Nadie hablará de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma en la cena
de Nochebuena; sería como arruinar con sifón el vino más apreciado de
la bodega. Los estudios demoscópicos están de más para constatar que el
interés ciudadano por las cuentas públicas es inversamente proporcional a
su importancia, pese a que la vida nos va en ellas, como se puede
inferir a poco que pensemos, por ejemplo, en una sanidad
insuficientemente dotada o en una educación despojada de recursos para
mantener abiertos los colegios públicos.
Ciudadanos le ha sacado
los higadillos al PP en una negociación que ha posibilitado la
aprobación por la Asamblea Regional de los números presentados por el
consejero Andrés Carrillo, el guardián del dinero. Es recomendable
buscarlos en internet y darle un vistazo a las típicas tartas que se
utilizan en estos casos para facilitar la comprensión de asunto tan
farragoso.
Enseguida se comprueba la verdadera trascendencia de los
Presupuestos, que destinan cuatro de cada cinco euros a la sanidad, la
educación y los servicios sociales, es decir, «a las personas», según
gusta explicar al Gobierno para subrayar su vocación social. La
subsistencia de cientos de asociaciones e instituciones de todo tipo
(las universidades, sin ir más lejos) depende de estas cuentas, donde se
recogen cuantiosas partidas para, entre otros menesteres, regenerar el
Mar Menor, soterrar el AVE, impulsar políticas de empleo o pagar la
nómina de 50.000 funcionarios.
El espaldarazo parlamentario a los
Presupuestos constituye el objetivo principal de cualquier
Administración al cabo del año, el instante sublime de cada ejercicio, y
su configuración debería ser también la decisión más justa de todas
cuantas adopta, si bien esto último queda al albur del interés no
siempre confesable de los partidos. Los Presupuestos están llamados a
promover la riqueza y a mitigar la pobreza, orientan a los agentes
sociales con sus previsiones macroeconómicas (PIB, paro, déficit público
y endeudamiento), y marcan, en definitiva, el rumbo a seguir.
Ningún
otro cometido de los gobiernos contiene una carga ideológica tan
profunda, incluso en estos tiempos desideologizados, porque el ideario
que se profesa determina que se rebaje generosamente la presión fiscal a
los ricos y a las grandes empresas, como acaba de hacer Donald Trump en
Estados Unidos, que se borre de un plumazo el gravoso impuesto de
sucesiones y donaciones (algo que ya es una realidad en Murcia), que se
financie un referéndum ilegal en Cataluña o que se permita a los ‘sin
papeles’ de siete autonomías en las que el PP no gobierna el acceso
universal y sin cortapisas a la sanidad pública, como decretaron
Valencia, Cataluña, Navarra, Aragón, País Vasco, Cantabria y Baleares,
en una decisión que el Tribunal Constitucional, sin embargo, ha tumbado
esta semana porque el sentido de la justicia social que la guió invade
competencias exclusivas del Estado.
No es lo mismo mirar a la izquierda
que mirar a la derecha. No es lo mismo, y por eso las tripas
presupuestarias deberían merecer más curiosidad por parte de una
ciudadanía con espíritu crítico, y una rectitud absoluta y una mayor
transparencia, en lo que a los gobiernos respecta.
A no ser por la
proverbial aversión de las fuerzas políticas al consenso, no sería
descabellado exigir incluso una mayoría parlamentaria cualificada para
poder transformar en ley los Presupuestos, dada su enorme repercusión
sobre la gente. De esta forma, las cuentas reflejarían mejor las
demandas de la sociedad representada en la Asamblea Regional, y se
evitaría la sensación lacerante de que, gobierne quien gobierne, se
castiga sistemáticamente desde el poder a las poblaciones en las que
manda el adversario político.
Hiere al oído, y da mucho que pensar, la
acusación de la alcaldesa socialista de Molina de Segura, Esther
Clavero, enojada porque el PP «maltrata» a su municipio -el cuarto de la
Región-, al consignarle para 2018, víspera de un año electoral, «cero
euros en inversiones». De llevar razón la regidora molinense, estaríamos
ante una desvergüerza intolerable que atentaría contra el derecho de
cualquier murciano a recibir de la Administración un trato igualitario,
viva donde viva y vote a quien vote.
El Gobierno regional niega que haya
discriminado a los ayuntamientos del PSOE y asegura que los
Presupuestos no están territorializados y que la acusación socialista no
es, por tanto, demostrable. Pero resulta que unos y otros faltan a la
verdad, y además pecan de pardillos, como sus propios partidos han
puesto de manifiesto, desconocedores sin duda de que estaban
desautorizando a los suyos.
El listado que ‘La Verdad’ ha pedido al PSOE
recoge para Molina de Segura casi diez millones y un reparto de 143,36
euros por vecino. A la alcaldesa le puede parecer un saldo insuficiente,
y quizá lo sea (de hecho, Molina queda por debajo de la media
regional), pero existe una diferencia considerable entre cero euros y
9.979.847 euros. Por el otro lado, es también incierto, contra lo que se
afirma desde San Esteban, que sea imposible facilitar los números por
territorios.
El PP de Jumilla los tiene: hasta dos millones de euros
recibirá el consistorio jumillano para la construcción del CEIP Príncipe
Felipe, el acondicionamiento y arreglo de caminos rurales, el centro
integral de alta resolución y el arreglo del primer tramo de la
carretera del Carche. El propio partido presume de ello en Twitter, con
planos, dibujitos, el logo del PP y el grito de ¡Jumillla adelante!
Cuánto les cuesta, a unos y a otros, exhibir sinceridad y rigor en algo
tan importante como las cuentas públicas.
Lo mismo sucede con los
Presupuestos Generales del Estado. Un partido ‘vende’ que las
inversiones en obra pública mejoran un determinado tanto por ciento
sobre el año anterior, pero esa misma cantidad (la que sea) es
enjuiciada por la oposición desde una óptica divergente: la Región
recibe del Estado un porcentaje inferior a la media nacional.
Esta
discrepancia forma parte de la natural confrontación política. El mundo
al revés, el cruce de reproches y el ‘y tú más’ son consustanciales a la
dialéctica partidaria, ya lo sabemos. Ahora bien, los números deberían
figurar desnudos en una ley presupuestaria, sin margen para la confusión
y los malentendidos.
Quienes elaboran las cuentas de las que tantas
cosas y tantas personas dependen, y quienes alegremente las censuran
después con la única finalidad de desacreditar al contrario, están
obligados a responder -con claridad meridiana- hasta por el último
céntimo que la Administración destina a la pedanía más pequeña, porque
con las cosas de comer no se juega, y con el dinero de todos, tampoco.
(*) Columnista
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