La entrada en prisión sin fianza de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart dictada en la noche de este lunes por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela,
aceptando la petición del ministerio fiscal, sitúa el conflicto entre
Catalunya y España en uno de los puntos más álgidos desde su inicio en
2010.
Los líderes de las entidades soberanistas que han acompañado todo
el proceso independentista y que son los organizadores de las
manifestaciones pacíficas que han asombrado al mundo por su civismo y su
capacidad de convocatoria, no son los representantes de una
organización criminal ni están al frente de un grupo de delincuentes.
Son responsables de entidades cívicas con un importante arraigo en la
sociedad catalana. Sànchez, presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), es un reconocido activista desde los años ochenta de la no violencia y del pacifismo. Cuixart preside Òmnium Cultural,
una entidad creada en 1961 para promover la lengua catalana, difundir
la cultura y, en los últimos años, impulsar la independencia. En 1963, el
franquismo clausuró su sede y prohibió sus actividades, pero en 1967
consiguió su legalización.
Es imprescindible esta explicación de lo que han representado y
representan la ANC y Òmnium en Catalunya para conocer la magnitud del
colosal error que ha cometido el Gobierno español, a través del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado,
dando carta de verosimilitud al delito de sedición por las
concentraciones que hubo delante de la Conselleria d'Economia el pasado
20 de septiembre durante el registro del departamento por parte de la
Guardia Civil.
El Estado ha actuado a ciegas, partiendo de experiencias
anteriores en el País Vasco, desconociendo la realidad catalana y sus
sentimientos, y convencido, como está, de que la represión revertirá el
auge del independentismo, le hará entrar en contradicciones, romperá su
unidad, le obligará a dar un paso atrás y acabará convocando elecciones
al Parlament. Ese error, tan solo quince días después de que fuera
incapaz de encontrar una única urna de las más de 6.000 que se
colocaron en los colegios de toda Catalunya el 1 de octubre, demuestra
hasta qué punto se puede tropezar dos veces seguidas.
Con este movimiento Rajoy tranquilizará a sus hooligans y a los
sectores más radicales de su partido. A los medios de papel,
radiofónicos y televisivos. Ciudadanos también lo celebrará. Pero la
satisfacción no irá mucho más allá. Al PSC le vienen tiempos difíciles
ya que la irritación por su aval a la represión del Estado no lo
solucionará con unos tuits de Iceta, Parlon y compañía. Hablando en
plata: el dilema de la actuación policial del 1 de octubre vuelve con
más fuerza: o se está con las urnas o se está con las porras.
Que la detención de Cuixart y Sánchez coincida con la carta de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy
en la que le insistía en el diálogo, la negociación y la mediación y le
pedía una reunión y fijaba un plazo de dos meses para un acuerdo
tampoco es una casualidad. El 155, que ya hace tiempo que de una manera u
otra está presente, empieza a ganar cuerpo sin que haya finalizado el
plazo final establecido en el próximo jueves.
Más suerte que Cuixart y Sànchez la tuvo el major Trapero, responsable de los Mossos d'Esquadra,
que también debió comparecer en la Audiencia Nacional. Es cierto que no
ingresó en prisión como pedía el fiscal pero las medidas cautelares que
le impuso la juez no solo son extemporáneas sino a todas luces injustas
para un servidor público con un expediente intachable. Su experiencia
con consellers de color político muy diferente así lo acredita.
La
respuesta improvisada en las calles de Barcelona nada más se conoció la
detención de Cuixart y Sánchez, con coches tocando sus claxons y el
retorno a las caceroladas hacen evidente la indignación de un amplio
sector de la ciudadanía ante una medida que el gobierno español a través
del fiscal debió de haber evitado. En España vuelve a haber presos políticos.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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