MADRID.- ¿Quién fue el máximo responsable de que miles de vehículos quedaran atrapados por la nieve el pasado sábado en la AP-6: la concesionaria de la autopista de peaje (Iberpistas, filial de Abertis), la Dirección General de Tráfico o los conductores que se lanzaron a la carretera pese a las inclemencias del tiempo?, se pregunta El Confidencial.
A la espera de lo que pueda dictaminar el expediente anunciado por el Ministerio de Fomento y las posibles demandas judiciales,
desde un primer momento los cientos de afectados han criticado la
escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por
parte de la empresa y la DGT.
Los informes ministeriales consultados por El Confidencial ponen de
manifiesto que estos problemas denunciados por los conductores no es
algo aislado en las autopistas de peaje. Es más, todo el sector ha
aplicado una fuerte cura de adelgazamiento en los últimos años.
Como
si se tratara de una dieta post-Navidad, las concesionarias de las
autopistas de peaje españolas han aplicado en el período 2011-2015 unas
severas medidas de adelgazamiento a sus plantillas. En estos cuatro
años, el sector pasó de emplear a más de 5.100 personas a apenas 3.200.
O
lo que es lo mismo: las empresas despidieron a uno de cada tres
trabajadores. En paralelo, incrementaron las tarifas de los peajes a
los conductores, de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las
autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión
autonómica. La red nacional de autopistas de peaje se mantuvo
inalterable en 3.307 kilómetros.
Estos datos figuran en los informes sobre el sector
elaborados por la Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, organismo dependiente
de Fomento encargado de supervisar estas vías de pago.
La entidad
presidida por el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño González,
será la encargada de recabar toda la información del caos del fin de
semana en la AP-6 en el expediente anunciado por el ministro Íñigo de la Serna. Desde 2005, la delegación nunca ha sancionado a las concesionarias por irregularidades en la prestación del servicio, tal y como reveló el diario asturiano ‘El Comercio’.
Entre
sus más de 200 páginas, los informes ministeriales esconden numerosos
datos de interés sobre los fuertes recortes llevados a cabo por las
concesionarias en estos años de crisis. Como la pérdida de personal de
mantenimiento, al pasar de emplear a 1.200 personas a menos de 900. O la caída del 42% en los trabajadores que ocupaban los puestos de peaje, merced a la proliferación del telepeaje y de las máquinas automáticas de cobro con tarjeta.
Los recortes de plantilla en las autopistas de peaje se traducen en que el ratio de empleados por kilómetro apenas supera la unidad
(en 2011 era 1,59). Mientras en aquel año solo cuatro concesionarias
tenían un ratio por debajo de uno, la cifra aumentó hasta las trece en
2015. El caso más llamativo es el de Audasa, concesionaria de la gallega AP-9, que en tan solo un año pasó de 256 a 80 trabajadores. La empresa anunció recientemente un incremento de casi el 4% de sus tarifas para 2018, justificando la subida por la ampliación del puente de Rande en Vigo y la circunvalación de Santiago. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inauguró ambas obras en cuatro días la pasada semana.
La AP-6, la más cara y con la mayor subida
La concesionaria
de la autopista de peaje entre Villalba y Adanero (además de las
ramificaciones a Segovia y Ávila) también ha tirado de recortes de
personal para sanear sus cuentas. La quinta empresa con mayor plantilla del sector
pasó de emplear a 270 trabajadores en 2011 a 192 cuatro años más tarde,
lo que se traduce en una pérdida del 29% de la mano de obra. Mientras
en aquel año Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y
107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los
79 y 73, respectivamente.
Sin embargo, los recortes de personal no se tradujeron en una rebaja de
los peajes para los miles de conductores que cada día utilizan la vía de
pago que une la Comunidad de Madrid con Castilla y León en dirección al
noroeste peninsular. De aquellas concesiones administrativas
adjudicadas por el Ministerio de Fomento, el tramo Villalba-Adanero es el más caro para los conductores
por kilómetro de peaje, al costar más de 20 céntimos.
Le siguen de
lejos la autopista de pago que une Asturias con León y la que lleva al
aeropuerto de Barajas. Y no solo eso. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).
Tanto el aumento de las tarifas como el incremento del tráfico han
servido para que los ingresos por peaje de Iberpistas hayan repuntado en
los últimos años. En 2015, la filial de Abertis recaudó casi 95 millones
de euros abonados por los conductores de la AP-6, mientras que
Castellana de Autopistas ha vuelto a superar los 10 millones de euros de
recaudación por primera vez desde 2011.
En los años previos a la crisis
y tras actualizar el IPC al dato de 2015, Iberpistas llegó a ingresar
más de 120 millones de euros por los dos peajes –uno en cada sentido– de
la AP-6.
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