismo
en general han reaccionado con hosquedad. Algunos critican que sea un
nombramiento digital, pero tampoco mucho porque no es tanto un
nombramiento para otro cargo como una designación de un alter ego.
Otros
se hacen cruces del radicalismo tuitero del candidato. Los socialistas catalanes lamentan su caracter "sectario". Para Rivera es un radical peligroso al que hay que tratar a golpe de 155 hasta que se amanse y hasta los de Podemos lo acusan de sembrar odio, así, como si fuera un peligroso titiritero o un rapero antisistema.
En el campo independentista, en cambio, lo reciben con alborozo. En elMón, Cot lo tilda de "intelectual solvente", en el Punt Avui lo llaman "independentista de pedra picada". Lo que para el bloque unionista (o bloque del 155) es un vicio, es una virtud para el bloque independentista.
El
nombramiento del "presidente provisional" disgusta en algunos barrios.
Por ejemplo, el feminista. Muchos daban por supuesta a Elsa Artadi.
Otros, como la CUP, por otro motivo, el del incumplimiento estricto del
mandato de las urnas. Quizá también recelos en la ANC. Nada estaba
apalabrado, nada previsto y solo operaba el acuerdo de que la decisión
era de Puigdemont como recordaba horas antes Artur Mas.
Y así ha sido.
Lo cual no quiere decir que, quienes tengan objeciones no deban
formularlas. Están en su derecho, como lo estarán de seguir haciéndolo a
lo largo del trayecto, sea cual sea su duración; o, incluso de
interrumpirlo.
Aquí
hay un objetivo en marcha de construcción de una República Catalana
independiente que carece de precedentes, en un proceso revolucionario
nuevo. Revolucionario porque aspira a cambiar el principio mismo de
legitimidad del sistema político, pasándolo de monárquico a republicano.
Nuevo porque se hace públicamente, democráticamente, pacíficamente, con
expresa exclusión de la violencia. Una revolución basada en un uso
intenso de las redes sociales, reales y virtuales, que ha creado una
estructura de movilización permanente animada por las asociaciónes de la
sociedad civil y ha conseguido un alto grado de visibilidad
internacional. No es una revolución hecha por los partidos sino por la
sociedad.
Y no es posible procesar a la sociedad.
El bloqueo
Mi artículo para elMón.cat, titulado cuestiones para saber en dónde estamos.
El conflicto España-Catalunya se agrava y se hace más irreversible por
instantes. Conviene detenerse de vez en cuando a ver la trifulca con
distanciamiento. Eso es lo que quiere el artículo. Pero de ayer a hoy
hay nuevos acontecimientos que apuntan siempre en la misma dirección.
El
gobierno central mantiene su intransigencia y beligerancia, bloqueando
las decisiones del Parlament que le desagradan. En el frente judicial
del 155, el juez Llarena procesa por rebelión, sí, por rebelión, a Puigdemont y veintidós líderes independentistas más.
El
nuevo auto hará las delicias de los "llarenólogos": que si sigue
buscando la violencia como Dios buscaba media docena de justos en Sodoma
y Gomorra; que si califica de violencia la no violencia frente a la
violencia; que si lo de la malversación está en el terreno de los
deseos; que si imputa aquí delitos que allí no le admiten; que si
utiliza como fuente de derecho las arengas patrióticas del rey, etc. No
son los detalles los que que hacen injusto el proceso; es el proceso
mismo por su carácter político.
La
acción represiva del gobierno valiéndose de los tribunales para
organizar una causa general contra el independentismo es patentemente
ilegítima. Por eso se obstina en negar la condición de presos políticos a
los presos políticos (y, de paso, conculca sus derechos) y el juez
sigue empeñado en convertir en delictiva la legítima oposición política y
la opción independentista. Y lo que queda claro en esta actitud es una
firme voluntad de mantener la vía represiva, policial y judicial así
como política, sin la menor voluntad de negociación.
Todavía
más, se percibe en la actitud general del bloque del 155 un propósito
de incidir en la represión y en la humillación hasta el punto de
provocar una respuesta violenta que justifique esa misma represión hasta
sus últimas consecuencias, la supresión de la autonomía catalana.
En
estas circunstancias el dilema del independentismo entre investir a
Puigdemont y proclamar la República o aceptar el marco autonómico y
tener un gobierno "efectivo" está casi resuelto a favor de la primera
por el propio gobierno que, con la continuidad de la represión judicial,
no deja salida alguna, ni siquiera la autonómica.
La
idea beligerante es que la fuerza doblegará la voluntad. Una vez
procesados los dirigentes independentistas (e inhabilitados, condenados,
etc), es decir, descabezado el movimiento, este se apagará. Es
la visión autoritaria del independentismo catalán como un problema de
orden público que se resolverá como en el País Vasco.
Tropieza aquí con
su manifiesta contradicción que se obstina en no reconocer: que el
movimiento es de masas, con una amplísima base social transversal que
tiene una gran autonomía de acción, unos objetivos específicos y una
gran capacidad de relevar a sus líderes. Que no es una conspiración,
sino un deseo y un propósito colectivo, democrático, no violento y
colectivo.
Perseverar
en la política represiva solo conduce a perpetuar el conflicto y hacer
ingobernable la situación. Leo que un ayuntamiento catalán de mayoría
cupaire ha decidido multar a quienes retiren lazos amarillos de los
lugares públicos con el objetivo de acabar con la impunidad de las
bandas fascistas. Y leo también que otro municipio de ERC planea hacer
lo mismo. La confrontación se da en todos los órdenes y niveles, en el
interior como en el exterior, en las instituciones y en la calle.
No
se puede gobernar un país en contra de la voluntad de sus habitantes.
Así que solo hay dos opciones: se entabla un proceso de negociación o se
procede mediante la fuerza bruta en régimen de excepción para arrasarlo
todo y llamarlo paz como cuenta Tácito.
Aquí, la versión castellana:
Cuestiones para saber en dónde estamos
¿Cuántos
presidentes tiene la República Catalana? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ninguno? ¿Existe
la República Catalana? ¿Es independiente? Algunos procesados por el
Tribunal Supremo aseguraron ante el juez que la declaración de
independencia fue meramente simbólica. Pero el Tribunal Constitucional
acaba de anularla. Anular símbolos es difícil. ¿Cuáles son los derechos
de los presos y exiliados políticos?
Todo
cuestiones que dibujan una situación confusa, de una complejidad
innecesaria que evidentemente se ha ido de las manos del gobierno
central. En el interior porque la judicialización del procés y la
consiguiente politización de la justicia, errores mayúsculos,
típicamente autoritarios, no dejan margen de maniobra política (supuesto
que exista) y deslegitiman la vía jurídica. En el exterior porque al
impacto mediático de la internacionalización del procés se añade una
desafortunada gestión jurídica y diplomática que ha causado roces con
diversos países.
El
gobierno mantiene el 155 a todos los efectos, no muestra voluntad
dialogante alguna y se reúne en sesión extraordinaria para impugnar de
inmediato la aprobación de la reforma de la Ley de la Presidencia y
cualquier otra decisión del Palament que le desagrade. Los tribunales
están animados de igual celo represivo del independentismo. El juez
Llarena sigue procesando gente e insistiendo en la entrega de
Puigdemont, si no por el presunto delito de rebelión, por el también
presunto de malversación.
En su celo perseguidor, el juez se expone al
ridículo. Así como acabó viendo violencia en donde había no violencia,
ahora ve malversación en donde no ha habido gasto. Dejando al margen la
magnitud y la cantidad de las supuestas pruebas y son irrisorias, resta
le cuestión de que la acusación propiamente hablando tampoco es de
malversación, sino de “tentativa” de malversación.
La
verdadera tentativa aquí es la de enfrentarse a un movimiento
independentista como el catalán reduciéndolo a una cuestión de orden
público que se resuelve mediante la represión policial y penal.
Valiéndose para ello de una causa general contra el independentismo en
un proceso típicamente político. Tentativa que no deja duda respecto a
las intenciones del bloque del 155 que no tiene la menor intención de
retirarse.
Este
es el talante del nacionalismo español y estas las circunstancias en
las que vive el independentismo. Con dos opciones: República, Puigdemont
y nuevas elecciones o gobierno en el marco autonómico, asfixia del
independentismo, imposibilitado de seguir con el proceso y nuevas
elecciones.
Téngase
en cuenta que la existencia de presos y exiliados políticos es un
obstáculo que imposibilita toda normalización política Es impensable una
República Catalana con sus dirigentes políticos encarcelados y también
lo es un gobierno autonómico que no comience por exigir su liberación.
Aquí entran los tribunales que no solamente no son proclives a soltar
sus presas sino que piensan seguir procesando gente (cargos públicos,
representantes, etc) por variados motivos.
En
una situación política normal, con un sistema político normal una
opción como la del gobierno “efectivo” podría confiar en la voluntad
negociadora de la otra parte. Pero la otra parte es el Estado español,
cuyos máximos representantes (del rey a los políticos) son beligerantes
contra Catalunya, sin intención alguna de negociar nada y, aunque la
manifestaran, obviamente no serían creíbles.
Confiar en la voluntad
negociadora del Estado, teniendo en contra a las tres cuartas partes del
Parlamento, sin contar con los de Podemos, aunque sin mucha seguridad
es confiar en lo imposible.
El
resultado de unas elecciones catalanas anticipadas en las que se
concentrará la atención mediática exterior es justamente lo que la
opinión pública internacional puede exigir: un referéndum limpio, con un
resultado a favor o en contra de la independencia que decida
definitivamente la cuestión. Es poco lo que se pierde en el peor de los
casos, que el independentismo no ganase, por cuanto lo que no se perderá
será la condición autonómica.
El argumento según el cual un gobierno
por acuerdo es más efectivo que otro por haber perdido las elecciones,
introduce una diferencia que es poco probable.
Si
la independencia de Catalunya fue o no simbólica, si lo fue la
República, si lo es hoy la República en el exilio, solo puede
dilucidarse mediante la presidencia de Puigdemont. No siendo esto
posible por causa de fuerza mayor, mediante unas elecciones con una
lista de país, para hacer República y liberar a los/as presos/as
políticos/as.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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