MURCIA.- El Consejo Ciudadano de los Consumidores y Usuarios de Consumur centró su segunda reunión en los efectos para la salud pública y ambiental de la contaminación en las sierras mineras,
que concluyó con la constitución de una plataforma en Defensa de la
Salud y el Medio Ambiente en la Sierra Minera y del Movimiento de
Damnificados por Metales Pesados.
La segunda sesión, que se celebró en la sede del Consejo Económico y Social, comenzó con la exposición inicial del investigador José Matías Peñas Castejón, que a principios de año publicó un informe en el que alertaba de altos niveles de metales pesados en los alumnos del Colegio Público San Ginés de la Jara del Llano del Beal.
Peñas
explicó los efectos sobre la salud pública y ambiental de los
contaminantes metálicos y elementos de traza provenientes de las áreas
de minería metálica suspendida en la Región de Murcia, principalmente en
La Unión y Cartagena.
Posteriormente, se inició un
debate en el que participaron el director general de Salud Pública y
Adicciones, José Carlos Vicente; el alcalde de La Unión, Pedro López; y
diputados nacionales y regionales de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Así mismo, intervinieron miembros de tejido social del Llano del Beal, principal núcleo de población afectado por contaminación con metales pesados,
como la presidenta de la junta vecinal, Carmen Soto; el portavoz de la
Asociación de Vecinos, Juan Ernesto Peña; y el presidente de la
Asociación de Madres y Padres del CEIP San Ginés de la Jara, Juan
Francisco Ortuño.
Mientras, la perspectiva laboral fue
abordada por el secretario general de CC OO en la Región, Santiago
Navarro, que precedió a las intervenciones del portavoz de Ecologistas
en Acción, Pedro Belmonte, y el presidente de Anse, José Manuel
Catarineu. El presidente de Consumur señaló que la solución política a esta problemática se fue demorando durante más de 30 años y
que solo la presión en los últimos meses mediante el estudio de
investigación realizado por José Matías Peñas Castejón y su repercusión
mediática supusieron un «importante avance».
Barceló
valoró la respuesta del director general de Salud Pública y Adicciones a
la hora de realizar un plan específico de atención a la población de la
diputación del Beal. «No cabe la menor duda que se hace necesario mucho diálogo alrededor de una mesa y con todas las partes implicadas,
incluida la empresa propietaria de los terrenos, donde la
Administración asuma un papel integral desde la perspectiva de salud,
sanitaria y medioambiental», concluyó Barceló.
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