MADRID.- Cáritas Española ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por
la decisión del Ministerio del Interior de internar en el centro
penitenciario de Archidona a medio millar de migrantes que han
llegado en los últimos días a las costas españolas.
Cáritas expone que el marco jurídico español impide internar en una cárcel a personas que no han cometido delitos, por lo que reclama su puesta en libertad.
"La llegada de más de 500 personas de origen extranjero mediante patera a las costas murcianas y la decisión de internarlas en la prisión de Archidona, Málaga, nos parece contraria al marco legal establecido en España", señala Cáritas en el escrito de queja.
Solicita "de la Defensoría del Pueblo a que inste al Ministerio del Interior y al Gobierno la puesta en libertad de
las personas extranjeras de las que los juzgados de Murcia han ordenado
un internamiento contrario a nuestro marco legislativo".
Cáritas recuerda que "la vigente Ley de Extranjería
establece de forma reiterada el carácter no penitenciario de los centros
de internamiento, por lo que el utilizar una prisión es un incumplimiento flagrante por
parte de quien, no solo tiene la obligación de ejecutar expedientes
sancionadores, sino que tiene que hacerlo conforme al marco vigente en
materia de Derechos Humanos".
Si bien, subraya la queja,
"una de las razones que podría justificar una orden de habilitación de
centros temporales ante una situación de emergencia podría ser la falta de plazas en los centros de internamiento que ya existen" y -añade- "no consta que se haya intentado el traslado a otros centros de internamiento del Estado".
Cáritas indica que "se podían haber tomado otras decisiones más respetuosas con nuestro marco jurídico, pero también más respetuosas con los derechos humanos
de las personas internadas, que tras un tránsito traumático como es el
viaje migratorio, se encuentran en una prisión como si hubieran cometido
un delito".
Lamenta "el impacto mediático que esta
medida tiene sobre la sociedad española" y lamenta que una persona
extranjera, que no ha cometido ningún delito, pueda ser "criminalizada".
En
la queja, alerta de que "de nada sirve invertir recursos humanos y
económicos en la prevención de delitos de odio, en políticas
antidiscriminación, esfuerzo en el que nos consta está
implicado el Ministerio del Interior, si por otro lado se incumple el
marco jurídico vigente y se acompaña de un discurso público que favorece
la discriminación".
Cáritas recoge la advertencia que hizo Acnur en
agosto pasado, cuando apeló a la necesidad de "dar una acogida digna a
quienes llegan a nuestras costas" para lo que pidió el refuerzo de los
recursos y la adaptación de las actuales infraestructuras en los
principales puntos de entrada.
La organización católica
urge a garantizar el acceso a los procedimientos administrativos de
entrada, devolución y protección internacional a todos los migrantes.
Por
su parte, el PSOE también ha pedido al Defensor del Pueblo que
"intervenga en la investigación y el esclarecimiento de la actuación del
Gobierno" tras la reclusión de 507 inmigrantes en la cárcel de Archidona, que, supone "una vulneración de los derechos y libertades de las personas afectadas".
Los
socialistas, que se reunieron este jueves con el Defensor del Pueblo,
Francisco Fernández Marugán, han registrado un escrito en la sede de
esta institución en el que solicitan su intervención tras la decisión
del Gobierno de internar al medio millar de inmigrantes llegados en
patera en los últimos días a la costa de la Región de Murcia en el
centro penitenciario de Málaga II de Archidona.
Al
encuentro han asistido el portavoz de Interior del PSOE, David Serrada,
la portavoz del Defensor del Pueblo, Dolores Galovart, y Miguel Ángel
Heredia, diputado por Málaga, que aseguran que la decisión del Gobierno "no se fundamenta en ninguna norma", ya que incumple "la normativa española, la europea y la internacional en materia de derechos humanos".
Según el PSOE, se ha internado en un "establecimiento penitenciario a personas que no han sido sentenciadas a penas y medidas penales privativas de libertad, ni tienen la condición de detenidos o presos".
En
este sentido, los socialistas recuerdan que la Ley Orgánica sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España establece que los
lugares de internamiento no pueden tener carácter penitenciario y deben
estar dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios.
Además, denuncia el PSOE, la decisión "vulnera también las normas internacionales previstas
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo
de Derechos Humanos, que son de aplicación en España".
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