Ciudadanos, mon amour / Ángel Montiel *

Mire usted qué cosa más extraña. El presidente de la Comunidad salta como un rayo para señalar que la Plataforma Prosoterramiento ha sido absorbida por Podemos a cuenta de una foto en la que aparece el portavoz de la misma, Joaquín Contreras, a la puerta de la Ciudad de la Justicia tras la presentación de una denuncia por vulneración de la normativa medioambiental en las obras para la llegada del AVE a Murcia. 

La clave de la podemización está, para Fernando López Miras, en la persona que acompaña a Contreras en esa imagen, el abogado Fernando Iosana, que preside el Comité de Garantías de la formación morada. Dos y dos son cuatro: si un responsable político de Podemos asesora como letrado a la Plataforma se puede resolver que Podemos dirige las actuaciones judiciales de la Plataforma. Bien, vale, es una conclusión legítima. Contreras podría haber elegido a otro abogado, de tantos que hay, para la redacción de su denuncia. 

Pero también se podría suponer que a un abogado se le contrata por cercanía personal, proximidad al caso o presunción del cliente de que, de entrada, conoce las claves del asunto. El abogado Iosana milita en Podemos, pero ¿quiere decir esto que Podemos está detrás de todos los asuntos que Iosana atiende en su gabinete profesional? 

Si López Miras aplicara esta lógica de vasos comunicantes a su propio partido tal vez le resultaría incómodo tener que explicar que su antecesor, Pedro Antonio Sánchez, haya recurrido para su defensa a un abogado que antes lo ha sido de los casos Malaya y Gürtel, sobre los que caben pocas dudas acerca de la inocencia de los protagonistas de referencia. Ahí también dos y dos serían cuatro, así que mejor no jugar con estas coincidencias. 

Lo extraño no es que la colaboración con la Plataforma de un abogado que milita en Podemos haya permitido al presidente del Gobierno una reacción tan previsible, sino que su gesto esconda algo fundamental: no es Podemos el partido que ha denunciado la inexistencia de una declaración actualizada de impacto ambiental para las obras del AVE, sino Ciudadanos. Es más: la Plataforma, con el abogado Iosana, llega tarde, porque Ciudadanos se adelantó varias semanas en esa iniciativa, y lo hizo con una mayor amplitud en el abanico de agentes a los que supone implicados en la dejación sobre la necesidad de reclamar el trámite de la declaración medioambiental (DIA). 

Así que la pregunta es: ¿Por qué López Miras se apresura a señalar la podemización de la Plataforma por la simple colaboración profesional con ella de un abogado que milita en Podemos, y pasa de largo ante el hecho de que Ciudadanos ha denunciado, sin mediaciones, tanto a él mismo como a otros miembros de su Gobierno y del partido que preside? Dicho de otra forma: Podemos, a efectos de denuncia judicial, no ha dicho esta boca es mía; sin embargo, Ciudadanos ha dado la cara con una denuncia frontal. 

La respuesta del Gobierno es la descalificación de la Plataforma por su supuesta vinculación a Podemos, y pasa por alto que quizá haya sido la denuncia previa de Ciudadanos la que ha estimulado a la Plataforma a sumarse a esa iniciativa. En este esquema, a la vista está que ´los malos´, al menos esta vez, no son los de Podemos, sino los de Ciudadanos, y esto por muy raro que parezca. Pero el Gobierno no lo quiere reconocer, y prefiere mantener el mantra de la podemización cuando quienes en realidad le están complicando las cosas en las vías del tren son los de Ciudadanos. 

La clave de esa distorsión en la respuesta gubernamental está en una palabra que, llegadas estas fechas, se escribe con dimensión de viejo cartel cinematográfico. Ahí va: Presupuestos. El Gobierno del PP, en minoría parlamentaria, necesita a Ciudadanos para aprobar los presupuestos de 2018, y los necesita ya, de modo que la consigna es: no tocar a Ciudadanos. Eso, al principio. Después, no molestar a Ciudadanos. Y finalmente, en esta hora en que estamos: dar cariño a Ciudadanos. 

De aquí a diciembre, Ciudadanos puede meter los dedos en la nariz del Gobierno tanto como quiera, y el Gobierno le reirá las gracias. O no se dará por enterado. En todo caso, se rebotará contra Podemos, que para eso está. Pero a Ciudadanos ni tocarlo. Es el consignazo del presidente por indicación, claro, del consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, la personalidad más clarividente de este Gobierno. Prioridad: hay un problema, los Presupuestos, y hay que solucionarlo. Y no hay otro modo de hacerlo que no sea de la mano del partido de Miguel Sánchez.

Ciudadanos, por el contexto parlamentario, dispone de una ventaja sobre el resto de los partidos. Las tres opciones de votación para cualquier asunto son sí, no y abstención. Esto, para todos los Grupos Parlamentarios. Pero en cuanto a Ciudadanos, además del sí, le basta la abstención para que, a efectos del Gobierno, resulte sí. Si Ciudadanos se abstiene, el Gobierno saca adelante cualquiera de sus propuestas. Ha ocurrido con el techo de gasto, trámite previo a los Presupuestos. Esta vez no ha hecho falta que el Consejo Jurídico, presidido por Gómez Fayrén, diera una larga cambiada para interpretar a la manera del Gobierno una ley taxativa en sus enunciados. Todo ha ido como la seda con la abstención de Ciudadanos. ¿Paso previo para la posterior aprobación del proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno? Aquí es cuando hay que marcharse al rincón de pensar.

Cuestión de pundonor. El año pasado el Gobierno regional sacó adelante los presupuestos de 2017 gracias a que Ciudadanos aceptó la mayor tras imponer unas enmiendas que alcanzaban los trescientos millones de euros del total aprobado. A la hora de dar curso a los presupuestos de 2018, Ciudadanos, incluso antes de mirar los papeles, está obligado a constatar si el Gobierno ha ejecutado los compromisos firmados entonces. Y parece que la cosa no está muy clara. ¿Con qué disposición se prestará Ciudadanos a facilitar la distribución de partidas para 2018 si las que el Gobierno le aceptó para 2017 han sido desconsideradas?

Desde el propio aparato del Gobierno parece entenderse esa dificultad, y esta es la razón por la que el consejero Andrés Carrillo se muestra empeñado, contra la fugacidad del calendario, en poner al día las inversiones pactadas en su momento. A prisa y corriendo, y porque hay que acordar un nuevo pacto. Queda claro que si para 2017 Ciudadanos arañó trescientos millones, para 2018 el Gobierno le cedería el doble o el triple con tal de obtener el sí o la abstención, que en el caso de Ciudadanos es un sí a efectos de mayoría parlamentaria. Pero da igual trescientos que mil millones si todo se queda en el papel. Y si el pacto de 2007 apenas se ha cumplido, caben pocas dudas de que una reedición para 2018 también quedará en el limbo, pues para los presupuestos del año electoral, 2019, no habrá modo de alcanzar consenso, ni siquiera con Ciudadanos.

Por ahora, hay incluso un protocolo de buenas prácticas mutuas. El Ejecutivo se compromete a facilitar que Ciudadanos protagonice públicamente como conquistas propias aquellas resoluciones del Consejo de Gobierno que procedan de las enmiendas del partido naranja, y en los artículos de prensa que publican los diputados del PP hay a veces reconocimientos expresos a «la colaboración de Ciudadanos» en unos u otros asuntos. 

El partido de Miguel Sánchez acabará colaborando con el PP para sacar adelante las partidas de 2018, no cabe duda, y obtendrá como recompensa el cumplimiento forzado, aplazado y probablemente incompleto, de sus enmiendas para el presupuesto vigente. Pero, por si acaso y mientras tanto, desde el Gobierno y desde el PP no saldrá un sólo reproche a los riveristas, aunque éstos los denuncien en los juzgados. Le echarán la culpa a Podemos, al menos hasta que los Presupuestos estén en el BORM. En ese trayecto, entre los consejeros Carrillo (Hacienda), Rivera (Presidencia) y el coordinador el PP, Miralles, llevan a Ciudadanos entre algodones. Ya casi es Navidad.

Piezas separadas

• El PP tenía un problema, y lo sigue teniendo
  El PP tenía un problema en Cartagena. Su presidente local, Joaquín Segado, estaba imputado por una tramitación sobre urbanismo en su etapa de concejal en el equipo de Pilar Barreiro. Ese problema se ha resuelto favorablemente. Su caso ha sido archivado. El problema ahora es que Segado, libre de imputación, aspira a ser candidato a la alcaldía en 2019. Es decir, ha cambiado la naturaleza del problema. 
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  Miguel Ángel Miralles se resistió a ser coordinador del PP en el equipo de López Miras. Pero finalmente aceptó tras un almuerzo al que fue convocado por el nuevo presidente popular y por Pedro Antonio Sánchez, éste ya fuera de la dirección del partido y aparentemente al margen de sus evoluciones. ¿Sigue PAS estando ahí para ayudar en ciertas decisiones?
• El chiste de que Ayala vigilará la corrupción
  En el PP no parecen darse cuenta de que algunas de sus actuaciones relacionadas con el problema de la corrupción rozan el ridículo. La noticia de que el exdiputado cartagenero Andrés Ayala será finalmente el jefe de la Oficina del Cargo Popular, encargada de prevenir actuaciones irregulares de sus responsables públicos, está provocando, sobre todo después del asunto Faro de Cabo de Palos, una cantidad de chistes sólo ligeramente inferior a la espantada de Puigdemont. 

(*) Columnista


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/11/05/ciudadanos-mon-amour/872728.html