MURCIA.- Tras un año sin cobrar sus nóminas, los trabajadores del Museo Ramón Gaya de Murcia encontrarán una solución a su situación en el pleno municipal que se celebrará mañana y en el que previsiblemente se levantará el reparo de la intervención municipal que impedía el pago de los salarios.
El concejal de Empleo, Turismo y Cultura,
Jesús Pacheco, mantuvo en la mañana de este miércoles un encuentro con
trabajadoras del Museo Ramón Gaya, previa a la celebración de la reunión
de su patronato, y les comunicó que llevará al pleno de mañana el
levantamiento de ese reparo.
El patronato decidió en
febrero de 2017 subrogar a los trabajadores del museo, que se
encontraban en situación de cesión irregular, pero la intervención
municipal y los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento
de Murcia mantenían discrepancias que han impedido hasta ahora abonar las nóminas a
estos trabajadores.
Sin embargo, el pasado 19 de enero
una sentencia dio la razón a una de las empleadas, pues todos han
llevado sus casos ante la justicia, y condena al Consistorio a pagar las
nóminas que le adeuda además de una indemnización, y a asumirla como
personal indefinido no fijo hasta que se convoquen oposiciones para
cubrir esas plazas.
También el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia se pronunció a finales de diciembre a favor de asumir a
estos empleados y abonar sus nóminas.
Estos dos
documentos, según Pacheco, "avalan la línea de actuación que defendíamos
desde el principio desde el equipo de Gobierno", por lo que consideró
que es el momento de llevar al pleno este levantamiento del reparo
"consiguiendo así una solución a la situación de estos empleados".
Pacheco
agradeció el esfuerzo a los trabajadores durante estos meses y ha
lamentó que "algo que es de sentido común haya tardado tanto en
resolverse por las discrepancias en los informes de los distintos
servicios del Ayuntamiento en contra de la posición del equipo del
Gobierno y el Patronato del museo".
El Gobierno local ya
llevó al pleno del 27 de julio de 2017 el levantamiento del reparo, que
finalmente no llegó a votarse y fue retirado.
En ese
pleno se presentó un informe de la Secretaría General contrario a
levantar ese reparo porque consideraba que la subrogación de los
empleados por parte de la administración pública vulnera el artículo 38
del convenio colectivo del sector y apuntaba a que esta no era posible a
menos que una sentencia judicial diga lo contrario, como ha ocurrido
con la primera de las trabajadoras en recibir respuesta de los
tribunales.
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