MADRID.- José Luis Rodríguez Zapatero inauguró en mayo de 2010 una larga
temporada de recortes. El Gobierno de Mariano Rajoy intensificó el
tijeretazo tras el rescate bancario y los ataques de los mercados en
verano de 2012. La era de austeridad terminó hace cosa de un lustro, con
la recuperación de la economía española, pero la inestabilidad política
provoca ahora un inesperado arreón de nuevos ajustes:
varios Ejecutivos autónomos anuncian recortes ante la asfixia
financiera provocada por la falta de presupuestos, que ha dejado un
agujero de unos 5.000 millones en las arcas autonómicas. Hacienda
advierte de que la situación empeorará a partir de noviembre y pretende
tener listo un mecanismo para buscar una salida si hay repetición de
elecciones, publica El País.
Cataluña anuncia una nueva ronda de recortes de la que solo se
librarán los salarios de los empleados públicos y los servicios básicos,
según el Ejecutivo autónomo. La Comunidad Valenciana saca la tijera en
partidas de gasto aún no comprometidas o en las que tiene dificultades
de ejecución. Habrá ajustes también en Baleares y Canarias, que
pretenden eximir el gasto social pero se ven obligadas a corregir el
déficit.
A las arcas públicas del resto de comunidades —salvo País Vasco y
Navarra, con un sistema de financiación distinto— tampoco les llega la
camisa al cuerpo: sus Gobiernos admiten que harán algo parecido si persiste el bloqueo
y Galicia señala incluso que puede verse comprometido el pago de las
nóminas a final de año. Consciente de la gravedad del problema, el
Ministerio de Hacienda advierte de que las verdaderas dificultades
llegarán “a partir de noviembre” en el capítulo de pago a los
proveedores si para entonces sigue sin haber Gobierno, según las fuentes
consultadas.
La titular de Hacienda, María José Montero, aseguró ayer en la SER
que dispone de un informe de la Abogacía del Estado para liberar —a
través de un decreto— los 5.000 millones en anticipos a cuenta en cuanto
haya Gobierno, pero explicó que eso “no puede hacerlo un Gobierno en
funciones, porque condicionaría el margen de actuación del siguiente
Ejecutivo”.
Con unos nuevos presupuestos se liberarían también 2.500
millones procedentes de un cambio en la normativa contable del IVA; pero
al estar en funciones, también ahí Hacienda está atada de pies y manos.
Esa situación puede entenderse como una forma de presión para lograr la
investidura, pero Montero rechaza esa interpretación: “No estamos
usando esto para apretar”.
Hacienda subraya que la situación se complicará hacia final de año.
El equipo de Montero se compromete a buscar un mecanismo —dentro de los
márgenes que deja la Abogacía del Estado— para dar aire a las
comunidades si los nuevos contactos para la investidura fracasan y para
entonces sigue sin haber Gobierno. Montero “forzará” todo lo que pueda
para encontrar una solución, según las fuentes consultadas.
Estas son las líneas maestras de actuación que han adoptado las comunidades autónomas para hacer frente a la situación:
Andalucía
La Junta de Andalucía niega que en los Presupuestos
de 2020 vaya a aplicar recortes en el gasto para cumplir con el déficit.
Fuentes del PP señalan que estas cuentas deben ser expansivas para afrontar las reformas estructurales
que el bipartito de PP y Ciudadanos quiere realizar en sanidad y
educación. “Los recortes no están encima de la mesa”, asegura la
Consejería de Hacienda que, no obstante, reconoce la dificultad de
elaborar unos presupuestos sin conocer el importe de las entregas a
cuenta o la liquidación del IVA tras los cambios en su recaudación por
la “inseguridad jurídica” que ello genera. El 75% del presupuesto
andaluz depende de las transferencias del Estado.
En el de 2019 la
Consejería de Hacienda contó con 21.000 millones en concepto de entregas
a cuenta y espera que en 2020 esa cantidad sea mayor. En las cuentas de
este año se incluyeron además 400 millones de IVA de los que no se sabe
nada. “Sin ellos será imposible cumplir con el objetivo del 0,1% del
déficit”, ha advertido el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo,
quien sí ha mostrado su firme compromiso por llegar a déficit cero en
2020.
Cataluña
El Gobierno catalán, por segundo ejercicio
consecutivo, ha activado antes de lo que es habitual los mecanismos de
recorte de su gasto público ante el riesgo de incumplir el objetivo de déficit.
Lo comunicó a sus departamentos hace dos semanas, apenas unos días
después de que un informe del Ministerio de Hacienda advirtiera de
“ciertos riesgos”. El ministerio hacía referencia a lo que la
Generalitat preveía ingresar del sistema de financiación, más que lo
aprobado ahora, y a un posible incumplimiento de la regla del gasto. En
la orden remitida hace una semana al conjunto de los departamentos, la
Consejería de Economía y Hacienda asumía que, tras haber activado en
abril un suplemento de crédito presupuestario de 814 millones, ahora
tenía que actuar sobre el recorte del gasto, del que solo se librarán
salarios y servicios básicos.
La Generalitat lleva años obsesionada con desprenderse del control de
Hacienda sobre sus finanzas y, para conseguirlo, se ha empeñado en
cumplir las tres reglas básicas dictadas desde el ministerio: déficit,
gasto y deuda. Es, consideran, el salvoconducto para volver a una
posible emisión de deuda y ganar soberanía financiera, siempre y cuando
las agencias de calificación dejen de considerar sus títulos crediticios
como bonos basura. Cataluña logró cumplir con las tres condiciones
financieras por primera vez el año pasado, pero está en cuestión si
podrá volver a lograrlo el actual.
Madrid
La Consejería de Economía descarta de momento incumplimientos de sus
obligaciones o “afectación a los servicios públicos” por el bloqueo
político. A través de un portavoz, sí admite que “si esta situación se
perpetuara en el tiempo y el Gobierno no diera una solución” sufrirá
“tensiones de tesorería” y “podría verse afectado el puntual pago a los
proveedores” que hoy está por debajo de los 30 días, así como “la
prestación de los servicios públicos sin comprometer las reglas
fiscales”.
Comunidad Valenciana
La Generalitat se aprieta el cinturón. Dos altos
cargos de la Consejería de Hacienda se están reuniendo con el resto de
departamentos autonómicos para reducir el gasto en lo que queda año en
todas aquellas partidas que no están aún comprometidas o que tienen
dificultades de ejecución por algún problema administrativo. Las
entregas a cuenta que han dejado de ingresar las arcas valencianas por
estar el Gobierno central en funciones alcanzan los 450 millones de
euros. “La Comunidad Valenciana no tiene un problema de gasto sino de
falta de ingresos”, ha afirmado recientemente la vicepresidenta, Mónica
Oltra. El gasto social ha seguido incrementándose por las políticas
desarrolladas, pero los ingresos han disminuido.
Galicia
La Xunta del popular Alberto Núñez Feijóo asegura
que el bloqueo de las entregas a cuenta a las autonomías por la falta de
Gobierno en España le “está provocando ya tensiones de tesorería”. Los
fondos que no recibe Galicia por esta causa se elevan a 700 millones de
euros, 530 de ellos incluidos en los presupuestos autonómicos de este
mismo año, según datos aportados por la Consejería de Hacienda. En
concreto, la Administración gallega reclama al Estado 330 millones por
las entregas a cuenta, 200 millones por la mensualidad del IVA del año
2017 y otros 170 millones del incentivo que reciben las comunidades
cumplidoras con las reglas de estabilidad financiera. La Consejería de
Hacienda evita aclarar si esta situación provocará recortes en el gasto,
pero en los últimos días ha llegado a advertir de que las deudas del
Estado "pueden condicionar" el pago de las nóminas de los funcionarios a
finales de año, una afirmación que el PSdeG-PSOE considera “alarmista”.
Baleares
El Gobierno balear ha reconocido que tendrá que aplicar "ajustes"
porque se incumplió la regla de gasto en 2018. Achaca este desajuste a
circunstancias extraordinarias, como el pago de 155 millones de euros en
sentencias judiciales por pleitos o los gastos por la riada que arrasó
el levante de Mallorca. La Consejería de Hacienda está preparando el
plan de equilibrio financiero que le ha exigido el Gobierno central,
pero todavía no hay cifras de recorte sobre la mesa. "Vamos a asumir los
retos y ajustes que tengamos que hacer", ha afirmado la socialista
Francina Armengol, quien insiste en que los cambios no afectarán a los
compromisos sociales con sus socios de Gobierno de Unidas Podemos y Més
per Mallorca.
Las dos Castillas
El Gobierno socialista de Castilla La-Mancha no garantiza que vaya a
cumplir el objetivo de déficit este año porque el Estado le debe 350.000
euros. Pese a ello no prevé recortes, aunque entiende que otras
comunidades lo hagan. La Junta de Castilla y León tampoco contempla
ajustes, ya que prorrogó los Presupuestos de 2018 y no prevé incrementos
de gasto: "Tenemos las cuentas cuadradas".
Extremadura
La Junta de Extremadura ya ha advertido de que no cumplirá este año
con el objetivo del déficit, aunque el Gobierno socialista añade que no
recortará el gasto en servicios sociales. El Ejecutivo autonómico achaca
la desviación a la falta de actualización por parte del Gobierno de
España de las entregas a cuenta, el pago de un tramo del IVA y la merma
de ingresos al no aprobarse los Presupuestos Generales. Extremadura es
la comunidad más perjudicada por la falta de concreción sobre cómo se
compensa la reforma que se llevó a cabo en el sistema de pago del IVA,
según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(Airef), que cifra la merma en 75 millones.
La Rioja
El Gobierno riojano en funciones no tiene previsto
realizar ningún recorte porque, según el último informe de la Airef,
"sería factible que cumpliese los objetivos de estabilidad" si el
Gobierno central abona a esta comunidad la liquidación del IVA de 2017.
El Estado debe a La Rioja 100 millones, 22,49 millones de la liquidación
del IVA del año 2017 y 89,8 de la actualización de las entregas a
cuenta.
Aragón
En Aragón, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez, estima que se
tendrá que abordar un déficit de al menos 400 millones de euros,
“fundamentalmente por el hecho de que el Gobierno de España no tiene
presupuesto”. El consejero tiene previsto reunirse con los técnicos de
cada área para abordar las medidas que sean necesarias para garantizar
la sostenibilidad de las cuentas públicas con el objetivo de poner el
pie los presupuestos de 2020.
Cantabria
En Cantabria se ha creado un grupo de trabajo para
el estudio y seguimiento de la ejecución presupuestaria, según indica
Rafael Pini, director de Gabinete de la Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Cantabria. Aunque aún no se han tomado medidas
que supongan recortes, el director avisa de que están“vigilantes”
porque, de persistir el bloqueo, podrían verse “en la obligación” de
hacerlo.
Murcia, Asturias y Canarias
El Gobierno murciano no prevé, de momento, ajustes;
Asturias evita pronunciarse al respecto. Pero los recortes ya han
empezado en Canarias: el Ejecutivo autonómico ha decidido establecer una
primera reducción de 140 millones del gasto de 2019 pare evitar un
incumplimiento de las metas fiscales.
La Abogacía del Estado limita el margen del Gobierno en funciones
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, elevó hace unos meses a
la Abogacía del Estado una consulta para liberar los anticipos a cuenta
del sistema de financiación —en torno a 5.000 millones— sin necesidad
de tener aprobados los nuevos presupuestos. Tras un tira y afloja, la
respuesta fue afirmativa.
Pero la convocatoria electoral, con la entrada
del Gobierno en funciones, deja en suspenso esa posibilidad: el
dictamen impide a Hacienda dar ese paso mientras esté en funciones.
“Sería como dar un salto mortal con tirabuzón”, esgrimió ayer la
ministra en la cadena SER. “Esa actuación restaría margen de actuación
al nuevo Gobierno”, abundan las fuentes consultadas en el Ejecutivo.
Hacienda subraya que sin Gobierno no puede haber presupuestos ni es
factible suavizar los objetivos de déficit de las autonomías, con varias
comunidades en serio riesgo de incumplimiento, según los informes de la
autoridad fiscal independiente (Airef).
El ministerio entiende las
peticiones de los Ejecutivos autónomos, cada vez más presionados por el
déficit: a finales de julio, Hacienda y Sanidad enviaron una carta a 11
comunidades en la que pedían un plan de ajuste del gasto sanitario.
Son
aquellas que han superado el límite de endeudamiento acordado en los
presupuestos de Rajoy de 2018: los mayores problemas se concentran en
Baleares —con una deuda del 7,1% del PIB, que triplica lo permitido, y
Cataluña (7% del PIB); las únicas que cumplen son Extremadura, Castilla y
León y País Vasco.
La financiación autonómica y el lío con los anticipos a cuenta (unos
5.000 millones) y la contabilidad del IVA (2.500 millones) forman ya
parte de la negociación política entre Gobierno y comunidades. Hace unos
días el presidente en funciones, Pedro Sánchez, prometió en Valencia
que propondrá un nuevo modelo de financiación en el primer año de
legislatura si consigue ser investido.
Y prometió también a Compromís
que el primer decreto del nuevo Gobierno consistirá en liberar los
anticipos a cuenta. Abrir el melón de la financiación es cualquier cosa
menos fácil: Rajoy evitó la reforma del sistema en 2014 por la crisis y
la inestabilidad política ha impedido un cambio que los barones
autonómicos reclaman cada vez con más fuerza. La falta de presupuestos
es otro cuello de botella.
Por un lado, las autonomías no han recibido
las previsiones de financiación para elaborar sus propios presupuestos
para 2020; por otro, dejan de ingresar en torno a 2.500 millones por el
sistema contable instaurado por Cristóbal Montoro.
Las quejas se dejan
sentir a izquierda y derecha: a las críticas de Alberto Núñez Feijóo
(PP) se suman las de líderes autonómicos del PSOE, como Ximo Puig
(Comunidad Valenciana) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), que
urgen a activar el nuevo modelo “para no abocar a las autonomías a
recortar el Estado de bienestar”.
