¡Que nadie vuelva a decir que la justicia española es lenta! Con una
celeridad a la que lamentablemente la justicia española no nos tiene
acostumbrados, la Audiencia Nacional ha admitido este martes la querella de la fiscalía general del Estado presentada la víspera contra el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras
y los otros trece miembros del Govern por rebelión y sedición.
El
Tribunal Supremo ha hecho lo propio con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,
y los miembros de la Mesa que permitieron la votación de la declaración
de independencia. La rapidez no acaba aquí: los jueces de los dos
estamentos les han citado a a todos ellos a declarar el próximo jueves y
viernes. O sea, el primer día hábil después de la aceptación de la
querella.
En estos momentos, es difícil saber cual será el desenlace procesal
de las declaraciones e incluso si acudirá a la cita con la juez Carmen Lamela
de la Audiencia Nacional el president Puigdemont. Lo más probable, sin
embargo, es que no. El resto de los citados piensan todos acudir ya que
los seis consellers que le acompañaron a Bruselas en la noche del
domingo optaron por volar a Barcelona en la noche de este martes. La
celeridad judicial está acompañada de un detalle nada menor: la
imposición de una fianza por 6.207.450 euros en el plazo de tres días
con la advertencia de que sus bienes serán embargados hasta esta cifra
si no la depositan.
Es obvio que en este proceso penal todo es
desmesurado: lo son los delitos de los que se les acusan, lo es la
fianza que se les impone y también lo es el plazo de tres días que se
les da para que la depositen. No es una opinión personal, sino que así
lo han expresado en las últimas horas reconocidos juristas
escandalizados con alguno de los delitos que se les trata de imputar. No
es la primera vez que lo decimos, la justicia no puede transmitir la
idea de que se busca la destrucción de los acusados y de sus familias.
Lamentablemente, en este caso, la impresión que uno tiene es esta.
La desconcertante jornada político-judicial no se puede explicar sin
la comparecencia del president Puigdemont en el centro internacional de
prensa de Bruselas. Allí, Puigdemont habló de prudencia, seguridad y
moderación y, sobre todo, que se había optado después de la proclamación
de la República por no dar nuevos pasos para evitar la violencia ante
las informaciones de que disponía sobre la inminente represión por parte
del Estado. Se reivindicó como el president legítimo y los consellers
que allí le acompañaban junto a los que se habían quedado en Barcelona
como el Govern legítimo. Pidió a la ciudadanía y a los agentes sociales
que hicieran inviable la aplicación del artículo 155.
Pese a lo cambiante de la situación, donde en cada momento parece que
el guion se altera, todo apunta a que Puigdemont asume como muy posible
un exilio en Bruselas por dos motivos: el enorme impacto que tiene todo
lo que sucede en la capital comunitaria, así se vio en la conferencia
de prensa de este martes, y la complejidad de las extradiciones en
Bélgica, sin duda el estado de la UE que a priori le garantiza que
durante un tiempo pueda ejercer como president de la Generalitat en el
exilio si esa es su idea. Pero los últimos días han demostrado que las
variables son tantas que cuesta hacer pronósticos a medio plazo. Yo, al
menos, no soy capaz.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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