La
sentencia señala que el órgano de cuenca calificó de leve la infracción
que atribuía a los ahora apelantes. Esta habría consistido en derivar
aguas procedentes del Heredamiento de la Balsa de Santanares hacia una
parcela de su propiedad.
En base a ello, acordó imponerles una multa de 3.000 euros por un acuerdo que fue confirmado en abril de 2016 al
rechazar el recurso de reposición que plantearon contra la primera
resolución.
En su recurso, los afectados alegaron motivos de fondo y de
forma para pedir la nulidad de la sanción.
La Sala dice que el
principio de presunción de inocencia que consagra la Constitución
determina, entre otras consecuencias, que no se pueda imponer una
sanción por hechos que no estén demostrados con todas las garantías.
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