CARTAGENA.- La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales de la Asamblea Regional aprobó este
miércoles por unanimidad una moción del PSOE que pide una ley que
contemple medidas para proteger a los denunciantes de prácticas
corruptas e ilegales. Según explicó la socialista Presentación López, lo
que quieren es que desde el Gobierno nacional se articulen este tipo de
instrumentos.
La diputada del PSOE apuntó que los organismos
internacionales como Naciones Unidas y Transparencia Internacional han
pedido que haya una ley que regule específicamente la protección al
denunciante y que garantice la confidencialidad.
«Hay que proteger a esa
persona frente a posibles represalias, acoso y campañas de difamación»,
dijo añadiendo que la ley debería afectar tanto al sector público como
al privado.
A su vez, la Comisión aprobó por unanimidad una
iniciativa de Ciudadanos para ampliar el turno de oficio para la cárcel
de Campos del Río. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, recordó
que la prisión de Sangonera tiene un convenio firmado con el Colegio de
Abogados desde 2008, que ha sido renovado el pasado mes de julio, y que
ha permitido que en 2016 se realizaran 12.000 asistencias a 2.400
reclusos.
En este sentido, Sánchez manifestó que era necesario
corregir el agravio comparativo existente en la actualidad ya que los
reclusos de Campos del Río no reciben este servicio. En este sentido,
incidió en que «los letrados se desplazan al centro penitenciario donde
resuelven dudas y problemas de índole muy variada que ayudan a la
integración social de los presos y en muchos casos realizan gestiones en
otras instituciones o administraciones públicas, asumiendo la defensa
del interno».
A esta iniciativa se ha incorporado una enmienda del PP
para extender la prestación de este servicio a los letrados de los
colegios de Cartagena y Lorca.
Durante la jornada, la Comisión
también solicitó intensificar las inspecciones a las plataformas de
vehículos con conductor para frenar la competencia desleal. La
iniciativa, del PP, salió por unanimidad. En ella, Patricia Fernández
explicó que se pretende «evitar» la competencia desleal y el
«intrusismo» relacionado con el sector del taxi.
Según los datos
aportados, en la Región operan 774 licencias de taxis frente a 90
vehículos con conductor, que están adscritos a plataformas como Uber y
Cabify.
«Se están haciendo controles por parte de la Dirección General
de Transportes. El año pasado se realizaron cuatro en las que se
detectaron numerosas irregularidades», afirmó la parlamentaria.
Por
otro lado, se aprobó por unanimidad una moción de Podemos para elaborar
una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. «Pretendemos que llegue cuanto antes a
la Asamblea Regional», pidió la diputada María López, que indicó que ya
existe un borrador elaborado por el Gobierno regional. «No se puede
dilatar más tiempo su llegada a la Asamblea», manifestó.
Según indicó,
la ley actual es del año 98, mientras que el anteproyecto ley pretende
coordinar aspectos laborales, salariales, uniformidad y reconocimiento,
las bases para las oposiciones, entre otros.
Asimismo, la comisión
ha ordenado para los días 14 o 21 de mayo la comparecencia del decano
del colegio de Graduados sociales de Murcia. Será la Junta de Portavoces
la que ordene definitivamente el día de su comparecencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario