MADRID.- Los escándalos se acumulan en la trastienda
de la industria de la carne en España sin que desde el poder político se
ofrezca una respuesta contundente para atajar problemas como el
maltrato animal en las granjas, la contribución de la ganadería a las
emisiones de gases de efecto invernadero o la explotación laboral de sus
empleados, se afirma en Público.
Ante esta situación, animalistas, ecologistas y –en algunos
puntos– asociaciones de pequeños ganaderos coinciden en señalar una
falta de voluntad política para legislar contra los planes de las
grandes corporaciones cárnicas, circunstancia que achacan a la enorme
capacidad de la industria para influir de manera directa o indirecta en
los representantes públicos.
"El lobby de la industria de la carne es muy poderoso y está muy bien relacionado con el poder político y económico", relata Javier Moreno, director de Igualdad Animal, ONG nacida en España pero con presencia en ocho países.
"Uno de los ejemplos más claros de cómo
funciona este lobby en España lo vimos con su
modus operandi para
contrarrestar
el informe sobre el cáncer de la OMS",
recuerda. En aquella ocasión, las principales agrupaciones del sector
en España (
Interporc, Provacuno, Asici e
Interovic) contrataron a la
agencia de comunicación
Sprim para enviar a supuestos expertos
científicos a los medios de comunicación con el objetivo de
contrarrestar el informe
y defender los intereses de la industria frente a los de los
consumidores.
"Es un escándalo que en otros países de Europa hubiera
abierto telediarios y ocasionado dimisiones en cadena", opina Moreno.
Del mismo modo, este activista considera "muy
llamativo" que denuncias "tan graves" como las de la reciente emisión
del programa Salvados, en las que se mostraron imágenes de una granja
proveedora de El Pozo llena de cerdos con úlceras y malformaciones, no
hayan provocado un mayor terremoto político. "Las administraciones y la
industria están mirando a otro lado sin asumir ninguna responsabilidad",
concluye.
Respaldo gubernamental garantizado
De hecho, no solo es que la administración
haya mirado hacia otro lado, sino que la mayor autoridad política en la
materia, Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, intervino este martes en el debate público para defender a la industria.
Tras
recibir una carta en la que el sector porcino
pedía ayuda para lavar su imagen,
la ministra afirmó en
Los Desayunos de TVE que el sector es
"tremendamente profesional" y que cumple "con las mayores garantías de
bienestar animal". Concretamente, la carta, remitida por
Interporc,
pedía a Tejerina el "respaldo institucional del que siempre gozamos por
parte de su Ministerio".
"Lo que esto muestra es que el sector siempre
ha tenido el apoyo por parte del Ministerio para seguir sus procesos y
su evolución tal como hicieron hasta el momento", señala Luis Ferreirim, encargado del área de agroecología en Greenpeace España.
Este activista destaca que, pese a que el Gobierno se encuentra
desarrollando un plan de lucha contra el cambio climático, no parece
mostrar voluntad de incluir en sus planes medidas que limiten los
efectos nocivos derivados de algunas prácticas ganaderas.
"A nivel
mundial, el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero
derivan de la ganadería y sus actividades asociadas, como los cultivos
intensivos para proveer de pienso a esos animales, lo que afecta incluso
a la deforestación de la Amazonia", porque "la industria de porcino en
Europa –y en particular en España– no sería posible sin la importación
de insumos baratos como la soja transgénica que se trae de países como
Argentina", recuerda Ferrerim.
Sin embargo, los planes del Gobierno no
pasan por poner coto a la ganadería masiva, sino por permitir su avance
en detrimento de los pequeños productores, con la proliferación de las
conocidas como "macrogranjas".
"Estamos viendo como disminuye el número
de explotaciones ganaderas en España, pero está aumentando de forma
exponencial el tamaño de esas explotaciones", relata el activista de
Greenpeace, que considera "fundamental" legislar para poner
restricciones a este tipo de centros, que crecen "como setas", sobre
todo en el caso de la producción porcina, en la que España es cuarta a
nivel mundial.
Para poner en situación al lector sobre
magnitud de estos centros, Ferrerim destaca como caso paradigmático el
proyecto que actualmente existe para crear una macrogranja de 20.000 vacas en Noviercas, un pueblo de Soria de menos de 200 habitantes.
La construcción de este centro, que cuenta con el rechazo de buena
parte de la población local, de los pequeños ganaderos y de los
ecologistas, supondría la creación de la granja más grande de vacuno de
Europa y la quinta del mundo, según los datos de Greenpeace.
"No vemos
por parte del Gobierno y las administraciones competentes una intención
de cerrar este tipo de proyectos cuando, por razones de lucha contra el
cambio climático y de bienestar animal, deberían cerrarse", subraya el
activista.
En un sentido similar, aunque desde una óptica distinta, se expresa Román Santalla, secretario de ganadería de la Unión de Pequeños agricultores y Ganaderos (UCO).
"Estamos radicalmente en contra de las macrogranjas que defiende e
impulsa este Gobierno del Partido Popular, que con sus políticas
defenestra a las pequeñas explotaciones familiares".
El representante de
los pequeños ganaderos acusa al Gobierno de solo pensar "en el mercado"
al colocar la producción masiva de las grandes empresas por delante de
la producción a menor escala, donde resulta más fácil "garantizar la
cantidad de vida de los animales" y "la calidad del producto".
Además de eso, Santalla subraya que la
pequeña ganadería lleva aparejada el cuidado de praderas, bosques y
tierras agrícolas. Por consiguiente –prosigue–, su trabajo también es
compatible con el respeto al medioambiente y la lucha contra el cambio
climático, lo que, a su modo de ver, no es valorado desde las
instituciones.
"Siendo la mayoría inmensa de las explotaciones, los
pequeños ganaderos estamos en una situación de inferioridad frente a los
grandes grupos económicos y las macrogranjas", resume.
"Los anuncios de 'Campofrío' esconden sufrimiento y muerte"
Para Silvia Barquero, presidenta del
partido animalista PACMA, más allá de que se puedan trazar o no lazos
que demuestren a las claras los esfuerzos de las grandes empresas
cárnicas por presionar al poder político, resulta evidente que ésta es
una industria con "interés" y "capacidad" para influir en las políticas
públicas, aunque sea de manera indirecta.
"Hay un lobby muy potente con
unos beneficios muy grandes, y por tanto con interés en influir en el
ámbito político para que haya las mínimas investigaciones o
supervisiones en las granjas", relata.
En su opinión, uno de los mayores ejemplos
de que el poder político no se atreve a promover acciones que puedan
reducir el margen de beneficios de la industria de la carne es el hecho
de que el Gobierno de España desoiga a organismos internacionales que
instan a los países a introducir cambios en la dieta de sus habitantes,
como hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO, según sus siglas en inglés).
"La ONU ha instado a todos los Estados a
desarrollar guías alimentarias para sustituir paulatinamente las
proteínas de origen animal por otras de origen vegetal, todo esto en
referencia a la clara relación entre la producción de carne y el cambio
climático", recuerda. Sin embargo, estas recomendaciones fueron desoídas
por un Gobierno que, en palabras de Barquero, no sólo ignora las
recomendaciones de las organizaciones internacionales, sino que "cuando
hay una denuncia por situaciones de maltrato en granjas industriales
sale a arropar a las corporaciones".
La consecuencia de todo esto,
resume la presidenta de PACMA, es que España se sitúa "a la cola de
Europa en materia de protección animal".
Finalmente, Barquero destaca una cuestión
que suele pasar desapercibida pero, a su modo de ver, ofrece la
posibilidad calibrar el poder de la industria cárnica: la constante presencia de anuncios de empresas punteras del sector, Campofrío o El Pozo, en espacios televisivos.
"En los últimos años hemos visto que el anuncio de Campofrío se ha
convertido en uno de los más importantes por Navidad, reuniendo a las
principales caras visibles del país", asevera antes de recalcar que, en
su opinión, estos espacios comerciales pretenden "vender la carne como
algo emocional" para generar simpatía "intentando ocultar que detrás de la industria hay maltrato, sufrimiento y muerte".
