martes, 25 de febrero de 2020

Un cambio en el MIR rebaja la calificación de miles de aspirantes y amenaza con dejarles sin su especialidad

MADRID.- Lío con el MIR. Un cambio en la forma de contabilizar las notas de la carrera de Medicina –y todas las sanitarias, como Farmacia o Enfermería– que ha realizado este año el Ministerio de Sanidad ha provocado que miles de aspirantes hayan visto cómo les ponían una nota media de la carrera de 5 por defecto, alterando la clasificación y por tanto, quizá, el futuro laboral de todos ellos, según denuncian algunos perjudicados y adelantó El Español.

El problema ha surgido a partir de un cambio de criterio de Sanidad con las notas. En anteriores convocatorias, el ministerio tenía un baremo para la carrera que iba del 1 al 4. El 1 equivalía a un aprobado (entre 5 y 6,9 de nota), el 2 al notable (de 7 a 8,9), el 3 al sobresaliente (9) y el 4 a la matrícula de honor. Pero este año han pasado a una valoración de 1 a 10. Y ha llegado al caos porque no todas las universidades califican así y muchos aspirantes han visto cómo su nota quedaba en un 5.
Le ha ocurrido a Ana Saavedra, graduada en Medicina en la Universidad de Ulm, en Alemania. Allí califican con entre un 1 y un 4 (si se aprueba). "La equivalencia la tenía que hacer la universidad, pero la universidad me dijo que lo tenía que hacer el ministerio", lamenta. "Se lo expliqué al ministerio y me dijeron que acreditase la negativa de la universidad, lo que hice, y pedí al ministerio que hiciera la equivalencia", explica.
Nunca sucedió. La sorpresa llegó cuando fue a mirar su nota y descubrió que el notable alto que traía de Alemania se había convertido en un aprobado en España (un 5). Se da la circunstancia de que Ana se había presentado el año pasado ya. Mismo expediente, misma persona. Entonces sí le dieron la nota que le correspondía.
Esta vez no. "Pensaba que había dado los pasos correctos porque seguí las instrucciones que me habían dado [desde Sanidad], pero me vi con un 5 que no esperaba. Puede costarme cientos de puestos en las listas", lamenta. 
Ante la falta de soluciones por parte de Sanidad, Ana se ha marchado a Alemania a hacer un intento desesperado de que le hagan la equivalencia, algo que sabe muy difícil porque su universidad ya le ha dicho que no lo hará.
Algunas academias dedicadas a preparar el MIR han informado a sus alumnos de que 3.815 de los aspirantes (uno de cada cuatro) obtuvieron un 5 por estos problemas con las baremaciones, aunque otras fuentes elevan la cifra hasta los 4.700. Los aspirantes tienen hasta este martes para reclamar.
El Ministerio, sin embargo, no parece observar mayores problemas. Sanidad explica que cuando se convocaron las plazas se estableció que "el expediente académico se presente conforme a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003 (...), es decir, conforme al sistema europeo de créditos". 
Y añade el ministerio: "Con esta adaptación normativa se da respuesta a la solicitud que decanos y estudiantes de medicina llevan años trasladando al ministerio". Lo explicaba Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional del ministerio.
Según el ministerio, quienes han obtenido un 5 es bien porque no han presentado sus méritos académicos o porque las certificaciones que han presentado no se ajustan al Real Decreto mencionado.
Los aspirantes rechazan esta postura. "A mí me dijeron que si la universidad no lo hacía [certificar las notas] lo harían ellos. ¿Por qué no lo han hecho? No lo sé. Pero supongo que a toda la gente que no tenía las notas en base a 10 les han puesto un 5", especula Ana.
El MIR (Médico Interno Residente) es una prueba que deben aprobar los licenciados en Medicina para acceder a una plaza de especialista en formación. 
Las otras carreras sanitarias tienen su propia versión similar. Abierta a nacionales o extranjeros con títulos homologables, la prueba consta de un examen, cuya nota se barema después con la media obtenida durante la carrera. De ahí sale una nota final con la que se ordena a los aspirantes. Además, se da la circunstancia de que con los cambios de este año la nota de la carrera cuenta más que nunca para establecer la calificación final (un 10%).
La clasificación es importante, porque los futuros especialistas –médicos, enfermeros, farmaceúticos– eligen a partir de ahí en orden la especialidad que quieren cursar y en qué hospital harán esas prácticas que dan la especialidad. 
Caer puestos en la lista, por tanto, puede suponerle a un aspirante que su plaza deseada ya no esté disponible o incluso acceder a una plaza o no: Sanidad ofreció este año 7.512 plazas, a las que optaron más de 15.000 aspirantes.
Lo mismo le ha sucedido a V. A. y P. H., graduadas extranjeras que prefieren no ser identificadas. Vinieron a España exclusivamente a hacer el MIR. "En la web del ministerio informaban de que si nuestra universidad no hacía las equivalencias ellos se encargarían", explican. Hicieron el pertinente trámite, pero no les ha servido para nada. También se han encontrado con un 5.
"El año pasado a los que vinieron de nuestra universidad con el certificado del centro les quedó bien el cambio, no tuvieron problema", cuentan. "Era el ministerio el que hacía el cambio". Cuando observaron el error, llamaron al ministerio. Agua. Lo mismo lamentan otros aspirantes, que especulan con que las líneas telefónicas debían estar saturadas, porque nadie les atendió al teléfono.
Estas graduadas calculan que pueden haber perdido centenares de posiciones en las listas. "Ni siquiera tengo aún elegida la especialidad que quiero, pero [si no se arregla] son 700 oportunidades que se me van para poder elegir", cuenta V. A.
 "Y viendo las listas hay gente con peor nota que yo en el examen pero que tienen mejor puesto por el baremo, esto también es quitarle importancia al examen", denuncian.
Ana Saavedra sí sabe qué quiere hacer. "Me gustaría una especialidad quirúrgica", explica, "y para eso, al menos otros años, estando por debajo del puesto 4.000 se podía aspirar a algo. Me he quedado en el 4.306 y creo que subiría bastante si me dieran la nota que me he trabajado durante este tiempo", lamenta.
Este martes se cierra el plazo para reclamar, a mediados de marzo salen las listas definitivas y en mayo los futuros especialistas firman los contratos y empiezan a tomar posesión de las plazas. Quienes y en qué orden, está por verse. "Si hubieran sido 100 personas las perjudicadas entiendo que sería nuestro error", explica P. H. "Pero somos 4.500, el error es suyo", zanja a requerimiento de www.eldiario.es

¿Eliminar carreras de letras para que haya menos parados? España abre el debate

MADRID.- Durante los años de la crisis, fue común enarbolar el razonamiento de los universitarios en paro —ya saben: “Hay gente con dos carreras y un máster que está en la calle”— como muestra de que ni siquiera una titulación superior garantizaba un empleo. La respuesta de las universidades siempre fue la de recordar que un grado o titulación terciaria protegía contra el desempleo. Los datos lo avalaban, aunque con sus particularidades locales, según El Confidencial.

Sigue siendo una defensa habitual aun hoy, cuando en la última edición de 'La universidad española en cifras 2017/2018', mascarón de proa de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), se incide en que “la universidad no solo no es una fábrica de parados, sino que durante toda la crisis y la reciente recuperación, ha sido el principal vector de creación de empleo y de reducción del paro, lo que no excluye que tal empleabilidad tenga desajustes que deban ser atendidos”.
Es en la forma de responder a estos desajustes donde se abre un debate que, hasta la fecha, apenas se había planteado en España. El informe propone “limitar la oferta de titulaciones, y de plazas en las mismas, en aquellas enseñanzas que registren una baja inserción laboral o baja calidad de la inserción, aunque parece difícil que las universidades tomen la decisión en lugar de los estudiantes”. El texto cita específicamente las Artes y Humanidades, “que sufren —como se ha señalado— una baja tasa de inserción laboral y calidad en el empleo”.
La posibilidad de que la administración intervenga a la hora de favorecer económicamente a titulaciones más “empleables” lleva años sobrevolando los trabajos sobre universidad y empleo, no solo en España, sino también en el ámbito internacional, donde una hipotética eliminación de carreras de letras se ha planteado en alguna ocasión, como en el globo sonda lanzado por Japón (el último, Bolsonaro, que utilizó el argumento del "retorno inmediato" para defender su ataque a la Filosofía). 
Un estudio de la Fundación BBVA sobre las posibilidades de inserción de los estudiantes españoles, que mostraba cómo una titulación u otra podía llegar a triplicarla, concluía sugiriendo que “la diversidad de resultados aconseja que las universidades y las administraciones la tengan en cuenta al planificar la oferta de estudios para orientarla hacia los campos más demandados”.
La diferencia, en este caso, es que se apela directamente a la actuación de las administraciones públicas, que deben complementar los esfuerzos de las universidades “mediante incentivos económicos a una inserción laboral de calidad o desincentivos a una oferta con escasa empleabilidad de los egresados”. El objetivo es que el porcentaje de 82,7% de demanda en preferencia respecto al total de las Artes y Humanidades, “una relación de las más elevadas”, descienda.
Una intervención de arriba abajo que complementa a otras como la orientación e información a los alumnos sobre oportunidades laborales. Antonio Cabrales, profesor del Departamento de Economía del University College de Londres y uno de los autores de previas ediciones del informe, considera que “convendría que hubiera alguna manera de modular el número de estudiantes en distintas titulaciones, pero me sorprende que las universidades, que podrían hacerlo ya de por sí, les pasen la pelota a las administraciones”. En su opinión, se trata de “un nivel de microgestión poco razonable”.
El economista prefiere centrarse en los incentivos de los que habla el informe. “¿Por qué las universidades no lo hacen ya?”, se pregunta. “Porque en casi todas las comunidades su financiación depende del número de estudiantes, por lo que un rector no estaría haciendo su trabajo para con la universidad si limitase el acceso a estudiantes, porque eso le permitiría por ejemplo pagar a más profesores.” ¿La solución? Una de las propuestas de Cabrales es no pagar por estudiante, sino por egresado con un empleo “aceptable”.
Es lo que ya está ocurriendo, hasta cierto punto, en algunas de las titulaciones estrella de la universidad española, cuyas plazas no se han ampliado a pesar de la gran demanda que tienen, con el objetivo de garantizar su prestigio. Como, por ejemplo, el doble grado de Matemáticas-Física de la Universidad Complutense, la carrera con la nota de corte más alta. O el grado de Filosofía, Política y Economía de la Carlos III, Pompeu Fabra y Autónoma de Madrid y Barcelona.

La oveja negra

La propuesta parte del axioma de que las carreras de Artes y Humanidades proporcionan siempre peores empleos que las de ciencias. “El concepto de empleabilidad es francamente muy engañoso”, añade Jesús Zamora Bonilla, decano de la Facultad de Filosofía de la UNED. No solo porque a menudo se mide en plazos muy cortos, sino también porque “hace caer sobre las universidades y los estudiantes la responsabilidad de 'ajustarse al mercado de trabajo', en vez de exigir que el sistema productivo y la administración creen abundantes puestos de trabajo en actividades intelectualmente interesantes”.
“Me parece un error garrafal, pega un derechazo al hígado de la universidad”, considera Francisco Esteban Bara, vicerrector de Comunicación de la Universitat de Barcelona y autor de 'La universidad light: un análisis de nuestra formación universitaria'. 
“La universidad no debe solo adaptarse a la realidad, sino que debe cambiarla. Si entra en una deriva utilitarista, pues sí, las humanidades y la filosofía no sirven para nada. Pero la universidad no puede reducirse al concepto de utilidad porque no puede ser utilitarista”.
En opinión de Bara, uno de los grandes errores de este marco mental es considerar que lo único que hace una Facultad de Filosofía, por poner un ejemplo, es formar filósofos. “El cirujano debe filosofar, debe preguntarse acerca de su trabajo todos los días”. El profesor de Teoría e Historia de la Educación recuerda en ese sentido la propuesta de Ortega y Gasset de una Facultad de Cultura, donde pasasen todos los profesionales de todos los ámbitos.
Para Zamora, la lógica de incentivar carreras empleables y desincentivar las no empleables es un tanto perversa. 
“Si nos tomamos en serio lo de que aún no existen los conocimientos para los puestos de trabajo más demandados dentro de 20 años, quizá lo mejor sea dejar que la gente comience estudiando lo que les pide su vocación, y vayan formándose después en asuntos más 'prácticos', lo que ahora se llama 'educación a lo largo de la vida'”. 
Incide Bara: “Cuando no necesitemos biólogos, ¿cerramos la Facultad de Biología?”
Como recuerda el decano, una de las decisiones más dañinas para las universidades durante el proceso de Bolonia fue no haber integrado la presencia de los estudios humanísticos en otras carreras. “Independientemente de la rama de conocimiento en la que uno sea especialista, es fundamental que tenga una perspectiva histórica, filosófica y cultural de su disciplina y de cómo se enmarca en la historia y la sociedad en general”, explica Zamora. Una propuesta: que un 20% de los créditos cursados sean de asignaturas humanísticas. “Hemos tendido a la ultraespecialización y a la desconexión entre áreas de conocimiento”, lamenta.

¿Qué pensará Castells de todo esto?

En dicha coyuntura, las miradas se centran en el nuevo ministro Manuel Castells, que durante los próximos meses se reunirá con representantes de todas las universidades. No solo con los rectores, sino también con alumnos y profesores. Que sea de formación sociólogo y que haya pasado los últimos 40 años en Berkeley, junto con Harvard la universidad americana que mejor reputación tiene en humanidades, da un hálito de esperanza.
“La formación más transversal y humanística se ha mantenido en la universidad anglosajona”, recuerda Bara, que cita un artículo de 'Harvard Business Review', uno de los medios por excelencia del entorno académico empresarial, sobre la importancia de los grados en artes liberales. 
“Plantear una falsa dicotomía entre una educación en artes liberales o prepararse para el trabajo y la vida ha contribuido a la separación de la educación superior del sueño americano, y ha olvidado que las universidades siguen siendo poderosas instituciones de transformación del individuo y la sociedad”, explicaba el reportaje.
Uno de los tópicos repetidos durante los últimos años, de hecho, es que las grandes tecnológicas han comenzado a dirigir su mirada hacia las carreras de letras a la hora de encontrar tanto gestores y jefes de personal como para desarrollar sus departamentos de ética. 
“Supongo que hay una parte no despreciable de 'wishful-thinking' en el eslogan de que 'las empresas tecnológicas demandan cada vez más humanistas', y seguramente el mensaje es más cierto en economías con empresas más dinámicas e innovadoras”, matiza Zamora.
En el fondo de la cuestión late un cambio de modelo en el rol de la universidad en la sociedad, de un centro de conocimiento e investigación a uno de inserción laboral. Como concluye Bara, una universidad “no es el Corte Inglés”: “La universidad no es un lugar para encontrar trabajo, sino para formarte para un trabajo”.

¿Y la investigación?

No es tanto que las Facultades se nieguen a ver vinculada su financiación con los resultados como que la definición de estos es peliaguda. Zamora, por ejemplo, recuerda que la UNED ya lo planteó hace 10 años, cuando él mismo era vicerrector de planificación. “Pero debe quedar claro que los 'resultados' no deben limitarse a algo equiparable a 'beneficios económicos'”, añade. 
“La universidad pública no es una empresa, sino un servicio público, y debe financiarse principalmente en función de lo bien que atiende las necesidades sociales de las que se ocupa, entre las que la 'productividad económica' es solo una, y no la más importante”.
Algo semejante ocurre en el ámbito de la investigación, como explicaba Asunción López-Varela, profesora de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, en un detallado artículo sobre la devaluación de las humanidades y las ciencias sociales en el panorama investigador europeo, que pone de relieve las consecuencias negativas de establecer modelos bibliométricos que miden el impacto académico pero no el impacto social. 
“La Comisión debe encontrar formas de integrar estas disciplinas mejor, su valor se evidencia en aspectos de cohesión social y culturales”, explica.
“La conclusión del último informe Lamy de 2017 es que las ciencias sociales y las humanidades contribuyen muchísimo a generar impacto y transferencia, pero no se nos reconoce”, añade. “O es que nos vendemos mal y no sabemos decir a la sociedad que somos útiles o es que nos ven mal”. 
Pero la dificultad para encontrar herramientas de medición que no pasen por criterios cuantitativos como la mera empleabilidad a corto plazo es una muestra de que, más allá de la discusión sobre el utilitarismo de las letras, la mirada economicista suele imponerse.
“Hay que encontrar vías de valoración específicas que evidencien el valor añadido y el impacto social, no solo si la persona va a ser empleada, sino si se van a crear oportunidades de generar ideas o de generación de empleo, algo que tiene que ir de mano de medidas específicas y estructuras de apoyo, por ejemplo, oficinas vinculadas a las universidades como Compluemprende”, añade la profesora.
“Si van a seguir midiéndonos por métricas numéricas vinculadas, por ejemplo, a la consecución de empleos...” Y deja la frase en el aire, como si no se atreviese a citar lo que puede ocurrir en caso de que la limitación de plazas en Artes y Humanidades pase de ser una mera hipótesis a una realidad.

Las CC AA llaman a la calma ante la situación del coronavirus en Italia

MADRID.- Las comunidades autónomas han hecho este martes un llamamiento a la tranquilidad ante la situación provocada por el coronavirus en Italia porque, aseguran, el sistema sanitario español está preparado y, además, la virulencia del Covid-19 "es baja".

"Sabemos que de cada 100 casos, 80 cursan de forma totalmente asintomática, 15 dan síntomas pero evolucionan hacia la curación y 5 necesitan algún tipo de tratamiento específico y algunos requieren tratamiento en UCI", ha dicho el consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre, antes de participar en la reunión urgente entre las comunidades y el Ministerio por el coronavirus.
Aguirre ha dicho que, dada la proximidad con Italia y el flujo de personal, de turismo y de trabajo con ese país, es de esperar que haya casos en España, pero ha insistido en que el coronavirus tiene una virulencia "baja".
"Hay que tranquilizar, estamos perfectamente preparados", ha abundado el consejero andaluz, quien estuvo la semana pasada en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, donde pudo comprobar la "buena conexión" entre este organismo y el Ministerio de Sanidad.
La consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población y ha recalcado que en la mayoría de los casos se trata de una enfermedad leve con una mortalidad baja.
Ha recordado que en esta comunidad se dio el segundo caso positivo del país, un ciudadano británico que se había contagiado en Francia, y ha valorado el "acompañamiento, la coordinación y el trabajo" que se está haciendo desde el Ministerio de Sanidad, que "facilita muchísimo la atención a los posibles casos" y a "los pocos confirmados que hay en el país".
La consejera catalana, Alba Vergés, también ha llamado a la calma al asegurar que ante el coronavirus hay que actuar de forma coordinada y "sin alarmismos", al tiempo que ha confirmado que la italiana residente en Barcelona que ha dado positivo tiene síntomas leves.
La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, ha pedido a los medios de comunicación que trasladen tranquilidad porque en estos momentos en su territorio no hay ningún caso confirmado, aunque sí hay cuatro en estudio: dos en Alicante, uno en Castellón y otro en Valencia.
Barceló va a proponer en el Consejo Interterritorial que preside el ministro, Salvador Illa, la necesidad de que todo el Sistema Nacional de Salud pueda contar con un único concurso a la hora de licitar algunos productos que se puedan necesitar la situación por el coronavirus se complica.
Aunque no ha querido dar más detalles se trataría de establecer una especie de compra centralizada como ya ocurre en el caso de algunas vacunas.
Por su parte, el consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, comunidad en la que hay cinco casos sospechosos cuyos resultados se confirmarán probablemente mañana, ha recalcado la unión de todas las autonomías y del Ministerio en este asunto.


Pruebas a los pacientes ingresados por neumonías sin identificar


El Ministerio y las comunidades han acordado este martes que se realizarán las pruebas del coronavirus a todos los pacientes con neumonía ingresados en hospitales que haya resultado negativa a otros virus como por ejemplo la gripe.
Lo ha adelantado el consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez, quien ha informado también de que se ha cambiado la definición de caso clínico para ampliarlo a las personas con síntomas que hayan estado, además de en China, en Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y zona norte de Italia (Lombardía, Véneto, Emilia Romagna y Piamonte).
Son algunas de las medidas consensuadas en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que ha presidido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en la que han participado los consejeros de salud de todas las comunidades autónomas, los de Cantabria y Canarias por videoconferencia.
El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, también participó hoy en la reunión para coordinar las medidas de sensibilización y detección precoz del coronavirus entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.
A la salida de este encuentro, Villegas insistió en mandar un mensaje de tranquilidad a la población y remarcó que "contamos con un sistema público de salud preparado y capaz y disponemos de los mejores profesionales".
El Ministerio ha establecido que se considerarán casos en investigación de coronavirus los pacientes que presenten un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda y que en los 14 días previos al inicio de los síntomas hayan viajado a áreas con evidencia de transmisión o hayan tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado.
Se ha acordado también que los casos leves se podrán seguir en el domicilio y hacer el seguimiento desde ahí, para tener disponibilidad hospitalaria en los casos más graves, según el consejero gallego.

'Aena' mejora previsión de tráfico en 2020, que no toma en cuenta potencial impacto de coronavirus

MADRID.- El gestor aeroportuario Aena anunció el martes una revisión al alza en la estimación del tráfico de pasajeros que visitarán sus aeródromos domésticos en 2020, pero especificó que la nueva proyección no tenía en cuenta el "potencial impacto" del brote de coronavirus.

El grupo controlado por el Estado español estima ahora un crecimiento del volumen de pasajeros en su red nacional del 1,9%, frente al 1,1% que anticipaba anteriormente.
"Esta estimación de tráfico no contempla un impacto potencial del coronavirus en el tráfico aéreo mundial y europeo, en particular", dijo en un comunicado remitido al supervisor bursátil.
La nueva estimación se produce el día que en España ha elevado el número de casos positivos en coronavirus a cuatro, incluido el primero dentro del territorio peninsular.
El brote del nuevo coronavirus originado a finales de diciembre en el centro de China ha infectado a más de 80.000 personas en la parte continental del país asiático y causado 2.663 muertes. En las últimas semanas, se han notificado varios brotes fuera de China, entre ellos en Italia, con 332 infecciones y 10 muertes.
Aunque la Organización Mundial de la Salud ha rechazado por el momento calificar al brote de pandemia, el brote ha hecho zozobrar los mercados financieros, se está empezando a sentir en varias economías y ha provocado fuertes disrupciones en las cadenas de suministro globales.
Aena también dijo que espera un beneficio neto plano en 2020 tras mejorarlo un 8,6% el año pasado, hasta los 1.442 millones de euros.
Por otra parte, prevé un leve crecimiento del 1% en el beneficio bruto de explotación (EBITDA) hasta los 2.795 millones de euros, frente a los 2.766 millones de 2019, cuando creció un 4,1%.
Aena señaló además que propondrá a la junta de accionistas un dividendo de 7,58 euros por acción con cargo a los resultados de 2019, un 9,4% más que un año antes y equivalente al 80% del beneficio neto.

El temor al coronavirus devuelve al Ibex de la Bolsa española a los niveles de diciembre

MADRID.- El principal selectivo español bursátil cerró el martes con otro fuerte descenso tras la propagación del coronavirus en Europa y otros casos fuera de China, tocando su menor nivel en lo que va de año.

Tras las fuertes subidas del índice a principios de febrero, los inversores aprovecharon para recoger beneficios y retirar sus posiciones de las empresas con mayor afectación al brote que ha llegado a Europa, incluyendo cuatro casos en España. La corriente de ventas restó más de un 8,75% en las últimas cuatro jornadas o unos 800 puntos.
En este contexto, el Ibex-35 cerró con un descenso del 2,45%, hasta los 9.250,8 puntos, mientras el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedió 29,24 puntos o un 1,82%, a 1.575,98.
En el sector bancario, Santander perdió un 3,0935%, mientras BBVA se dejó un 3,2166%, Caixabank cedió un 3,3995%, Bankia perdió un 2,9088%, y Sabadell retrocedió un 4,4829%.
Entre los grandes valores industriales, Telefónica cayó un 2,9015%, Inditex cedió un 1,0466%, Iberdrola se dejó un 2,4703% y la petrolera Repsol perdió un 3,0932%.
El grupo Mediaset fue de los pocos valores que acabó en positivo, repuntando un 2,3134% tras haber sufrido una fuerte caída de la sesión anterior.
Endesa cerró con una caída del 1,9537%, tras anunciar una caída cercana al 90% en el beneficio neto anual por los deterioros contables en sus activos de carbón.
La operadora aeroportuaria Aena, que presentará sus resultados anuales tras el cierre del mercado, cayó un 2,1142%.

El exconsejero de Turismo Juan Carlos Ruiz alega indefensión en su recurso al 'caso Púnica'

MURCIA.- El exconsejero de Industria y Turismo del gobierno murciano Juan Carlos Ruiz ha alegado al recurrir el auto del juzgado de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que acuerda su procesamiento en el caso Púnica, por la presunta contratación ilegal de una campaña reputacional, que el mismo le produce indefensión, por lo que ha pedido su nulidad.

En el recurso presentado este martes por su letrado, el abogado murciano Raúl Pardo-Geijo se indica que la resolución judicial carece de un relato de hechos punibles atribuibles a Ruiz.
El escrito, que va acompañado de numerosa jurisprudencia, añade que los delitos recogidos en el mismo son atribuidos a todos los investigados, sin distinción, cuando la legislación exige que los mismos han de ser individualizados, para no cercenar el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas.
Afirma el recurrente que el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, al acordar la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, lo hace sin concretar hecho punible alguno contra el exconsejero.
Y añade que aun admitiendo, a efectos dialécticos, que sí exista esa concreción, la misma no estaría apoyada en diligencia probatoria alguna.
Afirma también el recurso que no existe indicio alguno de que Ruiz se hubiera concertado con el otro investigado, Alejandro de Pedro, representante de la empresa que presuntamente se encargaría de la campaña de mejora de imagen.
Considera la defensa del que fuera miembro del gobierno regional de Murcia que el auto contra el que se recurre en reforma, con petición de nulidad de actuaciones, y, subsidiariamente, en apelación, que el auto vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, lo que ocasiona indefensión.
La resolución del juez de instrucción exoneró de responsabilidad a otros investigados, mientras que, por el contrario, procesó a Ruiz y a otras personas que supuestamente habrían tenido participación en la contratación de servicios de reputación personal.

La pensión media de la Región es la tercera más baja del país

MURCIA.- La pensión media en la Región de Murcia que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) es de 887,42 euros al mes, la tercera más baja del país, lo que supone 119,43 euros por debajo de la pensión media del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en febrero la cuantía de 887,42 euros, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

No obstante, en Murcia se experimentó un crecimiento en la pensión media del 2,4 por ciento en relación con el mes de febrero del año anterior, dos décimas más que la registrada en el conjunto del país (2,2 por ciento).
En cuanto al número de pensiones ascendió a 249.653 en el mes de febrero, lo que representa un incremento del 1 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior, al igual que la media nacional.
Por tipo de pensiones, en Murcia se registró un total de 144.116 de jubilación; 61.740 de viudedad; 31.136 de incapacidad permanente; 11.356 de orfandad y 1.305 a favor de familias.

El Gobierno de la Nación llama a la calma ante el virus Covid-19

MADRID.- El Gobierno ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ante la crisis del coronavirus y ha asegurado que actuará con "mesura, proporcionalidad y transparencia" ofreciendo a los ciudadanos información médica y técnica correcta en cada momento.
Lo han destacado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tras celebrarse la Comisión Interministerial sobre el coronavirus, que ha presidido este martes Pedro Sánchez.

Catorce ministerios forman parte de esta Comisión, a la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha trasladado hoy los últimos datos sobre la situación de la epidemia a nivel nacional e internacional. 

"Hemos de estar tranquilos, tenemos un gran sistema sanitario. Nuestro país se ha enfrentado en otros momentos a crisis de esta naturaleza y lo hemos resuelto", ha recalcado Calvo, que ha asegurado que los ciudadanos recibirán información médica y técnica correcta para estar "en situación de alerta, de prudencia y de tranquilidad, todo al mismo tiempo".

Montero ha señalado que el Ejecutivo está "muy pendiente" de la evolución del coronavirus y en permanente coordinación con los organismos internacionales y el conjunto de las administraciones, particularmente las comunidades autónomas con el objetivo de actuar en cada momento con las pautas que sean necesarias y con "mesura, proporcionalidad y transparencia".

Ha insistido en que España cuenta con un sistema sanitario preparado y cualificado y ha recordado que el riesgo de infección en Europa se considera moderada.

Preguntada por los posibles efectos económicos del coronavirus, Calvo ha dicho que el Gobierno "tiene un ojo puesto" en las consecuencias económicas y en otras materias que esta crisis pueda provocar.

Calvo ha asegurado que todos los ministerios "están vigilantes" por situaciones posibles y, en cuanto a los protocolos a aplicar, ha especificado que son los mismos para todo el mundo, independientemente de que se tenga que aplicar en una frontera, un hotel o un espacio de reuniones. 

"Somos un país bastante avezado en protocolos de respuesta", ha destacado Calvo.

Los empleados afectados por un ERE suben un 22% en 2019

MADRID.- El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas subió un 22% en 2019 en comparación con 2018, hasta sumar 88.927 afectados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En 2019 destacaron los EREs de extinción puestos en marcha por Banco Santander, Caixabank y Vodafone, que en conjunto afectaron a más de 6.000 empleados, y las suspensiones de contrato en la factoría de Ford en la localidad valenciana de Almussafes.
Así, por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se disparó un 54,7% en tasa interanual, hasta sumar 30.871 trabajadores afectados.
Por su parte, las suspensiones de contrato afectaron a 55.285 trabajadores, un 12,1% más, mientras que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 23,2%, hasta los 2.771 trabajadores.
Según Trabajo, las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo aumentaron un 4,5% entre enero y diciembre de 2019, hasta un total de 2.169, en tanto que los expedientes aumentaron un 3%, hasta 3.220 procedimientos.
Del total de procedimientos registrados en el año pasado, el 90,4% contaban con acuerdo entre las partes, según los datos del Ministerio de Trabajo. Por sectores, industria y servicios concentraron el mayor número de afectados por ERE en 2019, con 52.175 y 33.680 trabajadores, respectivamente, con un repunte del 15,9% en el primer caso y del 33,8% en el caso de los servicios.
La construcción, por su parte, registró 2.243 trabajadores afectados por regulaciones de empleo, un 42,1% más, en tanto que en la agricultura se vieron inmersos en un ERE un total de 829 trabajadores, un 27,5% menos que en 2018.

Comunidad Valenciana, la más afectada

Por comunidades autónomas, la que registró un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en 2019 fue la Comunidad Valenciana, con 27.494 trabajadores implicados, cifra un 52,6% superior a la del mismo periodo de 2018.
Casi todos los trabajadores afectados en esta región se vieron inmersos en un ERE de suspensión de contrato (24.458). En ello han tenido mucho que ver los EREs temporales de suspensión de contratos que se aplicaron a lo largo del año pasado en la factoría de Ford en Almussafes.
Tras Comunidad Valenciana destacan Madrid, con 13.498 afectados por ERE durante del año pasado (+13,8%); Cataluña, con 11.898 (+78%), y Andalucía, con 5.289 afectados (+32,2%). El número de trabajadores afectados por ERE bajó en 2019 en un total de cinco comunidades y subió en doce y en Ceuta y Melilla.
Los mayores descensos se los anotaron Navarra (-77,3%) y La Rioja (-38,4%), mientras que los mayores ascensos correspondieron a Cantabria (+183%), Castilla y León (+88,4%), Canarias (+85%) y Cataluña (+78%).

El PSOE pide saber qué va a pasar con el contrato de sillas en la calle para los desfiles de 2020 en Murcia

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha pedido que "se aclaren las dudas con el contrato para el servicio de colocación de sillas en la vía pública con motivo de los desfiles de Semana Santa, Fiestas de Primavera y Feria de Septiembre" de este año.

Recuerda el "inminente" vencimiento del contrato del servicio de colocación de sillas y tribunas en la vía pública con motivo de estos desfiles, ya que "el contrato finaliza a principios de marzo, así es que creo que ya llegamos tarde al nuevo", afirma el concejal Enrique Lorca.
Al respecto, señala que "estamos recogiendo la inquietud de diferentes colectivos, que a estas alturas, poco más de un mes de la salida de la primera procesión de la Semana Santa murciana, no se sabe nada del nuevo contrato".
Por ello, Lorca ha remitido una comunicación a la Concejalía, responsable del citado contrato, dirigida por Jesús Pacheco, para que "aclare la situación actual del pliego condiciones porque sospechamos que no se está actuando con previsión y agilidad".
Recuerdan que fue Pacheco quien firmó el anterior contrato vigente hasta principios de este próximo mes de marzo y "tiene delegadas las competencias de planificación y gestión de las fiestas del municipio de Murcia".
El edil socialista advierte que la Ley de Contratos del Sector Público "exige una planificación para evitar el vencimiento y, por tanto, dificultades con la prestación del servicio que es, en definitiva, lo que nos preocupa".
"No estamos ante un contrato menor, así que el Ayuntamiento no puede permitirse improvisaciones cuando estamos ante un servicio que supone un importante coste y es muy necesario por la gran concentración de público que asiste y participa a la Semana Santa y fiestas", explica Lorca.

El Gorguel y la reincidencia en el absurdo / Pedro Costa Morata *

Tras seis o siete años en los que la polémica sobre el proyecto de nuevo puerto en El Gorguel se había diluido gracias a la desaparición de Adrián Viudes, el "inventor", y de la relativa discreción de sus sucesores, reconducidos a la prudencia por varios motivos de peso (de carácter esencialmente ambiental), hete aquí que resurgen los imaginarios contenedores fantasma y el fantástico puerto necesario, de la mano de Yolanda Muñoz, la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC).

Muchos creíamos que ese proyecto ya había sido asumido como absurdo e inviable por los principales implicados, pero de nuevo nos hemos de enfrentar, como serpiente de entretiempo, a la misma cantinela de un "proyecto histórico", una "palanca del desarrollo regional", un "referente entre los puertos europeos", etc.

La nueva promotora, que me atrevo a describir como burócrata desarrollista tras echar un vistazo a sus labores político-administrativas, seguramente debe venir precedida por cierta fama de "eficaz y competente" por su trabajo en el ámbito de las infraestructuras del Gobierno autonómico, pero no parece reparar en que el asunto en el que se implica la puede transformar en todo lo contrario.

Para lo cual, a más de recordarnos esa justificación que, en definitiva, inventa necesidades, es decir, pone el carro delante de los bueyes y se alinea con políticas de oferta en una situación de crisis planetaria en la que nada va a discurrir por ese marco ideológico, hace como que no conoce ni a sus compas del clan dirigente ni a nuestra historia regional reciente.

Sólo una pincelada para aguar los criterios de "necesidad" u "oportunidad" del nuevo puerto: entre Tánger y Barcelona, los dos grandes puertos del Mediterráneo más occidental, el de Valencia no tiene competidor, debido a numerosas circunstancias, de entre las que destaca su proximidad a Madrid. 

Los excesos de sus actuales directivos, no obstante, los enfrentan en una enconada polémica con la opinión pública, los ecologistas y hasta con el alcalde, tanto por sus pretensiones destructivas sobre los espacios de huerta en La Punta como por proyectar un nuevo espigón y una extensa área para contenedores, letales para el frágil litoral de la Albufera: no creo que se salgan con la suya.

Sin tomar buena cuenta de ninguna de estas notas –potencial sin comparación más conflicto social e impacto ecológico–, la APC retoma el proyecto sin reparar en la acumulación abrumadora de locuras y necedades de las últimas décadas en esta región escandalosa, dispuesta a añadir otro fracaso que, en el caso –muy hipotético– de iniciarse, seguramente se añadiría a esa cadena de abusos hacia los caudales públicos: desaladora de Escombreras, aeropuerto de Corvera, autopista Cartagena-Vera… que son los hitos que dan 'personalidad' a esta Administración regional manirrota, irresponsable y –¡ay!– casi impune. Resulta curiosa esa atracción fatal hacia el charco y el marrón, pasmosa patología de nuestra tribu dominante.

Es de lamentar que, habiendo sido nombrada para el cargo una mujer (supongo que la primera en la historia de nuestro histórico puerto), en lugar del sentido ecónomo, realista y matizado esperable del genio femenino, nos encontremos con una proclama de tonterías propias del más abominable estilo masculino… hasta el punto de hacer pensar que doña Yolanda parece dispuesta a lograr lo que ningún presidente masculino anterior ha logrado, y esto resulta un enunciado (digamos desolador) de feminismo atroz.

Cuenta, aparentemente, en la postura de la presidenta la confianza en "resolver el problema ambiental" del proyecto, planteado desde sus meros inicios con aquella bella anécdota en la que Viudes (entonces al mando de la APC como reyezuelo poco tratable) se atrevió a denostar al camachuelo trompetero, esa rara especie ornítica que algunos ecologistas oponían como –casi– merecedora de la caída del proyecto; yo le advertí que menospreciar a tan valiosa criaturilla daba mal fario (y así se lo recordé cuando tuvo que abandonar el puesto, en condiciones más bien penosas).

Me da que la presidenta de la APC anda floja en sensibilidad ecológica, quizás rondando el cero, y que no está acostumbrada a refrenarse ante requisitos de índole ambiental: peor para ella (que no se diga que no se lo he advertido). Pero es verdad que el proyecto del Gorguel merece el rechazo más contundente no por su impacto ambiental sino por desafiar algo más previo y excluyente: su necesidad social y, con ello, su impacto financiero, la viabilidad funcional y los temores fundados –estamos en Murcia, vuelvo a subrayarlo, una tierra de insensatos en el poder y depredadores en lo público– de que se nos barrunte otro desfalco de dimensiones trágicas.

Lo que no implica que la evaluación de impacto ambiental del proyecto (EIA) haya que minusvalorarla, ni mucho menos: entre otras razones porque es decisiva, por imperativa y excluyente. Lo que sí merece comentario es que se haya anunciado que esta EIA la va a realizar el Instituto Español de Oceanografía (IEO), presumiblemente, con sus científicos del centro de Lo Pagán. 

Al IEO hay que señalarle, muy amistosamente, que incluso cuando se pide el análisis del aspecto ambiental, que es parcial (aunque es verdad que decisivo) en el conjunto de un gran proyecto, sus redactores e investigadores deben atender, antes y por encima de cualquier atención especializada, la envoltura general, renunciando a ignorar el problema en su globalidad y a desentenderse de los intereses generales de la sociedad.

Bastante tiene ya el IEO en tener que afrontar su papel en la crisis ambiental del Mar Menor (durante la cual, y por decenios, ha estado más bien ciego, mudo e incluso sordo), como para que ahora se vea envuelto en un conflictivo encargo del que puede salir más escaldado todavía. Yo, de ser el director del IEO declinaría educadamente la propuesta de realización de la EIA, por más que, si la financia la APC, suponga unos generosos caudales que alivien sus siempre magros presupuestos ordinarios.


(*) Ingeniero, politólogo, profesor y activista ambiental 


Casado, Arrimadas y la patrulla canina / Marcello *

Como en la fábula de los dos conejos que discutían sobre la raza de sus perseguidores -‘son galgos, digo,/ digo son podencos’- a estos políticos del PP y Cs, que encabezan Pablo Casado e Inés Arrimadas les va a ocurrir lo mismo que a los conejos del cuento: que sus adversarios se los comieron.

Tiempo llevan ambos hablando demasiado de pactos y coaliciones. El uno, Casado, que a fuerza de liquidar al bueno de Alfonso Alonso ha convertido a Alberto Núñez Feijóo en la alternativa moderada en el seno del PP.

Y la otra, Arrimadas, que a base de improvisar y de pelearse en público con el que es su creciente adversario, Francisco Igea, ha puesto a Cs en el País Vasco al servicio del ultraderechista Carlos Iturgaiz, a cambio de un plato de lentejas o, mejor dicho, de dos escaños en la Cámara de Vitoria.

Al final a este par de conejos -que ni siquiera llegan a liebres- se los van a zampar Sánchez, un Pit Bull implacable, o Aznar, el clásico dóberman de la derecha española.

El Aznar que ahora controla y maneja todos los hilos del PP en compañía de esa rottweiler argentina que es Cayetana Álvarez de Toledo, la que tiene -‘si es si’- tanta fiereza como ambición. Mientras que Pablo Casado parece una cocker juguetón, e Inés Arrimadas una caniche de pasarela y exhibición.

La patrulla canina de la clase política española no tiene desperdicio aunque sí parangón. Pedro Sánchez es sin duda un Pit Bull peligroso que domina con fiereza y máximo celo su territorio de poder.

Mientras que Pablo Iglesias más bien parece un zorro de larga cola infiltrado en el seno de la camada política nacional, o el gallinero español a la espera de su momento para hincar el diente que sin duda llegará.

El ministro Ábalos, su aspecto de obispo del Palmar y su gran colección de mentiras, más bien podría ser un perro pachón. Carmen Calvo un Yorkshire, o perrito de compañía y Santiago Abascal es sin duda un pastor alemán.

Así está el patio político y canino español. Y así va a seguir por ahora con el dominio absoluto por Sánchez de la situación. Mientras que su oposición como los conejos del cuento siguen discutiendo sobre galgos y podencos sin adivinar el riesgo que se cierne sobre su débil posición.


(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés


El impacto económico del virus / Primo González *

Pasan los días y la extensión del virus chino no hace más que ampliarse, alcanza a más ciudadanos, afecta a más países, erosiona las expectativas de un mayor número de negocios y sectores, desde las líneas aéreas hasta la industria hotelera, pasando por prácticamente todos los estamentos de las economías que se están viendo afectadas por casos de contagios o muertes y a otras a las que todavía no ha llegado. 

Uno de los escenarios más visibles es el de los mercados bursátiles, que en pocas semanas han registrado pérdidas multimillonarias, que se pueden estimar a estas alturas cercanas al 10% del valor de los activos afectados.

La tarea de cuantificar el impacto negativo de esta epidemia se presenta difícil, entre otras cosas porque de momento nadie se ha atrevido a establecer alguna fecha aproximada a partir de la cual se pudiera hablar de asunto bajo control. Si hace unas semanas se decía que la primavera (es decir, unos tres meses por delante) podría ser el momento en el que razonablemente estaríamos saliendo del atolladero, ahora no existen tantas garantías.

Es más, la primera compañía farmacéutica, estadounidense por más señas, que ha registrado patentes en China con ciertas expectativas de poder contribuir a la curación del mal, no muestra más que una lejana esperanza de curar a los enfermos aplicando sus fármacos más aproximados a la terapia necesaria. 

Sin ser pesimistas, lo que de momento no existe es un remedio claro contra el virus y, por lo tanto, carecemos de plazos a los que confiar las esperanzas de neutralización de este grave problema sanitario.

En estas condiciones, hacer cálculos sobre el impacto económico del virus en la economía mundial, ni siquiera en algunos países concretos, se presenta como tarea poco menos que irrealizable. Algunos analistas han tenido la osadía de afirmar que este problema no va a causar una nueva recesión económica mundial, como la que afrontó el mundo allá por el año 2008 e inmediatamente posteriores. 

En las últimas semanas, las previsiones han ido, por desgracia, a peor y ya no se oyen diagnósticos con tan poco fundamento como el que asegura que de la crisis vamos a salir económicamente un poco dañados, pero no en exceso.

Por desgracia, las previsiones, a medida que se va extendiendo geográficamente el contagio, tienden a empeorar. Reducido inicialmente a China, poco después a Irán y Corea del Sur, los casos de contagio han ido apareciendo en otras zonas del mundo por la sencilla razón de que vivimos en un Universo caracterizado por la enorme movilidad de las personas, de modo que trasladar un virus en pocas horas de un extremo a otro del Planeta, sin que existan evidencias visibles de la enfermedad, resulta bastante más sencillo de lo que podría parecer.

Una de las razones por las que la economía puede sufrir más intensamente los problemas derivados de la extensión del virus es no tanto la existencia de más o menos personas afectadas, sino la aplicación de medidas precautorias, que provocan frenos en la actividad humana y, por ello, en el flujo de la vida económica. 

Hay ya ciudades y regiones de cierta dimensión auténticamente paralizadas a pesar de que los casos de contagio resultan especialmente reducidos. Lo estamos viendo estos días en el Norte de Italia (en una ciudad tan estratégicamente importante en lo económico como es Milán) o en algunas zonas de Corea del Sur, además lógicamente de amplios regiones y de ciudades muy pobladas de China.

Pero en el resto del mundo, las medidas precautorias o simplemente el potencial riesgo de que aparezca algún hecho puntual están provocando disminuciones de la actividad que van a pasar factura al crecimiento económico, ya de por sí algo debilitado en los meses anteriores por motivaciones de diversa índole, como el Brexit. 

No sería exagerado hablar de un 1% del PIB a escala mundial como pérdida posible, aunque el factor tiempo (la duración del problemas) dictará la última palabra.


(*) Periodista y economista


Fiebre del Oro en los mercados mundiales / Guillermo Herrera *

Dije hace tiempo que la prueba del cambio económico mundial la veríamos cuando se disparara el precio del oro, a pesar de su manipulación, y el tiempo me ha dado la razón, a pesar de que algunos siguen creyendo que vivo en un mundo de fantasía o me acusan directamente de mentiroso. 

Esto no son predicciones ni especulaciones, sino noticias de actualidad, pero hay algunos que siguen diciendo que nunca pasa nada por su mente vacía.

No sólo ha reaccionado a la incertidumbre mundial el petróleo y los índices europeos y de Wall Street. También lo ha hecho el precio del oro, que este lunes ha alcanzado el nivel más alto de los últimos siete años. Los futuros del oro han subido un 1,7% y la onza troy se ha ubicado en 1.676,6 dólares, lo que representa el precio más alto desde febrero de 2013.

CAÍDA DE LAS BOLSAS

Los crecientes riesgos han provocado una fiebre del oro en los mercados de valores del mundo debido a que los inversores buscan en este metal dorado el único refugio seguro que les queda como herramienta de protección.

El índice Dow Jones registró este lunes una caída de 1.031 puntos, un 3,56%, y se situó en 27.960 unidades a las 21:00 GMT en la Bolsa de Valores de Nueva York, marcando de esta manera su peor caída desde febrero de 2018. Los otros principales índices de Wall Street también se desplomaron en medio de la incertidumbre. El S&P 500 cayó un 3,5% y el índice Nasdaq perdió hasta un 4%.

Las principales bolsas europeas también sufrieron importantes pérdidas. Además, ha impactado en el precio del petróleo, causando que el valor del crudo haya descendido un 4% y el barril de Brent registre un precio de 56 dólares.

FACTORES

Desde principios de este año, el precio del oro ha venido creciendo activamente. Las cotizaciones han superado los máximos de 2013, y han alcanzado la marca de 1.600 dólares, y siguen creciendo rápidamente, acercándose al siguiente hito importante de 1.700 dólares.

 Aunque el oro ya ha actualizado los precios máximos de varios años, los expertos todavía no ven razones mundiales para una inversión de esta tendencia, y hablan del próximo hito: los 1.800 dólares por onza.

Los expertos mencionan una serie de factores que aumentan el precio del oro. Algunos lo atribuyen a la difícil situación en Oriente Medio, otros a la ralentización de la economía mundial y otros al bichito-rey. Además, la política de estímulo de los mayores bancos centrales del mundo también juega un importante papel en el crecimiento del precio del oro.

El aumento de las medidas de estímulo por parte de los principales bancos centrales contribuyó a una disminución del nivel general de las tasas en el mercado mundial de la deuda. Desde principios de año, el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años cayó del 1,8 al 2% y del 1,4 al 1,5%, y los precios del oro aumentaron alrededor del 10% en este contexto.

COLAPSO

¿Comienza el colapso económico? Se quedaron vacíos los supermercados en Milán, mientras los clientes se apresuraban a coger la comida dejando con los estantes vacíos las tiendas de comestibles. China está encontrando difícil que vuelva a funcionar la producción en varias áreas. Varias economías importantes están luchando ahora con interrupciones en la cadena de suministro que tienen un enorme impacto económico.

El 21 de febrero el índice del dólar mostró que se había evitado una caída del mercado, se asumió que el dólar estadounidense estaba ahora respaldado por oro. Sin embargo, para el lunes 24 de febrero y después de haber sido manipulado por más de 100 años, el mercado comenzó a buscar un verdadero valor justo y se predijo que sería volátil esta semana.

Ese mismo lunes 24 de febrero, mientras que los valores del oro y la plata se dispararon, el Dow abrió más de 700 puntos en rojo, cayó rápidamente todo el día y cerró en rojo a 1.031,61, eliminando todas las ganancias del año y congelando las acciones y los mercados de futuros globales.

SEMANA CLAVE

Mark Zerfoss afirmó que se está acumulando una tormenta perfecta para que explote el reinicio financiero mundial. El sábado 22 de febrero, se ordenó a las fuentes de inteligencia del Tesoro de EE.UU. que guardaran silencio. Con la financiación de los Paquetes de Prosperidad, la entrega de paquetes comenzó el fin de semana. Se liberaron correos electrónicos con información sobre cómo fijar citas de intercambio y redención, y comenzaron a salir el domingo 23 de febrero, junto con los acuerdos de confidencialidad.

Se espera que los arrestos masivos en todo el mundo se produzcan más o menos al mismo tiempo que la liberación de los números 800, y es probable que ocurra antes de las elecciones primarias presidenciales del martes 3 de marzo. Q dijo que el primero de los arrestos masivos será una gran conmoción para todo el mundo.

El sábado 22 de febrero, el presidente Trump dejó su país para visitar el fallido centro de finanzas de la camarilla oscura en Alemania, y luego el domingo 23 de febrero voló a la India, una de las cinco naciones fundadoras originales del BRICS, que es la organización internacional que está detrás del reinicio financiero mundial.

DEFENDER EUROPA

Mientras tanto, las primeras tropas del ejército estadounidense están programadas para llegar a Hagenow Alemania el miércoles 26 de febrero. Bajo el mando del presidente Trump, se desplegarían a los centros financieros de la camarilla oscura en Bruselas, Amberes (Bélgica) y Londres. 

Ya se han entregado los vehículos de la Policía Militar, y se espera que comiencen los arrestos masivos en cooperación con las entidades legales locales y la fuerza policial internacional de la ONU, la Interpol.

El ejercicio Defender-Europa 20 es el mayor despliegue en Europa de fuerzas estadonidenses para un ejercicio militar en más de 25 años y consiste en el despliegue de una fuerza de combate a Europa del tamaño de una División y el movimiento de personal y equipo a través del teatro de operaciones a diversas áreas de entrenamiento.

El equipo con base en EE.UU. saldrá de los puertos de cuatro Estados, y llegará a seis países europeos. Esto requerirá el apoyo de decenas de miles de miembros del servicio y civiles en múltiples naciones. Los miembros del servicio estadounidense se dispersarán entonces por toda la región para establecer bases intermedias con fuerzas multinacionales.


(*) Periodista


Ningún preso político tiene por qué arrepentirse / José Antich *

En medio del aluvión mediático dominado por el primer caso de coronavirus en Barcelona y la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán que se reunirá este miércoles en la Moncloa, difícilmente queda mucho espacio para encontrar una noticia sobre el auto emitido este martes por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 5 de Catalunya y que concluye, sin ningún tipo de matiz, que los presos políticos no tienen la obligación de arrepentirse para gozar de las ventajas que permite el régimen penitenciario, como son la concesión de permisos de salida de los penados que se encuentran clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento. 

La magistrada Maria Jesús Arnau, a raíz del permiso de 72 horas solicitado por Jordi Sánchez y después de que el Ministerio Fiscal expresara su oposición al mismo, y sostuviera como razón la necesidad de un arrepentimiento previo, dispone lo siguiente: "La normativa penitenciaria no impone la obligación al condenado de arrepentirse ni que se declare culpable y que prescinda de su declaración de inocencia".

No es el único punto en que la juez propina un tirón de orejas al Ministerio Fiscal por una interpretación abusiva, tanto del Reglamento Penitenciario como de la ley General Penitenciaria y que recorta derechos. 

Es importante para la magistrada un punto que ya fue controvertido durante el juicio en el Tribunal Supremo y al que los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal ya aludieron en su escrito de acusaciones definitivas pero que la Sala presidida por el juez Manuel Marchena denegó. Es el referente a que los presos políticos cumplieran la mitad de la condena impuesta antes de disponer del primer permiso penitenciario. 

La demanda de la Fiscalía fue explícita, tanto como el silencio al respecto del Supremo, que no quiso entrar en una situación que ya preveía que se podría llegar a producir pero que entendió que quedaba fuera de su marco de atribuciones.

El auto de once páginas de Maria Jesús Arnau tiene suficientes perlas rebatiendo a la Fiscalía que debería dejar finiquitado un debate que dudo mucho que se hubiera llegado a producir en estos términos si no se tratara de un preso político; y del hecho de que detrás de Sànchez y Cuixart vendrán Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Turull y, finalmente, Oriol Junqueras, que es quien tiene la condena más alta. 

Un proceso similar tiene en marcha la Fiscalía respecto a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite realizar trabajos fuera de la prisión, acogerse a una actividad en un centro social o tener a cargo el penado una persona de edad avanzada. En estos momentos, por estos motivos ya realizan actividades fuera de la prisión durante algunas horas del día y en horario laboral Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn, Dolors Bassa y Carme Forcadell.

En una justicia claramente sesgada por razones, en muchas ocasiones políticas, es de agradecer encontrar magistradas con las que se podrá estar de acuerdo o no pero que emiten autos impecables que solo tienen en cuenta la legislación vigente y no otro tipo de interpretaciones. 

Quizás porque en el denominado juicio del procés hemos visto tantas irregularidades que hemos denunciado, es de justicia dejar constancia de lo contrario y de un texto intachable que, aunque puede ser apelado, deja las cosas meridianamente claras. Tanto a presente como a futuro.


(*) Periodista y director de El Nacional


lunes, 24 de febrero de 2020

El Gobierno reforzará el control de costes y promociones para aliviar la crisis agraria


MADRID.- El Gobierno reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados, como parte del paquete de medidas que prevé aprobar para aliviar la crisis del campo. 

Estas medidas están incluidas en un borrador del real decreto-ley, cuya aprobación está prevista para mañana, después de pasar por el Consejo de Ministros.
Una de las novedades es que se hará pública la identidad de las empresas que cometan infracciones “graves y muy graves” a la Ley de la Cadena Alimentaria con fines “disuasorios pero también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y procede que el público conozca los operadores que han sido objeto de sanción”.
Además, la nueva normativa obligará a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar “un precio igual o superior al coste de producción” del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.
No obstante, el documento precisa que se prohíbe al eslabón que realice la venta final del producto “repercutir a ninguno de los operadores anteriores” costes derivados de su política comercial en materia de precios.
Para calcular ese coste de producción -que a partir de ahora se exigirá de forma expresa que figure en los contratos- se tendrá en cuenta una serie de “factores objetivos” que, en el caso de las explotaciones agrarias, abarca el gasto en semillas, fertilizantes, combustibles, energía, maquinaria, alimentación animal o la mano de obra, entre otros.
El borrador igualmente restringe las actividades promocionales -habituales entre las cadenas de supermercados-, ya que exige que exista un acuerdo con el productor, que haya un interés mutuo y que no se induzca a error “sobre el precio e imagen de los productos” para no perjudicarlos.
“Los operadores deberán identificar su precio claramente en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento exacto del alcance de la campaña” y evitar, así, “que se desbarate la percepción sobre la cadena de valor en el sector, banalizando la actividad”, reza el documento.
El Ejecutivo detalla que estas novedades regulatorias se anticipan a la “reforma en profundidad” que se realizará de la Ley de la Cadena, para transponer la directiva europea sobre prácticas desleales en el sector.
El paquete de medidas también recoge una bonificación para aquellos empresarios que conviertan contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos, con el objetivo de facilitar una mayor estabilidad al personal empleado en el campo.
Además, aplica un cambio en la calificación fiscal de las ayudas que se dan a la incorporación de jóvenes agricultores, dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural, para que los beneficiarios no tengan que pagar el impuesto de una sola vez y puedan fraccionar el pago.
El Gobierno, asimismo, cambiará la Ley de Pesca Marítima del Estado para que la sanción a quienes vendan moluscos de talla o peso inferior a la reglamentaria -cuando la cantidad sea menor al 10 % del volumen total comercializado de dicha especie- sea calificada de “leve” y no “grave” como ahora, ya que la infracción implicaba la pérdida de todas las ayudas del Fondo Marítimo y Pesquero.
Este mismo decreto-ley consigna también medidas ya anunciadas, como reducir de 35 a 20 las peonadas exigidas en Andalucía y Extremadura, para tener acceso al subsidio agrario o la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que puedan controlar “los alojamientos y locales de descanso” de los temporeros.
El documento llegará al Consejo de Ministros después de más de cuatro semanas de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias, que protestan por la grave crisis que atraviesa el sector debido a la caída de los precios en origen, las dificultades para exportar como consecuencia de los nuevos aranceles en Estados Unidos y el aumento de sus costes de producción, entre otros.

La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria confía en la UPCT para la formación de investigadores

CARTAGENA.- La Universidad Politécnica de Cartagena ha sido seleccionada como centro receptor para la especialización de investigadores en la evaluación de riesgos alimentarios, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La UPCT destaca que la selección no resulta fácil, ya que hay un total de 15 organismos en toda Europa que lo hayan conseguido. "Tampoco obtener una beca de especialización de la EFSA (Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, European Food Safety Authority) es sencillo para los candidatos", añade.
Leonidas Georgalis, epidemiólogo especialista en enfermedades infecciosas, aportó un currículum brillante y consiguió una de las 15 plazas entre cientos de candidatos del programa EU FOR A.
Desde septiembre de 2019 trabaja con el catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la UPCT, Pablo Fernández Escámez, en los laboratorios de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica para desarrollar una metodología sistematizada que ayude al control microbiológico de organismos patógenos que puedan crecer en productos cárnicos.
Se ha especializado en estudiar el comportamiento de la listeria y la salmonela, dos de las bacterias más peligrosas para la población y que más alarma social crean entre los consumidores. El programa formativo contempla también la realización de cursos formativos en distintas instituciones europeas.
La Universidad Politécnica de Cartagena es organización colaboradora de la EFSA desde el año 2018. La cooperación con EFSA se canaliza a través de consultas públicas, de la participación de la institución académica en las convocatorias de proyectos científicos y formando parte del programa europeo de becas de evaluación de riesgos alimentarios EU-FORA.
Recientemente se celebró en Madrid una jornada organizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para la presentación de las convocatorias disponibles para las organizaciones colaboradoras de EFSA. 
Tanto el profesor Pablo Fernández Escámez como la responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de la UPCT, Chus Legaz, asistieron a esta jornada en la que se pusieron en común las principales líneas de investigación en seguridad alimentaria.