CARTAGENA.- Esta mañana, con anterioridad al teatral acto represor de la
alcaldesa Ana Belén Castejón contra el portavoz del Grupo municipal MC
Cartagena, José López, PSOE y PP han unido fuerzas para reforzar la
protección que ambas formaciones brindan de manera continuada a las
concesionarias que trabajan en el Ayuntamiento de Cartagena.
Con su voto en contra han frenado la constitución de una Comisión de
Investigación que se encargara de valorar y estudiar el grado de
cumplimiento del contrato de limpieza y recogida que el Consistorio
mantiene con la mercantil mixta Limpieza e Higiene de Cartagena
(Lhicarsa). Cabe recordar que la administración local ostenta una
participación del 10% en la sociedad.
Ante los medios de información, el portavoz del Grupo municipal MC
Cartagena, José López, ha manifestado que lo vivido hoy revela "una
coalición soterrada que durante veinte años ha estado mantenida por
Pilar Barreiro, con el oasis de dos años en los que hemos podido
trabajar para los cartageneros, que se ha visto frustrado. Los intereses
de estos grupos son de agua turbia", ha razonado López, quien se ha
preguntado por las razones que han llevado a evitar "que ni tan siquiera
se investigue.
Entendemos que la persona que está llevando el control
de la concesionaria ha plasmado cuestiones que deben ser clarificadas.
Por ejemplo, más de veinte trabajadores que no estaban en la calle y sí
en las oficinas; carencia de conductores en fines de semanas; que no se
hayan entregados las cuentas de los lotes de chapa que se venden, etc.".
Todo ello, ha añadido López, evidenciaría que "posiblemente no le
debamos tanto dinero a la empresa, sino que pueden existir
incumplimientos de contrato que nos podrían valer para que esa empresa
cesara, sin dolo para las arcas municipales, de seguir llevando la
gestión y recogida de los residuos sólidos de Cartagena. PP y PSOE votan
juntos para que nada cambie. El rojo y el azul en un solo uniforme, el
de las grandes concesionarias, por desgracias para todos los
cartageneros".
Portazo a la fiscalización y la transparencia
Para PSOE y PP no han sido suficientes las razones esgrimidas por la
formación cartagenerista y Cartagena Sí Se Puede para arrojar luz sobre
el estado y control de un contrato sobre el que la propia Ana Belén
Castejón y el concejal Torralba han vertido dudas en fechas recientes,
exponiendo lo insuficiente del mismo, al tiempo de deslizar un aumento
en la asignación a la empresa de hasta cinco millones de euros más al
año, a través de una modificación del contrato.
Así, la negativa de los partidos tradicionales ha impedido indagar
sobre problemas en la prestación del servicio, según consta en informes
municipales, que se traduce en una limpieza insuficiente, medios
obsoletos, y un contrato que, en definitiva, no está adaptado a las
nuevas necesidades de recogida.
La constitución de este grupo de trabajo hubiera permitido clarificar
la carencia de recursos materiales y humanos; la falta de ingresos por
razón de los subproductos de planta; la obtención de beneficios por la
empresa que deberán ser valorados, investigados y regularizados, si es
necesario; el reconocimiento implícito de existir el conocido 'plan
especial de limpieza' del incumplimiento de sus obligaciones por parte
de Lhicarsa, así como la procedencia de cualquier modificación del
contrato o alteración de sus condiciones, o de una nueva licitación
según los procedimientos administrativos que corresponda.
Otra moción presentada por MC ha expuesto un panorama desolador
quedando la formación cartagenerista como única voz instando a la
multinacional energética y petroquímica Repsol a continuar con su
inversión en el barrio del Foro Romano. PP y PSOE han vuelto a votar en
contra, mientras que Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede se han
abstenido.
La inquietud de MC ha surgido del efecto dominó que propiciará el
proyecto de construcción del Museo del Foro Romano, financiado por
Repsol, lo que provocaría el cese de la excavación de una parte
importante de este yacimiento.
MC considera que el Ejecutivo de Castejón está más que legitimado
para exigir a la compañía que mantenga su compromiso con Cartagena,
habida cuenta del notabilísimo tráfico portuario que soporta el
municipio con dos refinerías y el consiguiente riesgo para todos los
ciudadanos. Por todo ello, la mercantil está obligada a responder de la
única forma posible, aportando dinero en cuestiones como la conservación
y revalorización del patrimonio.
Durante su intervención, el portavoz de MC Cartagena, José López, ha
deseado que la actual Alcaldía no imite a gobiernos pasados y defienda
el interés general, requiriendo a Repsol lo que en justicia pertenece a
los cartageneros, un anhelo que finalmente se ha convertido en infeliz
utopía.
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