Industria ha pedido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que intensifique las inspecciones al sector mientras elabora una norma del máximo rango posible en la que se vaya más allá de la responsabilidad administrativa hasta ahora exigida al sector.
En la actualidad se aplican sanciones administrativas al sector fotovoltaicos consistentes en el pago de multas, a pesar de que en algunos casos los fraudes consisten en la falsificación de documentos, a lo que el Código Penal considera un delito sujeto a penas de cárcel.
Para comprobar si los paneles fotovoltaicos importandos y los fabricados en España se corresponden con los instalados, y si se ha producido un caso de falsedad documental, el departamento dirigido por Sebastián solicitará datos a Aduanas y al Ministerio de Hacienda, según indican los diarios 'Cinco Días' y 'Expansión'.
La expiración en septiembre de la anterior normativa y su sustitución por otra con primas un 35% inferiores elevó el fraude en el sector. La Administración registró en el último momento un buen número de solicitudes antes del cambio de regulación.
Ante esta circunstancia, Industria solicitó una inspección a la CNE, que a finales de noviembre emitió un informe en el que se apreciaba que más de la mitad de las 30 plantas revisadas registraba deficiencias de diversa índole. En algún caso, ni siquiera se habían instalado los paneles fotovoltaicos.
La pasada semana, el regulador aprobó un nuevo plan de inspección que afectará a 4.189 instalaciones fotovoltaicas, el 8,54% de las inscritas, agrupadas en 1.447 huertos solares que generan el 13,3% de la potencia inscrita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario