El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha perdido definitivamente la batalla de la rebelión tras el revés de este martes en la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein. Las nuevas
pruebas —fotos, vídeos y documentos— que con tanta pompa fueron
presentadas hace unas semanas desde el gobierno y la justicia española
para tratar de que fuera extraditado a España por este delito el
president Carles Puigdemont, y tratar así de revertir la decisión
inicial de la justicia alemana del mes de abril, han tenido el mismo
final: no hubo rebelión.
Le queda, por tanto, una única bala en la
recámara al juez Llarena: que sea aceptado el delito de malversación,
sobre el que existen desde siempre dudas más que razonables a la vista
de la instrucción practicada y que solo sostienen el juez español y la
Guardia Civil, no así el Ministerio de Hacienda.
La decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein zanja
una batalla que quería mantener viva hasta el último suspiro la justicia
española y que ha hecho suya desde el principio y de oficio la fiscalía alemana,
que unas horas antes emitió un comunicado dando por bueno el delito de
rebelión.
El juez Llarena aborda los días que restan hasta el desenlace
definitivo en una posición claramente defensiva tras el serio revés
sufrido. Los dos artículos más citados de la legislación alemana estos
últimos meses, el 81, que hace referencia a la alta traición y que está castigado con penas de entre 10 años y cadena perpetua, y el 125, que aborda la violación de la paz no le son aplicables al president Puigdemont. Punto y final.
Como ya sucedió tras el pronunciamiento de la justicia belga, ya
denegada en aquel país definitivamente la extradición, a diferencia, por
ahora, de la justicia alemana que aún no ha completado todo el
procedimiento, los partidos españolistas, pese al malestar, han
respondido con una gran contención. Lo hacen para no cometer el error de
excitar, como en ocasiones anteriores, al gobierno alemán y su opinión
pública.
Viene a cuento, no obstante, recordar el siguiente
pronunciamiento tajante de Albert Rivera en esta
batalla desbocada de los últimos meses para catalizar alrededor suyo el
ataque más feroz contra el independentismo e impedir que nadie le
dispute abanderar la enseña española. Pues bien, Rivera llegó a dejar
escrito: "Un país federal como Alemania trata con igual o más dureza
penal la rebelión/alta traición que la España autonómica. Destruir una
democracia europea se paga caro". Eran palabras buscando votos,
ciertamente, porque sus pronósticos están lejos, hoy por hoy, de
materializarse.
Y no deja de sorprender, aunque después de todo lo visto es más que
previsible que, mientras eso sucede en Alemania o antes en Bélgica, la
justicia española se mantenga impermeable en sus posiciones. Tomando
decisiones que mantienen a los presos políticos en prisión preventiva o
privando a los consellers Turull y Rull de hacer uso sus derechos
políticos. Spain is different, ciertamente.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
No hay comentarios:
Publicar un comentario