El libro de Antonio J. Ruiz Munuera Ojo de pez ha aparecido muy
oportunamente llamando la atención, cuando la actualidad nos lo evoca,
sobre la sucia serie de las conspiraciones en una región que dicen
agraria, en la que sin embargo la contaminación industrial causa
estragos desde los años de 1950/60.
En Ojo de pez (Editorial
Juventud, Barcelona, 2017), un lorquino afincado en Molina de Segura se
deja llevar por un activo amor al mar, que funda en el atractivo de sus
profundidades, prodigalidad y leyenda para fijar su ira en el desastre
de Portmán y el episodio histórico del cese de vertidos mineros, así
como en una florida envoltura (que novela alejándose muy poco de la
realidad) de abusos y complicidades.
Aludiendo al elemento criminal
de la obra hice observar al autor y al público que atento nos escuchaba
en Lorca que, si bien en el pestilente relato de Portmán no aparecen
víctimas asesinadas, al igual que en Cartagena y Escombreras están por
dilucidarse los crímenes a la salud perpetrados durante décadas de
contaminación inclemente, aunque blanqueada por un eficaz círculo de
protectores.
Y recordé, por si alentaba en Ruiz Munuera sucesivas inspiraciones literarias, que de todas formas esta tierra conoce algunos asesinatos, ciertamente novelescos, relacionados con las inversiones costeras, como el doble homicidio de directivos del camping naturista del Portús (1987) o el asesinato del empresario belga Chromme, promotor en Pulpí pero residente en Águilas y ultimado en su pretencioso yate (1998).
Después de décadas Portmán, y por extensión la minería de Cartagena-La Unión, sigue siendo un potente símbolo del abuso empresarial hacia los ciudadanos: su salud, su convivencia, su paisaje, su futuro. Las responsabilidades persisten, y hay que seguir exigiéndolas pese a las maniobras de la empresa implicada para evadirse de sus responsabilidades con la fuga y venta de activos; o a la ´solución en marcha´, una descriptible chapuza a cargo de los poderes públicos (tan largamente consentidores ante el capital como usureros en la restauración del daño colectivo), con la que a modo de corolario se prevé dar carpetazo.
Recuerdo cuando, en 1977, el flamante senador por Murcia Ricardo de la Cierva puso el grito en el cielo cuando lo llevaron a la bahía de Portmán y contempló el espectáculo, amenazando con destapar la conspiración que permitía, desde hacía años, el crimen diario. Fue suficiente que alguno de sus correligionarios le advirtiera que esa conspiración (al menos de silencio) estaba compartida por gentes de su cuerda ideológica y su linaje franquista, como el gobernador civil Federico Gallo o el periódico del Movimiento, Línea, en los que se apoyaba, para que enmudeciera y se olvidara del tema.
Pero los daños humanos, ambientales y sociales de Portmán y la minería persisten, y ahora se ponen de relieve en la contaminación residual por metales pesados, concretamente en el área, mártir, de Llano del Beal. Así ha sido puesto de relieve por un ingeniero investigador, según todas las apariencias riguroso y leal (y por lo tanto, merecedor de apoyo), sobre el que se han abatido las iras de los que desempeñan la función, o la vocación, de consentidores.
Y tengo que lamentar que sea la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) el foco desde el que se le han lanzado los ataques más imprudentes, si no infames. Mi recomendación hacia la UPCT es que controle más (mucho más) sus relaciones de colaboración con el mundo empresarial, en especial el contaminador cartagenero, y que no prime la financiación de proyectos sobre sus obligaciones públicas, mirando con lupa los proyectos de financiación externa y tratando de evitar así que se vea incursa en episodios de indecencia socio-académica. Me preocupa la actitud del ´todo vale´ en materia de acuerdos o convenios externos de la UPCT con partenaires poco recomendables o de objetivos discutibles, en los que tampoco es excusa o pretexto el interés de los alumnos.
La realidad es que la contaminación del Campo de Cartagena se ha ido ampliando y haciendo más y más ladina e insidiosa. Es el momento de recordar las seguridades que han dado siempre los dirigentes y técnicos de la planta de General Electric (hoy Sabic) sobre sus sublimes medidas anticontaminantes para concluir en que mentían (como la experiencia advertía y el tiempo confirma).
Porque hay que prestar la máxima atención al reciente artículo-informe de esos médicos de La Arrixaca sobre la alta tasa de cánceres infantiles en el entorno de tres focos industriales: el de La Aljorra (Sabic, en primer lugar), el de Lorca (la cementera, hoy clausurada) y el del Cabezo Beaza (plantas de tratamiento de residuos tóxicos). Como se acostumbra en trabajos de esta índole, por exigencias de la cientificidad (¡oh!), sus autores no pretenden declarar que la relación entre emisiones industriales y cáncer sea directa, es decir, causal (permitiendo la imputación penal, para entendernos) pero los estudios epidemiológicos son instrumentos de evidencia, al menos estadística y eso va a misa (porque el cáncer infantil no debe perdonarse).
Que todo esto suceda durante años y debido a la actividad de industrias antiguas y modernas señala ante todo al silencio de quienes conocen esos hechos y tienen como obligación cuidar del interés general, pero se callan; sobre todo políticos y funcionarios pero también técnicos encargados de medir y vigilar la contaminación, a los que ni el miedo ante las empresas culpables ni la obediencia debida eximen de responsabilidad social.
Unos y otros contribuyen a dar consistencia en el tiempo al tejido conspirativo, es decir, la trama de complicidades (intereses expresos, silencios preventivos) que, en el caso de Portmán, constituye caso de libro. Por eso reitero a la UPCT que se desligue de la tradición conspirativa (en la que siempre ha habido algún ´prestigioso´ ingeniero profesor que ha caucionado a la empresa y sus desmanes, como este cronista sabe porque lo ha vivido) y afine su papel en este tenebroso asunto de la contaminación, que deberá ser activo y beligerante, nunca cómplice.
Y recordé, por si alentaba en Ruiz Munuera sucesivas inspiraciones literarias, que de todas formas esta tierra conoce algunos asesinatos, ciertamente novelescos, relacionados con las inversiones costeras, como el doble homicidio de directivos del camping naturista del Portús (1987) o el asesinato del empresario belga Chromme, promotor en Pulpí pero residente en Águilas y ultimado en su pretencioso yate (1998).
Después de décadas Portmán, y por extensión la minería de Cartagena-La Unión, sigue siendo un potente símbolo del abuso empresarial hacia los ciudadanos: su salud, su convivencia, su paisaje, su futuro. Las responsabilidades persisten, y hay que seguir exigiéndolas pese a las maniobras de la empresa implicada para evadirse de sus responsabilidades con la fuga y venta de activos; o a la ´solución en marcha´, una descriptible chapuza a cargo de los poderes públicos (tan largamente consentidores ante el capital como usureros en la restauración del daño colectivo), con la que a modo de corolario se prevé dar carpetazo.
Recuerdo cuando, en 1977, el flamante senador por Murcia Ricardo de la Cierva puso el grito en el cielo cuando lo llevaron a la bahía de Portmán y contempló el espectáculo, amenazando con destapar la conspiración que permitía, desde hacía años, el crimen diario. Fue suficiente que alguno de sus correligionarios le advirtiera que esa conspiración (al menos de silencio) estaba compartida por gentes de su cuerda ideológica y su linaje franquista, como el gobernador civil Federico Gallo o el periódico del Movimiento, Línea, en los que se apoyaba, para que enmudeciera y se olvidara del tema.
Pero los daños humanos, ambientales y sociales de Portmán y la minería persisten, y ahora se ponen de relieve en la contaminación residual por metales pesados, concretamente en el área, mártir, de Llano del Beal. Así ha sido puesto de relieve por un ingeniero investigador, según todas las apariencias riguroso y leal (y por lo tanto, merecedor de apoyo), sobre el que se han abatido las iras de los que desempeñan la función, o la vocación, de consentidores.
Y tengo que lamentar que sea la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) el foco desde el que se le han lanzado los ataques más imprudentes, si no infames. Mi recomendación hacia la UPCT es que controle más (mucho más) sus relaciones de colaboración con el mundo empresarial, en especial el contaminador cartagenero, y que no prime la financiación de proyectos sobre sus obligaciones públicas, mirando con lupa los proyectos de financiación externa y tratando de evitar así que se vea incursa en episodios de indecencia socio-académica. Me preocupa la actitud del ´todo vale´ en materia de acuerdos o convenios externos de la UPCT con partenaires poco recomendables o de objetivos discutibles, en los que tampoco es excusa o pretexto el interés de los alumnos.
La realidad es que la contaminación del Campo de Cartagena se ha ido ampliando y haciendo más y más ladina e insidiosa. Es el momento de recordar las seguridades que han dado siempre los dirigentes y técnicos de la planta de General Electric (hoy Sabic) sobre sus sublimes medidas anticontaminantes para concluir en que mentían (como la experiencia advertía y el tiempo confirma).
Porque hay que prestar la máxima atención al reciente artículo-informe de esos médicos de La Arrixaca sobre la alta tasa de cánceres infantiles en el entorno de tres focos industriales: el de La Aljorra (Sabic, en primer lugar), el de Lorca (la cementera, hoy clausurada) y el del Cabezo Beaza (plantas de tratamiento de residuos tóxicos). Como se acostumbra en trabajos de esta índole, por exigencias de la cientificidad (¡oh!), sus autores no pretenden declarar que la relación entre emisiones industriales y cáncer sea directa, es decir, causal (permitiendo la imputación penal, para entendernos) pero los estudios epidemiológicos son instrumentos de evidencia, al menos estadística y eso va a misa (porque el cáncer infantil no debe perdonarse).
Que todo esto suceda durante años y debido a la actividad de industrias antiguas y modernas señala ante todo al silencio de quienes conocen esos hechos y tienen como obligación cuidar del interés general, pero se callan; sobre todo políticos y funcionarios pero también técnicos encargados de medir y vigilar la contaminación, a los que ni el miedo ante las empresas culpables ni la obediencia debida eximen de responsabilidad social.
Unos y otros contribuyen a dar consistencia en el tiempo al tejido conspirativo, es decir, la trama de complicidades (intereses expresos, silencios preventivos) que, en el caso de Portmán, constituye caso de libro. Por eso reitero a la UPCT que se desligue de la tradición conspirativa (en la que siempre ha habido algún ´prestigioso´ ingeniero profesor que ha caucionado a la empresa y sus desmanes, como este cronista sabe porque lo ha vivido) y afine su papel en este tenebroso asunto de la contaminación, que deberá ser activo y beligerante, nunca cómplice.
(*) Jubilado. Premio Nacional de Medio Ambiente (1998)
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/05/23/ojo-pez-asfixiado-testigo-conspiraciones/831469.html
