MURCIA.- El Tribunal de Cuentas detectó en 2015 «debilidades y deficiencias de control interno en áreas relacionadas con la planificación, la programación presupuestaria y la gestión contable, así como en la gestión patrimonial de bienes y derechos y en la gestión de las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma».
El
informe recalca que en 2015 la Comunidad Autónoma incumplió el objetivo de
estabilidad presupuestaria del 0,7% de su PIB regional, al haberse
registrado en el mismo un déficit del 2,44% del PIB regional, e
incumplió la regla de gasto en dicho año al haber sido la variación del
gasto computable (6,4%) superior a la tasa de referencia de crecimiento
del PIB para 2015, fijada en el 1,3%.
Como consecuencia de estos
incumplimientos, la Comunidad Autónoma presentó un plan económico
financiero (PEF 2016-2017) que, una vez informado por la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, fue remitido al Ministerio de
Hacienda; si bien, no llegó a aprobarse al no haberse reunido para ello
el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por el contrario, la
Administración regional cumplió en 2015 el objetivo de deuda, puesto que
el volumen de esta a 31 de diciembre de ese ejercicio, ascendió a 7.601
millones de euros, lo que representó el 27,5% del PIB regional,
equivalente al límite fijado por el Gobierno.
La deuda comercial creció un 31%
El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas también hace un reproche a la Comunidad Autónoma por el incremento de su deuda comercial, ya que creció un 31% respecto al ejercicio anterior. La deuda comercial pasó de 223 millones de euros a 1 de enero de 2015 a 324 millones a 31 de diciembre de ese año.
El 68,5% procede del sector sanitario. El máximo órgano fiscalizador señala, además, que el periodo medio de pago acumulado de las deudas, por operaciones comerciales del conjunto del sector público regional, superó el plazo máximo de 30 días establecido por ley, situándose en 87 días.
La planta desaladora de Escombreras (con plazos de pago de 341 días) y el SMS (102 días) registraron las mayores desviaciones.
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