jueves, 19 de marzo de 2009

Un cruce de demanda y querella revela una supuesta situación de corrupción en Lorca

LORCA.- El que fuera concejal de la empresa municipal de limpieza, Miguel Miras García, interpuso en el año 2007 una querella criminal contra el trabajador de Limusa, Jacinto Parra Arcas, por asegurar éste en una denuncia contra el ex director de la empresa pública, Francisco Gil Eguino, que Miras era su «socio en los negocios oscuros y fraudulentos, cuyas actividades y llevanza contable» se operaba en las oficinas de la empresa de limpieza municipal, revela hoy 'La Verdad'.

La querella criminal se retiró, ya que previamente debía interponerse una demanda de conciliación. El acto de intento de acuerdo se llevó a cabo el miércoles día 11 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Lorca, donde sólo se personó el procurador del demandante, por lo que el acto de conciliación no se llevó a efecto y la demanda criminal seguirá su curso.

En el texto de la demanda de Miras se asegura que Jacinto Parra, en el escrito de denuncia contra Gil Eguino, «sin relación de continuidad alguna con el relato de los hechos arremete» contra el ex concejal socialista, afirmando literalmente: «... en aquellos tiempos era concejal delegado de Empresa por el Ayuntamiento de Lorca que es el máximo accionista de Limusa, D. Miguel Miras García, en la actualidad socio en los negocios oscuros y fraudulentos que viene desarrollando el denunciado a través de distintas sociedades mercantiles, cuyas actividades y llevanza contable se operan en las oficinas de la empresa de limpieza municipal para que vengo trabajando».

Y se añade que aprovechando la denuncia interpuesta contra una tercera persona, «sin imputar la comisión de un delito concreto», se acusa a Miras de realizar «actividades fraudulentas e ilícitas, prevaliéndose de su cargo público». También se señala que de dicho escrito de denuncia se han difundido copias «por toda la ciudad de Lorca», habiéndose encontrado algunas en la sede del sindicato UGT de Lorca.

El párrafo sigue diciendo que Miras se encontró la copia que se adjunta a la denuncia «en el rellano de la escalera de su vivienda junto a varios ejemplares más».

Así como que Jacinto Parra «ha entregado personalmente copias de la denuncia a diversas personas, vinculadas a su actividad pública, política y sindical, así como relacionadas con su vida privada, con el fin de asegurarse de que las afirmaciones injuriosas contenidas en la misma sean de dominio público y perjudiquen en la mayor medida posible su prestigio y buen nombre a todos los niveles y en todas las facetas de su vida».

Entre las peticiones que realiza Miguel Miras García a Jacinto Parra Arcas en la demanda de conciliación está que «se retracte de las injurias vertidas contra mi representado en la denuncia que, en fecha 7 de julio de 2007, interpuso contra D. Francisco Ignacio Gil Eguino», según reza en el suplico de la demanda.

También le pide que «se avenga a publicar en los diarios de mayor repercusión en esta localidad, La Opinión y La Verdad, rectificación de las mencionadas injurias». Por último, le exige «a abonar a mi representado la cantidad de seis mil euros (6.000 euros), como indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

El querellante, Miguel Miras García, aparece en un informe dentro de la investigación que se sigue en la Operación Reciclaje, que tuvo sus inicios en una denuncia de Jacinto Parra por acoso laboral a Gil Eguino. El nombre de Miras está unido al que fuera ex director de Limusa, único detenido por el momento de la presunta trama de corrupción.

En el informe de la Delegación de Murcia de la Agencia Tributaria Miguel Miras García aparece entre los socios de la empresa Cabo Cope Naturaleza. A ella, en el documento se le imputa un «posible delito por IVA e impuesto de Sociedades en la venta de viviendas».

Miras también aparece como socio de Inversiones Umbe, dueña del 65% de Invermed, que a su vez, cuenta con el 60% del capital de Vía Urbe, a la que también se le achacan «posibles delitos por la compra de terrenos a Tana S. A.». Inversiones Umbe, también realizó inversiones en La Marina de Cope, Uneproconsa y promociones Martínez Azor.

Del que fuera edil socialista se dice en el informe de la Agencia Tributaria, que realizó un inspector de hacienda, que «figura como socio y/o autorizado en cuentas bancarias de varias sociedades». El texto habría sido incluido en el sumario dentro de la Operación Reciclaje.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

¡Qué lío de noticia esta! A ver si alguien hace un periodismo más digerible.

Anónimo dijo...

El ex concejal socialista de Lorca Miguel Miras puede estar vinculado a una trama de corrupción en la que ya fue detenido ayer el ex director de la empresa municipal de limpieza Limusa Francisco Gil. Según un informe de la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso en exclusiva lanacion.es, ambos -junto a otras tres personas- pueden haber incurrido en un delito contra la Hacienda pública, consecuencia de supuestas actuaciones ilícitas por parte de la empresa Cabo Cope Naturaleza de la que Gil y Miras eran accionistas.

En la operación que está llevando a cabo la Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco), además de los registros de Limusa y dos de las viviendas de Gil, fue registrada una empresa propiedad de Antonio Baños, administrador de varias sociedades supuestamente implicadas en la trama de corrupción y presidente del club de fútbol Lorca Deportiva. Además del entramado empresarial, que según consta en el informe remitido por la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria al Juzgado número 4 de Lorca y que recoge supuestas irregularidades de empresas que habrían defraudado a la Hacienda Pública, la operación -que se encuentra bajo secreto sumarial-, también podría demostrar actuaciones ilícitas por parte de la empresa pública.

¿Quién supervisaba al director de Limusa?

Francisco Gil fue nombrado director de Limusa como cargo de confianza por el Partido Socialista. El detenido estuvo bajo la supervisión de los socialistas Jesús Molina Sánchez, Bartolomé Soler y Miguel Miras que como concejales de empresas municipales de Lorca eran también Consejeros Delegados de la empresa pública. Cabe destacar que Soler es en la actualidad diputado autonómico, y por tanto aforado, y Miras socio del detenido en la empresa Cabo Cope Naturaleza. Fuentes internas de Limusa aseguran que Francisco Gil trabajaba en la empresa pública desde 1986, pero no fue hasta 10 años más tarde, con la entrada en la alcaldía de Miguel Navarro Molina, cuando consiguió el control de la empresa.

Francisco Gil cobraba de la empresa pública 137.000 euros anuales según afirman desde Limusa. Su esposa y su hermano, quienes entraron posteriormente en la empresa perciben 67.000 y 75.000 euros anuales de la sociedad municipal. Pero las altas nóminas de la familia de Gil, no son los únicos datos que llaman la atención. Fuentes municipales aseguran que Gil pasaba gastos personales por valor de más de 60.000 euros al año a cargo de la empresa. De la misma forma, desde el ayuntamiento de Lorca se subvencionaron los estudios universitarios de la hija del detenido por una cuantía superior a los 70.000 euros.

Con la llegada del Partido Popular al consistorio en 2007 y tras comprobar la cuantiosa remuneración de Gil, el concejal Melchor Morales trató de negociar una disminución del salario del director de Limusa, pero éste la rechazó y denunció al consistorio por acoso. Además en este juicio Gil presentó cintas con grabaciones a trabajadores de Limusa, hechos por los que podría ser también demandado.

El informe de la Agencia Tributaria

La investigación, que comenzó a instancias de la denuncia de un particular ante el juzgado número 4 de Lorca, fue puesta en manos de la Agencia Tributaria, para que realizara un informe, tras considerar el juez que lleva el caso que podría haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Tal y como consta en el informe que se envió, el pasado 10 de octubre, desde la Agencia Tributaria al juzgado número 4 de instrucción de Lorca, los documentos presentados en la denuncia “contienen abundante información que permite presumir la comisión de uno o varios delitos de defraudación tributaria” por parte de la inmobiliaria Cabo Cope Naturaleza.

Dentro del entramado societario investigado, según se deduce del informe de la Agencia Tributaria también podrían ser sujeto de investigaciones las empresas Inversiones Umbe, Inversiones la Marina de Cope, Uneprocon, Promociones Martínez e Invermed.

Además, según la documentación presentada por el denunciante y que obra en poder del juzgado, la inmobiliaria Vía Urbe, directamente relacionada con el entramado societario del que es partícipe el detenido Francisco Gil, habría comprado un terreno a la empresa TANA Sociedad Anónima en el que la diferencia entre el montante real de la operación y el declarado sería de más de 2.300.000 euros con lo que, en caso de demostrarse, según explica la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria, podrían estar ambas empresas incurriendo en delitos contra la Hacienda Pública.

Los administradores de la inmobiliaria Cabo Cope Naturaleza que podrían haber incurrido en un supuesto delito de estafa a la Hacienda Pública son, además del socialista Miguel Miras y el ex director de Limusa Francisco Gil, el notario Sebastián Fernández Rabal, el médico Vicente Urbano Alejo y el propietario de una aseguradora murciana, Ángel Martínez Tudela. Todos ellos con una participación del 20%.

A lo largo del día de hoy han continuado los registros de sedes de sociedades implicadas en la trama. La intervención en Lorca, que podría salpicar a dirigentes socialistas, curiosamente se ha producido una vez pasadas las elecciones vascas y gallegas.

LA NACIÓN.ES