MADRID.- La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha informado que el presupuesto total de su departamento ascenderá a 2.108.677.900 euros,
lo que representa un 3,57% de aumento. Aseguró que las partidas en
cambio climático y protección del medio natural no se reducen, sino que
se reparten en otros ministerios.
La ampliación de las desaladoras por
parte de Acuamed, el nuevo depósito de la Mancomunidad de Canales del
Taibilla, la continuidad de las obras de regeneración de la bahía de
Portmán y los estudios para la recuperación del Mar Menor figuran en el listado de inversiones y proyectos.
En la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, señaló que el presupuesto global en materia de agua
es de más de 1.688 millones de euros, un 4,5% más que en 2017.
De esta
cantidad, casi 643 millones serán gestionados por la Dirección General
del Agua, algo más de 921 millones de euros por las confederaciones
hidrográficas y 124,3 millones a las inversiones de las sociedades
estatales.
El objetivo, según la secretaria de Estado, es dar
continuidad a las actuaciones prioritarias en materia de saneamiento y
depuración de aguas residuales que sean competencia del Estado y que
están incluidas en el Plan Crece, que prevé actuaciones por unos 1.100
millones.
El diputado
del PSOE Gonzalo Palacín reconoció el incremento presupuestario, pero
criticó que las partidas que menos aumentan son «las más necesarias»
para combatir el reto del cambio climático.
Para el diputado de Unidos
Podemos Juan López de Uralde «queda claro» que España no tiene un
Ministerio de Medio Ambiente, por la «falta de voluntad política» del
Gobierno ante estos presupuestos. Los tildó de «menguantes» y lamentó
que la mayor parte de la inversión ambiental se destine a
infraestructuras de agua.
En la misma línea, el diputado de Unidos
Podemos Pedro Arrojo dijo que las inversiones se centran en grandes
presas, que calificó de «inútiles, caras y peligrosas».
Por el
contrario, el diputado de C's, el murciano José Luis Martínez considera que estos
presupuestos son «buenos» porque destinan el 56% al gasto social. Sin
embargo, también criticó el descenso de las partidas de cambio
climático.
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