El silencio. Esa es la principal característica del área noble del Palau de la Generalitat, sede del Govern de Catalunya, cuando se cumplen veinticinco días desde la marcha del president Carles Puigdemont
a Bruselas. No hay actividad alguna en lo que ha sido desde la
restauración de la Generalitat, en octubre de 1977, el centro neurálgico
del poder político de Catalunya.
No se reciben visitas importantes y la
Casa dels Canonges, la residencia oficial del
president, permanece cerrada a cal y canto. Aunque la gran mayoría del
personal del Palau sigue en sus puestos de trabajo, ya que solo han sido
cesados por el gobierno de Mariano Rajoy los cargos de confianza, lo cierto es que parece que la Administración haya sido anestesiada.
No se pueden tomar decisiones, todo necesita ser validado por los
respectivos ministerios y los papeles van de un sitio a otro para evitar
mantener los compromisos contraídos. El despacho de Puigdemont está
igual que el último día que estuvo, aquel viernes 27 de octubre en que
el Parlament proclamó por la mañana la República.
Una única secretaria
es lo que queda en aquella área de la frenética actividad de la
presidencia Puigdemont. Nadie sube discretamente por las varias entradas
laterales que hay en Palau, sobre todo desde el carrer del Bisbe ya que
no hay nadie con quien uno tenga que verse sin levantar sospechas. El
poder político catalán se ha tenido que acostumbrar a vivir en la
excepcionalidad que supone el secuestro de las instituciones y la expulsión de sus representantes legítimos escogidos en las unas y votados por el Parlament de Catalunya.
Lo mismo sucede en la conselleria de Economia y sede de la vicepresidencia del Govern con Oriol Junqueras
y en todos y cada uno de los departamentos de la Generalitat. Y nada es
normal en una Catalunya que tiene en prisión a la mitad del Govern
desde el 2 de noviembre y que antes vio como ingresaban en Alcalá-Meco Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que
va van camino de los cuarenta días privados de libertad.
Y Esquerra
presenta sus listas en Barcelona sin saber cuando saldrá su número uno
de la cárcel de Estremera y la lista de Junts per Catalunya se
presentará en Bruselas ya que es allí donde permanece exiliado el
president Puigdemont.
Curiosa normalidad la que se sostiene en una excepcionalidad
impuesta. En la que no se habla del imán de Ripoll que propició los
atentados del pasado mes de agosto en Barcelona y se traducen al
castellano en el Boletín Oficial del Estado el nombre de algunas
comarcas catalanas. Así, Garrotxa, Maresme y Noguera pasan a ser Breña, Marisma y Nogal.
Un error técnico... de los que nunca se producen.
El 155 y la
castellanización. La tontería como arma política. Qué contento debe
estar el exministro Wert desde su palacete de París. La españolización
no habrá llegado a las escuelas catalanas pero el traductor automático
puede acabar cambiando el nombre de plazas, calles, pueblos,
municipios y comarcas. Que nadie se extrañe a partir de ahora.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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