ALICANTE.- La Audiencia de Alicante ha confirmado el procesamiento del alcalde de Alicante Gabriel Echávarri por el fraccionamiento de contratos de la concejalía de Comercio, según han confirmado fuentes municipales al diario Información.
La Sección Segunda ha rechazado el recurso presentado por el alcalde
en la causa así como el de sus dos asesores imputados Lalo Díez y Pedro de Gea.
Los magistrados consideran que hay indicios de delito en la actuación
de los investigados y confirma la decisión de la magistrada de llevarlos
al banquillo.
El siguiente paso sería devolver la causa al
juzgado para que el fiscal y el PP presenten escrito de acusación y
finalmente decretar apertura de juicio oral.
La juez les investiga por delitos de prevaricación y usurpación de funciones
por facturas que sumaban 180.000 euros y se tramitaron como contratos
menores y que se centraban en la Gala de Comercio de 2016, la campaña de
Navidad y la imagen de los mercados municipales.
La sala argumenta que lo que pretendían los investigados es "improcedente" en
este momento procesal, por intentar una valoración exhaustiva y
profunda de las diligencias de investigación, algo que es más propio del
momento del juicio.
La Audiencia señala que existen indicios de delito y
de la participación de los investigados en ellas. "No consta de forma
inequívoca e indubitada la ausencia de criminalidad en la conducta de
los investigados, concurriendo indicios de la comisión de los delitos investigados".
La Audiencia reitera los argumentos de la juez María Luisa Carrascosa
en el sentido de que el hecho de ésta fuera la forma habitual de
contratar "no la convierte en legal en absoluto. manteniéndose la
ilegalidad de dichos contratos por un implicar un fraccionamiento de los
mismos".
El PP ha registrado una petición para la convocatoria de un pleno extraordinario para
"analizar de la situacion y la reprobación de Echávarri tras la
resolución de la Audiencia Provincial confirmando su procedimiento". El
alcalde ya ha sido dos veces reprobado por el pleno
municipal por su situación judicial.
La petición del PP está firmada por
sus ocho concejales, un número suficiente para forzar la convocatoria
del pleno, según recoge el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), que
exige el apoyo de un cuarto de los concejales de la Corporación.
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