Más
manifestaciones. Pensionistas manteniendo su reivindicación
por la pérdida de su capacidad adquisitiva, pero al mismo tiempo
muchos votos en juego. Administradores públicos atribulados por la
sostenibilidad del sistema y tributarios del Gobierno.
Interviene Luis Linde, gobernador del Banco de España, que muestra una
cara buena y una mayor cordialidad hacia los pensionistas.
Pero
el gobernador no puede, por otro lado, olvidar como el envejecimiento
de la población dispara el gasto social en pensiones, cuidados
sanitarios y domésticos. La Comisión Europea calcula que llegarán al
21% del PIB en 2050; es decir, dos puntos por encima del gasto actual
del 19% del PIB.
El gobernador también subraya que las reformas aprobadas para
encauzar el gasto de las pensiones van a recibir un caudal de ingresos
suplementarios gracias a la buena marcha de la economía, que dará paso a
una recaudación más elevada, sobre todo si suben los salarios. El
mensaje ha cambiado: más ingresos aunque se mantenga la contención en
los recortes.
El sistema público español de Seguridad Social consta de dos partes.
La más importante descansa sobre las aportaciones de los trabajadores
en tanto que la segunda se nutre con partidas presupuestarias ajenas a
las cotizaciones. Éstas partidas financian las pensiones mínimas no
contributivas. Esta doble fuente de financiación explica que mientras el
gasto de las pensiones contributivas en 2017 supuso el 10,6% del PIB,
el gasto total de la Seguridad Social se elevó al 11,7% del PIB.
Las proyecciones demográficas para quién se jubila a los 65 o 67 años
avanzan la buena noticia de una esperanza de vida de 86 años, de las
más altas de Europa y que, de acuerdo con las predicciones demográficas
llegaría hasta los 90 para las siguientes generaciones.
El incremento de la esperanza de vida contrasta con una tasa de
fertilidad de 1,3 niños por mujer en edad de procrear. La población
española se reduciría, de acuerdo a estas previsiones, en un 12% en un
próximo futuro, y eso contando con una inmigración neta de 3 millones de
personas. El resultado es que la proporción de trabajadores activos por
pensionistas descenderá de 4 a 1 a menos de 2 a 1.
Este escenario demográfico ya motivó la adopción de una serie de
reformas en 2011 y 2013 en la estructura del Pacto de Toledo. Las
reformas introducían en primer lugar un Índice de Revaluación de las
Pensiones que abandonaba el automatismo de la correlación con el IPC.
La consecuencia es esa modesta revaluación del 0,25% para todas las
pensiones superiores a 860 euros por mes; las pensiones comprendidas
entre 700 euros y 860 euros subirán un 1% y un 1,5% para aquellas
inferiores a 700 mensuales. Por otro lado, las pensiones de viudedad
crecerán un 2% y las pensiones mínimas no contributivas un 3%. En
cualquier caso, unos 5 millones de pensionistas pierden capacidad
adquisitiva.
Una dura realidad que exigía transparencia y explicaciones para responder a las tres preguntas dramáticas que plantea el FMI.:
- 1º ¿Cuál es la cantidad aceptable como pensión de jubilación?
- 2º ¿Cuál es la parte de la pensión de jubilación garantizada por el Sistema Público?
- 3º ¿Cuáles deben ser los beneficios de los pensionistas frente a otras necesidades sociales como la sanidad y la educación?.
Preguntas dramáticamente presentes cuando el Sistema ha pasado de superávit a déficit desde el año 2009.
El gobernador ha dejado caer en el Congreso de los Diputados la
responsabilidad de la viabilidad y sostenibilidad del Sistema de
Pensiones. El Pacto de Toledo ha sobrevivido a la Gran Recesión pero
gracias a la ayuda de una financiación ajena vía un incremento de la
deuda pública.
Es la hora de un esfuerzo de realismo para mantener una cobertura que
alcance a todos los jubilados sin que los equilibrios presupuestarios
salten por los aires. Evitar el caso de Grecia aplicando reformas
estructurales como la de remover el tope máximo de cotización (no existe
en muchos otros países de Europa), congelar las pensiones más elevadas
(nuestro Sistema es más generoso que el de otros países europeas con una
mayor renta por habitante), aumentar también la edad de jubilación en
unos años como también han hecho ya otros países de la UE.
Al margen del propio Sistema, el acopio de ingresos para hacer frente
a su sostenibilidad, podría apoyarse en una subida del IVA en grupos
bien estudiados de productos, así como también un incremento de los
tipos del IRPF para las rentas por ejemplo, superiores a los 100.000€
anuales.
La protección social es clave en una economía democrática abierta; es
la medida más eficaz contra la xenofobia o el nacionalismo separatista.
Cuando se constituyó el Pacto de Toledo (6 de abril de 1995) se le
encargó a sus Administradores el “análisis de los problemas
estructurales del Sistema de Seguridad Social y las principales reformas
que deberían acometerse”.
El origen del Pacto fue una propuesta de Convergència i Unió,
¿Estarían ahora los señores Puigdemont y Junqueras dispuestos a
colaborar con otras fuerzas políticas para analizar la cuantía y
evolución de las pensiones de todos los ciudadanos de Cataluña y del
resto de España? La intervención del Gobernador abre una ventana de
posibilidades para la negociación.
(*) Economista del Estado
No hay comentarios:
Publicar un comentario