Están el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez sumidos
en un mar de dudas y de temerarios equilibrios, en relación con la
respuesta final que el Estado debe dar al golpe catalán.
Una batalla política que España ya no puede perder, empatar y ni
siquiera ganar por la mínima. Porque además de la violación flagrante e
intencionada de la legalidad, la Constitución y el Estatut, lo que
merecen los golpistas es la implacable respuesta de la Justicia y del
Gobierno porque está de por medio el prestigio (dentro y fuera de
nuestro país) de España así como la dignidad nacional y el amparo de
quienes en Cataluña son víctimas directas de golpe y viven excluidos y
bajo amenaza de represalias por parte de los delincuentes que pretenden
declarar la independencia de Cataluña.
Los que continúan alardeando impunemente de sus hazañas sin que hasta
el momento nadie en el Tribunal Constitucional o en el Gobierno se
atreva a colocarlos en su sitio, que no es otro que fuera de las
instituciones catalanas y sometidos sin complejos ni miramientos a la
Justicia para que paguen tal y como deben por los delitos de
desobediencia, prevaricación, malversación y sedición.
Por todo ello nos resulta asombroso que a tan solo pocos días del
desafío del referéndum del 1-O, el Gobierno y el PSOE mantengan dudas
sobre lo que hay que hacer y el nivel de la respuesta que merecen los
golpistas. Si el cáncer golpista no se extirpa como se debe, la
enfermedad permanecerá y se reproducirá con una fuerza inusitada en
Cataluña y otros territorios como el País Vasco donde se está siguiendo
con mucho interés el ensayo catalán.
¿A qué esperan Rajoy, Sánchez y el TC para actuar? Entendemos que no
es fácil pero esa es su obligación -sobre todo del Gobierno-
constitucional. De ahí que las especulaciones sobre la oportunidad de
aplicar el artículo 155 de la Constitución nos parecen innecesarias
porque los golpistas -los actuales y los que les puedan suceder en el
caso de suspensión de sus cargos- no pueden permanecer al frente de las
instituciones catalanas cuya legitimidad emana de la Constitución
Española.
De manera que al Gobierno, al PSOE y a C’s les toca reaccionar de una
vez por todas, y de manera contundente y definitiva, por más que exista
el riesgo de desorden público y violencia por parte de los golpistas lo
que los llevaría del delito de ‘sedición’ al de ‘rebelión’.
Urge la
actuación firme y decidida del Gobierno y los partidos democráticos y
constitucionales lo que permitirá levantar en Cataluña el velo de la
‘alta trama’ de conspiradores que financia y está detrás de este proceso
demencial en Cataluña y cuyos nombres y sus instituciones y empresas)
se deben conocer para que también respondan ante la Justicia como los
demás encartados en el golpe de Estado catalán.
Sin la previa recuperación de la legalidad y normalidad democrática
carece de sentido hablar reformas territoriales y constitucionales bajo
la amenaza y el chantaje al Estado, la soberanía nacional y al conjunto
de la sociedad.
(*) Periodista y editor de www.republica.com
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